• Boletines

    Si no evitamos que niñas y niños sea separados de sus madres y padres, seremos un país sin dignidad

     

     

    • Lo que hacen contra niñas y niños en EU es tortura de acuerdo a la Convención en la materia
    • Se requieren medidas drásticas como retirar el Embajador de México en EU
    • Solicitar convocatoria urgente de la Asamblea de la OEA

    Para la senadora Angélica de la Peña la separación de niñas y niños de sus madres y padres, para luego ser colocados en jaulas, como parte de la política migratoria del Presidente norteamericano Donald Trump, es un acto de tortura que ha trastocado de manera irremediable la vida de estos pequeños.

    La legisladora del PRD señaló que el llanto de esas niñas y niños al ser arrancados de los brazos de sus madres y padres, sin importar que sean mexicanos u originarios de algún país hermano latinoamericano, debe indignar y debe mover a emprender todas las acciones al alcance del Estado mexicano para detener esta atrocidad, “aunque ello implique confrontarnos con el Presidente de la nación más poderosa del mundo, si no lo hacemos, seremos un país sin dignidad”, añadió.

    Apuntó que el gobierno de México debe presionar a nivel internacional y por supuesto tomar decisiones mucho más firmes y contundentes que la sola determinación de poner en movilización a sus 50 consulados y presentar ante la OEA un recurso de queja.

    “El Presidente Peña Nieto debe llevar este tema ante la Organización de Estados Americanos, solicitar se convoque a la Asamblea de manera urgente. No es posible que un país integrante de la OEA actúe de esta manera, y aunque no formara parte, el organismo puede y debe pronunciarse sobre una clara y grave violación de los derechos humanos en el continente”, agregó de la Peña Gómez.

    Indicó que la situación de de niñas y niños en la frontera sur de los Estados Unidos es indignante y obliga a México a reafirmar su compromiso con los derechos humanos,  con la Convención de Derechos de la Niñez, con el Tratado Internacional de los Derechos Humanos y contra la tortura.

    La senadora del PRD concidió con las declaraciones del jurista Diego Valadés, en el sentido de que la actitud y las acciones del gobierno norteamericano no dejan otra ruta para México que tomar una decisión drástica y retirar a su Embajador de Estados Unidos

    Añadió que, además, deben ser atendidas todas las propuestas que han hecho las Comisiones de Derechos Humanos de México, de Honduras, de El Salvador y de Guatemala, que se reunieron en días pasados –mucho antes de que Videgaray diera una respuesta- y exigieron a sus respectivos gobiernos tomar determinaciones realmente contundentes para detener la tragedia que están sobreviviendo niñas y niños.

    En un tema relacionado, la senadora Angélica de la Peña presentó una iniciativa para reformar el artículo 111 de la Ley de Migración, con el objeto de insistir en la necesidad de acotar el plazo al que debe sujetarse el procedimiento administrativo migratorio, en aras de establecer un periodo de alojamiento congruente con nuestro texto constitucional y con diversos instrumentos internacionales vinculantes para el Estado mexicano.

    De igual forma, busca derogar el supuesto que castiga con una privación de la libertad más larga a aquellos extranjeros que interpongan un recurso administrativo o judicial en el que reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria · en territorio nacional; que hayan interpuesto un juicio de amparo o que exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país.

    Además de dotar de una mayor certidumbre jurídica a los actos de la autoridad migratoria mexicana, será un paso más en el proceso de descriminalización de la migración indocumentada.

    “Mientras sigamos dando un trato vejatorio a quienes aún privamos de la libertad por el simple hecho de haber ingresado a nuestro territorio sin autorización, México seguirá siendo visto como un país incapaz de garantizar la seguridad y la integridad de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, y sin la autoridad moral para exigir a otros gobiernos respeto de los derechos humanos de nuestros connancionales”, finalizó la senadora Angélica de la Peña.

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  • Iniciativas

    Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111 de la Ley de Migración

    SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO

    1. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
      H. COMISIÓN PERMANENTE
      PRESENTE

    La suscrita, Senadora de la República e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 Fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que respecta al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente

    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

    La crisis humanitaria que está teniendo lugar en los Estados Unidos de América, a consecuencia de la aplicación de una política migratoria de tolerancia cero que está privando de su libertad y separando a niñas y niños de sus padres y/o madres, obliga a nuestro país a realizarse algunas preguntas y a seguir insistiendo en el perfeccionamiento de nuestra propia legislación migratoria.

    Lo que hemos visto en las últimas semanas en los Estados Unidos tiene su antecedente más relevante en el año 2014, durante la administración de Barack Obama, cuando el número de menores migrantes no acompañados que buscó ingresar a Estados Unidos aumentó en 92 por ciento en relación con 2013.

    Desde aquel entonces estaba claro que era necesario hacer algo para atender de manera urgente lo que el día de hoy, ante el arribo al poder de un hombre de profundas limitaciones, ha terminado por explotarnos en las manos.

    En nuestro país, afortunadamente contamos con una legislación migratoria que refleja el compromiso del Estado mexicano con los derechos humanos de las y los migrantes, y particularmente con el interés superior de niñas y niños migrantes.

    Lamentablemente, el gobierno federal y, de manera específica, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, no han estado a la altura de los retos y no han entendido la importancia de garantizar la vigencia de cada uno de los preceptos de una legislación que está diseñada para proteger y garantizar derechos.

    De conformidad con lo establecido en el último Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, relativo a la Situación de los Derechos Humanos en las Estaciones Migratorias y Lugares Habilitados por el Instituto Nacional de Migración (INM)1, el Estado mexicano ha tolerado la violación flagrante, permanente y sistemática de los derechos humanos de los extranjeros que, en el marco del procedimiento administrativo migratorio, son privados de su libertad y “alojados” en la estaciones migratorias y en otros lugares habilitados para los mismos efectos por el Instituto Nacional de Migración.

    La marginación, la discriminación, la extorsión, la tortura, los malos tratos y una lista creciente de conductas que atentan y vulneran la dignidad y la integridad de personas -cuya única falta ha sido ingresar sin documentos a nuestro territorio-, constituyen elementos que dan forma a una realidad cotidiana inaceptable para cualquier democracia y letal para la vigencia del estado de derecho.

    De esta manera, a pesar de que existen algunos programas para mejorar las condiciones de las estaciones migratorias, la mayoría de ellas continúan careciendo de elementos mínimos de dignidad para el adecuado alojamiento diario de los migrantes que ahí permanecen asegurados, lo que deriva en una constante y permanente violación a los derechos humanos de este sector.

    Aunado a ello, existe en estos establecimientos administrativos, una concepción netamente carcelaria: celdas, rejas metálicas, aldabas, candados y bases de cemento que se usan como camas; todas ellas características que corresponden más a un reclusorio2, que a un alojamiento temporal.

    Y lo anterior se agrava si tomamos en cuenta que los periodos de aseguramiento de personas que han ingresado a nuestro territorio sin autorización, por mandato de ley, puede prolongarse durante semanas o meses.

    Al respecto, el Observatorio de la Frontera Sur y Sin Fronteras (IAP), sostienen que las garantías jurídicas de los extranjeros alojados en estaciones migratorias son menores a las de las personas que han sido sentenciadas por la comisión de delitos y cumplen condenas en las cárceles de México. Y más grave aún, es el hecho de que esta situación no distingue edades ni géneros, por lo que las niñas, los niños y las mujeres resultan particularmente afectados.

    Tan sólo durante el periodo que abarca el informe de la CNDH, en México se detuvieron y alojaron en estaciones migratorias y en lugares habitados como tales, a 85 mil 100 personas extranjeras; 69 mil 340 hombres; 9 mil 928 mujeres mayores de edad; y 5 mil 832 menores de 18 años (4379 hombres y 1453 mujeres).

    En relación con las cifras, los últimos años representan un aumento en el número total de personas extranjeras alojadas de 34.9 % y un incremento de 50.4 % en el número de menores de 18 años privados de su libertad en estaciones migratorias o en lugares habilitados para los mismos fines.

    De los 85 mil 100 expedientes correspondientes a personas extranjeras alojadas en estaciones migratorias o lugares afines, el 50 % se radica en una sola entidad federativa: Chiapas. El porcentaje restante se concentró en cuatro entidades federativas más: Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Distrito Federal.

    En el mismo sentido, de acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Migración, en México existen 32 estaciones migratorias, con una capacidad de alojamiento para 3,671 personas; y 26 estancias provisionales, con capacidad de alojamiento para 753 personas.

    Por lo tanto, si dividimos a las 85 mil 100 personas que fueron “alojadas” en una estancia migratoria durante este mismo periodo, entre la capacidad instalada reportada por el Instituto Nacional de Migración, el resultado sería de alrededor de 7 mil personas internadas por mes (el doble de la capacidad instalada).

    Como se puede apreciar, el número de personas extranjeras a las que anualmente el Estado mexicano priva de su libertad y somete a circunstancias degradantes por el simple hecho de haber ingresado de manera irregular o no documentada a nuestro territorio, se ha convertido en una situación de violación grave y sistemática a los derechos humanos.

    Y por si esto no fuera poco, al hacinamiento, a la discriminación, a la extorsión y a la insuficiencia de servicios y condiciones dignas elementales, se suma la imposición de una sanción privativa de la libertad que va de los 15 hasta los 60 días hábiles.

    En efecto, el artículo 111 de la Ley de Migración vigente, cuya publicación en el Diario Oficial de la Federación data del 25 de mayo de 2011, establece lo siguiente:

    Artículo 111. El Instituto resolverá la situación regular de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación.

    El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los 15 días hábiles a que se refiere el párrafo anterior cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos:

    1. Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje;
    2. Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje;

    III. Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final;

    1. Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado, y,

     

    1. Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país.

    En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias no podrá exceder de 60 días hábiles.

    Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero.

    Lo anterior, no sólo es contraproducente en términos de la situación y de las condiciones ya relatadas, sino que constituye una violación flagrante al texto constitucional y a diversos compromisos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano.

    El primer párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala con claridad que:

    Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.

    El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su parte, estipula lo siguiente:

    Artículo 19.Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

    El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

    Resulta evidente que el plazo establecido por la Ley de Migración para mantener a una persona extranjera alojada y privada de su libertad en una estación migratoria carece de sustento constitucional y resulta absolutamente desproporcionada. Una persona sujeta a proceso penal por la comisión de un delito, puede permanecer detenida hasta 72 horas, a menos de que un periodo mayor se justifique con un auto de vinculación a proceso.

    Mientras tanto, las personas extranjeras que han ingresado sin permiso a territorio nacional o que no tienen forma de acreditar su situación migratoria, además de estar alojadas en condiciones peores a las de quienes han cometido un delito, pueden pasar privadas de su libertad de 360 a 1440 horas.

    En este contexto, la presente iniciativa tiene como objeto insistir en la necesidad de acotar el plazo al que debe sujetarse el procedimiento administrativo migratorio, en aras de establecer un periodo de alojamiento congruente con nuestro texto constitucional y con diversos instrumentos internacionales vinculantes para el Estado mexicano.

    De igual forma, busca derogar el supuesto que castiga con una privación de la libertad más larga a aquellos extranjeros que interpongan un recurso administrativo o judicial en el que reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; que hayan interpuesto un juicio de amparo o que exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país.

    Lo anterior, además de dotar de una mayor certidumbre jurídica a los actos de la autoridad migratoria mexicana, será un paso más en el proceso de descriminalización de la migración indocumentada.

    Un proceso que ha tenido como punto de quiebre la afortunada expedición de la Ley de Migración vigente y la derogación de la disposición de la Ley General de Población que consideraba a la inmigración indocumentada como un delito y que concebía a los inmigrantes sin papeles como delincuentes.

     

    No obstante lo anterior, mientras sigamos dando un trato vejatorio a quienes aún privamos de la libertad por el simple hecho de haber ingresado a nuestro territorio sin autorización, México seguirá siendo visto como un país incapaz de garantizar la seguridad y la integridad de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. Por ello, resulta indispensable reformar el texto del artículo 111 de la Ley de Migración en los términos aquí propuestos.

    El Estado mexicano debe revisar y perfeccionar el procedimiento administrativo migratorio, a efecto de estar en condiciones de determinar la situación migratoria de una persona extranjera que se encuentra privada de su libertad, en el marco de los plazos constitucionales y de conformidad con los criterios y lineamientos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

    La detención y la privación de la libertad de migrantes indocumentados deben ser una situación excepcional y justificada, y no una constante. Según los estándares interamericanos, la autoridad migratoria debe garantizar de la manera más amplia y expedita posible el otorgamiento de documentación que facilite el tránsito de los migrantes e instrumentar mecanismos eficaces alternativos a la detención.

    Tal y como lo establece el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Inmigración: Detenciones y debido Proceso3:

    “Una de las principales preocupaciones de la Comisión Interamericana es el creciente uso de la detención, partiendo desde la presunción de que la misma es necesaria, cuando precisamente esa debería ser la excepción.  Es bastante cuestionable la constitucionalidad de la detención obligatoria para los procesos de inmigración pendientes de resolución, dada la naturaleza civil de las violaciones allí alegadas y la pérdida de la libertad que supone.

    La CIDH está convencida de que en muchos casos, si no en la mayoría de ellos, la detención constituye una medida desproporcionada y los programas de Alternativas a la Detención configurarían una opción más equilibrada a fin de dar cumplimiento al interés legítimo del Estado de asegurar el cumplimiento de la normativa migratoria. 

    Para aquellos casos en que la detención sea estrictamente necesaria, la Comisión Interamericana considera preocupante la ausencia de un sistema de detención auténticamente civil, con las condiciones generales compatibles con la dignidad y el trato humano, así como aquellas condiciones especiales propias de una detención no punitiva.   Asimismo, la CIDH observa con preocupación que para la administración y el cuidado personal de las personas migrantes detenidas, se recurre con frecuencia a contratistas privados, sin que se cuente con información suficiente sobre los mecanismos de supervisión”.

    Finalmente, deben quedar claros los compromisos internacionales vinculantes para el Estado mexicano, derivados de su sujeción a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en su resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990.

    Artículo 16

    1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad y la seguridad personales.
    2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la protección efectiva del Estado contra toda violencia, daño corporal, amenaza o intimidación por parte de funcionarios públicos o de particulares, grupos o instituciones.
    3. La verificación por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la identidad de los trabajadores migratorios o de sus familiares se realizará con arreglo a los procedimientos establecidos por ley.
    4. 4. Los trabajadores migratorios y sus familiares no serán sometidos, individual ni colectivamente, a detención o prisión arbitrarias; no serán privados de su libertad, salvo por los motivos y de conformidad con los procedimientos que la ley establezca.

     

     

    1. Los trabajadores migratorios y sus familiares que sean detenidos serán informados en el momento de la detención, de ser posible en un idioma que comprendan, de los motivos de esta detención, y se les notificarán prontamente, en un idioma que comprendan, las acusaciones que se les haya formulado.
    2. Los trabajadores migratorios y sus familiares detenidos o presos a causa de una infracción penal serán llevados sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrán derecho a ser juzgados en un plazo razonable o a ser puestos en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.
    3. Cuando un trabajador migratorio o un familiar suyo sea arrestado, recluido en prisión o detenido en espera de juicio o sometido a cualquier otra forma de detención:
    4. a) Las autoridades consulares o diplomáticas de su Estado de origen, o de un Estado que represente los intereses del Estado de origen, serán informadas sin demora, si lo solicita el detenido, de la detención o prisión y de los motivos de esa medida;
    5. b) La persona interesada tendrá derecho a comunicarse con esas autoridades. Toda comunicación dirigida por el interesado a esas autoridades será remitida sin demora, y el interesado tendrá también derecho a recibir sin demora las comunicaciones de dichas autoridades;
    6. Los trabajadores migratorios y sus familiares que sean privados de su libertad por detención o prisión tendrán derecho a incoar procedimientos ante un tribunal, a fin de que éste pueda decidir sin demora acerca de la legalidad de su detención y ordenar su libertad si la detención no fuere legal.

    En el ejercicio de este recurso, recibirán la asistencia, gratuita si fuese necesario, de un intérprete cuando no pudieren entender o hablar el idioma utilizado.

    1. Los trabajadores migratorios y sus familiares que hayan sido víctimas de detención o prisión ilegal tendrán derecho a exigir una indemnización.

    Artículo 17

    1. Todo trabajador migratorio o familiar suyo privado de libertad será tratado humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano y a su identidad cultural.
    2. Los trabajadores migratorios y sus familiares acusados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y sometidos a un régimen distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas. Si fueren menores de edad, estarán separados de los adultos y la vista de su causa tendrá lugar con la mayor celeridad.

     

    1. Todo trabajador migratorio o familiar suyo que se encuentre detenido en un Estado de tránsito o en el Estado de empleo por violación de las disposiciones sobre migración será alojado, en la medida de lo posible, en locales distintos de los destinados a las personas condenadas o a las personas detenidas que esperen ser juzgadas.
    2. Durante todo período de prisión en cumplimiento de una sentencia impuesta por un tribunal, el tratamiento del trabajador migratorio o familiar suyo tendrá por finalidad esencial su reforma y readaptación social. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.
    3. Durante la detención o prisión, los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán el mismo derecho que los nacionales a recibir visitas de miembros de su familia.
    4. Cuando un trabajador migratorio sea privado de su libertad, las autoridades competentes del Estado de que se trate prestarán atención a los problemas que se planteen a sus familiares, en particular al cónyuge y los hijos menores.
    5. Los trabajadores migratorios y sus familiares sometidos a cualquier forma de detención o prisión prevista por las leyes vigentes del Estado de empleo o el Estado de tránsito gozarán de los mismos derechos que los nacionales de dichos Estados que se encuentren en igual situación.
    6. Si un trabajador migratorio o un familiar suyo es detenido con objeto de verificar una infracción de las disposiciones sobre migración, no correrán por su cuenta los gastos que ocasione ese procedimiento.

    Por todo lo anteriormente expuesto, y porque el compromiso del Estado mexicano con los derechos humanos de las personas migrantes debe comenzar a hacerse realidad en el trato y en las instituciones del propio Estado, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente:

    INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, EL ARTÌCULO 111 DE LA LEY DE MIGRACIÒN.

    ARTÌCULO ÙNICO.- Se reforma el artículo 111 de la Ley de Migración para quedar como sigue:

    Artículo 111. El Instituto resolverá la situación regular de las personas extranjeras presentadas en un plazo no mayor de 05 días hábiles, contados a partir de su presentación.

    La autoridad migratoria instrumentará las medidas cautelares y alternativas necesarias a fin de que las personas extranjeras sujetas a un procedimiento administrativo migratorio no sean privados de su libertad.

    El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los 05 días hábiles a que se refiere el párrafo anterior, cuando se actualice cualquiera de los siguientes supuestos:

    1. – IV.- …
    2. Se deroga

    En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de las personas extranjeras en las estaciones migratorias no podrá exceder de 10 días hábiles.

    Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero.

    TRANSITORIOS

    ÙNICO.- El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la federación.

    SUSCRIBE

     

    SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ

     

     

  • Opinion

    Lo que nos depara el 1 de julio

    No recuerdo una elección tan compleja ni tan confrontada como la de este año, y no son los 3 400 cargos disputados el motivo, sino el deterioro del tejido social y la violencia que deja el régimen de Peña Nieto. Todo indica que este año será más violento que el 2017; esta situación ha sido caldo de cultivo para que la candidatura populista de López Obrador sea el termómetro del hartazgo reflejado en las encuestas, aunque 7 de cada 10 personas encuestadas no votará por él.

    En 1988 había una gran efervescencia social derivada de la división del PRI, pero como todo poder que tiene el manejo de los hilos de una elección, manipularon el resultado para evitar el triunfo del Frente Democrático Nacional y Cuauhtémoc Cárdenas. En 2000 frente al triunfo de Fox, ya con un sistema electoral autónomo que pudo organizar y calificar la elección, con credencial con fotografía, el Presidente Zedillo tuvo que reconocer que el PRI había perdido la presidencia del país.

    Sin embargo, en el 2006, López Obrador -entonces candidato del PRD- estaba encumbrado por las encuestas, como ocurre hoy, y también decía “este arroz ya se coció” y orgulloso se vendía como un hombre modesto, con su tsuru modesto, un depa modesto, un lenguaje modesto; su soberbia fue tan grande que le impidió reconocer que sus errores lo llevaron a una derrota, el resto de la historia la conocemos.

    Mucho se puede escribir de la personalidad del candidato de Morena y de su arcaico estilo personal de hacer política y de su elemental formación, sin embargo lo que nos debe interesar de López Obrador es cómo sería si fuese presidente de México. Apunto algunas cuestiones que me indican sería un riesgo para lo que la gente busca precisamente de esta elección: un cambio de régimen que solucione las problemáticas asfixiantes, con un gobierno dedicado a resolver los problemas cotidianos y lograr un desarrollo pleno, con eficacia, eficiencia y honradez.

    Y pongo algunos ejemplos que me indican que AMLO no atendería adecuadamente las causas precisamente de esos problemas porque no es un político que esté formado en los avances que ha tenido la Constitución particularmente en cinco materias: derechos humanos, le da la vuelta a su reconocimiento y enuncia ponerlos a consulta, lo que constituye una amenaza precisamente al Estado de Derechos; igualdad sustantiva, piensa que con solo tener mujeres en su equipo ya cumplió con los principios de igualdad e inclusión, pero no hay en ninguno de sus discursos mención al respeto de la igualdad; sistema de justicia penal acusatorio, nunca se le ha oído ni una sola opinión sobre la importancia del debido proceso legal, indispensable justamente para atender la desigualdad en el acceso a la justicia.

    Respecto al sistema nacional anticorrupción, es alarmante que no merezca una sola opinión respecto a concluir su proceso de instauración, el sólo mencionar que la solución de todo es acabar con la corrupción es absurdamente demagógico. La transición de la PGR hacia una Fiscalía autónoma no es un asunto de su interés, le hemos oído que él nombrará a su titular, o sea pretende que todo siga igual con las consecuencias que ya conocemos y lamentamos.

    Por eso es necesario reflexionar en la importancia del voto útil para apoyar a Ricardo Anaya para que gane con una diferencia cuyo resultado sea incuestionable y se transite hacia el camino de la estabilidad.

  • Boletines

    PGR ocupada en persecución política, en tanto congela investigaciones de corrupción

    La senadora Angélica de la Peña Gómez demandó al encargado del despacho de la Procuraduría General de la República (PGR) informes sobre la situación que guardan las investigaciones sobre los escandalosos casos de de corrupción conocidos como Odebrecht y la “Estafa Maestra”.

    Respecto al primer caso, la legisladora del PRD exigió que la PGR informe las razones por las cuales se encuentran detenidas las investigaciones de los actos de corrupción que involucran a diversos funcionarios del gobierno federal y, particularmente, las investigaciones del caso Odebrecht. (punto de acuerdo íntegro https://bit.ly/2JKHNlU)

    Dijo que de acuerdo con un artículo del New York Times, las consecuencias de las investigaciones sobre Odebrecht  han afectado prácticamente a todas las naciones donde operaba la empresa, con presidentes enjuiciados, funcionarios arrestados y vuelcos políticos desde Perú hasta Panamá. No obstante, identifica la existencia de dos excepciones notables: Venezuela, en donde nadie cuestiona la existencia de un gobierno autoritario (salvo los liderazgos de Morena), y México, donde el PRI mantiene las investigaciones federales detenidas, usando a las instancias de procuración de justicia para perseguir a sus enemigos políticos y en donde el candidato presidencial de MORENA tiene como principal propuesta de campaña la suscripción de un pacto de impunidad.

    De esta manera, continuó de la Peña Gómez, en un país en donde los casos criminales quedan sujetos a los intereses políticos y en donde la corrupción continúa siendo uno de los mayores obstáculos para la vigencia de los derechos y las libertades, el gobierno del PRI se ha empeñado en obstaculizar la c.reación de una Fiscalía General de la Nación autónoma y eficiente; y el candidato de MORENA se empeña en creer que las instituciones deben ser encabezadas por amigos o incondicionales.

    “En este contexto, y frente al pacto de impunidad que inútilmente se construye entre el PRI y MORENA para tratar de impedir que el candidato que verdaderamente representa un cambio y una alternativa para México llegue a la presidencia de la república, resulta útil analizar el por qué, tal y como se lo cuestiona la prensa internacional, a pesar de que los escándalos de corrupción han plagado al gobierno de Enrique Peña Nieto prácticamente desde que llegó al poder, el PRI y sus empleados hoy se concentran en atacar a Ricardo Anaya”, añadió.

    En lo que refiere a la “Estafa Maestra”, la senadora requirió un informe de los avances realizados en las investigaciones que el ministerio público federal realiza sobre las denuncias promovidas por la Auditoria Superior de la Federación en torno a las irregularidades detectadas en los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014 y 2015, que involucran recursos federales transferidos a dependencias federales, que a su vez triangularon el recursos con universidades o instituciones públicas, las cuales se entregaron a empresas privadas que simularon servicios. (punto de acuerdo íntegro https://bit.ly/2y7ZqKR)

    Sobre este asunto, indicó que a pesar de las denuncias interpuestas por ASF, hasta el momento no existe ningún funcionario consignado, y, en muchos casos, ni siquiera se ha citado a funcionarios involucrados a declarar ante el ministerio público federal en calidad de probables responsables. Esto a pesar de que se ha dado a conocer que la propia ASF entrego a la PGR un dictamen técnico que identifica a los servidores públicos que tuvieron responsabilidad en el manejo y desvío de tales recursos.

    Adicionalmente, de la Peña Gómez solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que informe si hay alguna investigación a propósito de la asignación de contratos realizados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ante el uso de recursos de la Federación en los que podría haber uso indebido de los mismos; y si hay un proceso de investigación, informar el estado que guarda este asunto; y se determine si se ha emprendido responsabilidades de los funcionarios o exfuncionarios de las instituciones involucradas. (punto de acuerdo íntegro https://bit.ly/2JTqLVR)

    Al respecto, mencionó que de acuerdo con una investigación publicada por un medio de comunicación, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entregó 248 contratos por un total de 674 millones de pesos a una red de seis empresas proveedoras de equipo e instrumental médico, que son propiedad de una misma familia. Esta red simuló competir en licitaciones sin que el IMSS lo objetara y regaló viajes a funcionarios para obtener favores .

    La relación comercial de estas compañías con el IMSS inició en 2012 y ha seguido hasta 2018. En esos años, el Instituto estuvo dirigido por José Antonio González Anaya, actual secretario de Hacienda, y por Mikel Arriola, ahora candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por el PRI. A pesar de las irregularidades, el IMSS informó que aún no investiga a ninguna de las empresas de la red o a sus representantes y no se sabe cual es la razón por la que no se emprende esa investigación.

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  • Puntos de Acuerdo

    Punto de Acuerdo por el que se exhorta a varias autoridades en materia electoral a intensificar las medidas de prevención de la violencia política en contra de las mujeres; a investigar dicha violencia conforme la debida diligencia; así como, a garantizar la debida y efectiva protección de las mujeres que en este proceso electoral contienden por un cargo público

    SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO.

    PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE

    DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

    PRESENTE

     

    Quien suscribe, Senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración de la Comisión Permanente, la presente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a varias autoridades en materia electoral a intensificar las medidas de prevención de la violencia política en contra de las mujeres; a investigar dicha violencia conforme la debida diligencia; así como, a garantizar la debida y efectiva protección de las mujeres que en este proceso electoral contienden por un cargo público, al tenor de las siguientes:

    CONSIDERACIONES

    Con una diferencia de menos de 24 horas, el pasado 2 de junio, en este país asesinaron a Juana Maldonado, candidata a una diputación local en Puebla por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y a Pamela Terán Pineda, regidora con licencia y candidata como a Concejal en Juchitán, Oaxaca, por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Junto con ellas fueron asesinadas las siguientes personas: Erika Cázares, Adelfo Guerra Jiménez y María del Sol Cruz Jarquín.

    También debemos mencionar el caso de Liliana García, candidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que contendía por una regiduría en el Municipio de Ignacio Zaragoza, Chihuahua, y quien fue asesinada el domingo 6 de mayo. Así como, el caso de Maribel Barajas Cortés, quien buscaba la diputación local por el distrito 22 de Múgica, Michoacán, apoyada por el PVEM también se suma a la lista de mujeres asesinadas. Ella fue hallada sin vida el 11 de abril[1].

    En este proceso electoral suman 17 las mujeres políticas que aspiraban a un cargo de elección popular que han sido asesinadas[2]. Además, de las personas asesinadas en los mal llamados “daños colaterales”. Resulta que, participar en la política local de México es un oficio altamente peligroso, puesto que no existen mecanismos eficaces de protección[3]. De acuerdo con, la iniciativa Justice in México, en nuestro país, una o un presidente municipal tiene 12% más de probabilidad de ser asesinado que un ciudadano común[4].

    Por su parte, de acuerdo con un recuento de la consultora Ettelekt cuando arrancó el proceso electoral 2018, hasta el pasado sábado 2 de junio, se registraron 110 asesinatos contra políticas y políticos de todo el país. De éstas y éstos, 41 aspiraban a un cargo de elección popular: 28 eran precandidatos y 13 ya estaban registrados. Del total de los 110 asesinatos, diecisiete corresponden a mujeres[5].

    Ilustración 1 Etellekt Consultores, Indicador de Violencia Política en México 2018.

    Además, según cifras de Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de 2016 a la fecha se han denunciado 200 casos de violencia política en contra de mujeres[6].

    Pero, ¿por qué la violencia política contra las mujeres por razones de género es doblemente grave? De acuerdo con la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), a medida que aumenta la incursión de las mujeres en la política, aumenta también el riesgo de que sean víctimas de distintas formas de violencia, pues su presencia desafía el statu quo y obliga a la redistribución del poder[7]. Es decir, la violencia política por razones de género es parte de la violencia estructural a la que nos enfrentamos las mujeres por el hecho de ser mujeres cuando desafiamos al sistema.

    En este siglo, no debiera extrañarnos la siguiente idea:

    Dado que las mujeres representamos a la mitad de la población, sólo si estamos representadas de forma paritaria en espacios de toma de decisión política se puede garantizar que nuestros intereses, preocupaciones y prioridades puedan ser tenidos en cuenta a la hora de identificar, planificar y ejecutar las políticas públicas[8].

    Y aunque, la experiencia ha mostrado que la presencia y participación de mujeres en espacios donde se decide la agenda política ha contribuido a que se incorporen temas tradicionalmente olvidados, que repercuten en beneficio de toda la sociedad, como la custodia parental, legislación contra la violencia de género, la salud sexual y reproductiva, medidas para generar empleo y autonomía económica de las mujeres, seguridad en espacios públicos, educación, gestión del agua, etc.[9] En el momento, en que exigimos nuestra participación en espacios de decisión política para avanzar hacia una cultura política democrática efectiva y real que contribuya al buen gobierno y al logro de un desarrollo sostenible, las mujeres sufrimos violencia política por razones de género.

    Entre las situaciones de discriminación y violencia que enfrentamos las mujeres que incursionamos en la política destacan las siguientes[10]:

    • Los estereotipos y un prejuicio generalizado en la sociedad en su conjunto de que la política y lo público es cosa de hombres, mientras que el ámbito de lo doméstico y lo privado sería el espacio natural de lo femenino (prejuicios predominantes en ámbitos más tradicionales y locales);
    • La realidad cotidiana que dificulta la implicación de la mujer en actividades políticas, debido a la falta de tiempo, horarios poco adaptados a las necesidades de las mujeres dada su dedicación al cuidado de la familia (consecuencia de la falta de corresponsabilidad por parte de los hombres);
    • La falta de apoyos familiares, del propio cónyuge y la presión social contraria a la participación de la mujer en ámbitos de representación política; en ocasiones, algunas religiones adversas a lo público y a la participación de mujeres en ese ámbito;
    • La maternidad precoz, embarazos adolescentes, con el consiguiente abandono de la formación y la vulnerabilidad en el empleo y la autonomía económica;
    • El acoso, violencia y discriminación que sufren las mujeres en general, y en política en particular;
    • Los obstáculos relacionados con las desigualdades del orden socioeconómico, las brechas de ingresos económicos y los distintos niveles de educación de las mujeres respecto de los hombres, con mayor énfasis en mujeres indígenas;
    • La estructura y cultura machista de los partidos políticos, a menudo inaccesibles para las mujeres, sobre todo en las estructuras directivas, en todos los niveles desde lo local a lo estatal;
    • Un acceso restringido de las mujeres a los medios de comunicación para poder presentar ofertas políticas y obtener visibilidad a la par que los hombres, así como una presentación sexista de las mujeres por parte de los medios;
    • Menores oportunidades para acceder a redes de contactos y apoyos que se requieren para poder movilizar financiación y construir apoyos para las candidaturas;
    • Carencias en la formación para la gestión pública;
    • Falta de autoestima y de asertividad; entre otras.

    De acuerdo con Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, edición 2017[11], dicho protocolo busca responder a la ausencia de un marco normativo integral y de políticas concretas en la materia.

    Constituye una medida emergente, a la espera de la aprobación de las reformas legislativas necesarias para brindar una mejor atención, sanción y reparación integral ante casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Por lo que, a partir de la unificación de criterios, conceptos y procedimientos, un protocolo de actuación sirve para estandarizar el tratamiento de una determinada problemática e identificar las responsabilidades particulares de las personas, áreas o instituciones[12].

    En ese sentido, el Protocolo tiene como propósito orientar a las instituciones ante situaciones de violencia política contra las mujeres en razón de género, facilitar la implementación de las obligaciones internacionales, nacionales y locales, así como dar cumplimiento al deber de debida diligencia. Así, los objetivos de este instrumento son[13]:

    • Facilitar la identificación de la violencia política contra las mujeres en razón de género;
    • Servir de guía para las autoridades en la atención de esta modalidad de la violencia, en el ámbito federal, de conformidad con sus atribuciones;
    • Favorecer una adecuada coordinación entre las instituciones federales, para hacer frente a los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género; y
    • Orientar a las mujeres víctimas de violencia política en razón de género en el ámbito federal y local (estatal y municipal) acerca de lo qué es y no es dicha violencia, así como de las autoridades a las que pueden acudir para ser atendidas.

    De acuerdo con dicho protocolo, la violencia política contra las mujeres:

    “comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.

    La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida”[14].

    Además, establece lo siguiente:

    Ilustración 2 Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, edición 2017

    De acuerdo con el Protocolo en comento, para identificar la violencia política en contra de las mujeres en razón de género, es necesario verificar que estén presentes los siguientes cinco elementos[15]:

    1. El acto u omisión se base en elementos de género, es decir:
    • se dirija a una mujer por ser mujer,
    • tenga un impacto diferenciado y desventajoso en las mujeres; y/o
    • las afecte desproporcionadamente.
    1. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.
    2. Se dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público, (sin importar el hecho de que se manifieste en el ámbito público o privado, en la esfera política, económica, social, cultural, civil, etcétera; tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, en la comunidad, en un partido o institución política).
    3. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico.
    4. Sea perpetrado por cualquier persona o grupo de personas -hombres o mujeres-, en particular: integrantes de partidos políticos, aspirantes, precandidatos(as), candidatos(as) a cargos de elección popular o de dirigencia partidista; servidores(as) públicos(as), autoridades gubernamentales, funcionarios(as) o autoridades de instituciones electorales; representantes de medios de comunicación; el Estado o sus agentes.

    Algunas de las manifestaciones de violencia política, de acuerdo con el artículo 6º de esta Ley modelo, son:

    Artículo 6.- Manifestaciones de la violencia política. Son ‘actos de violencia política contra las mujeres’, entre otros, aquellas acciones, conductas u omisiones que:

    1. (Femicidio/feminicidio57) Causen la muerte de la mujer por participar en la política.
    2. Agredan físicamente a una o varias mujeres con objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos.
    3. Agredan sexualmente a una o varias mujeres o produzcan el aborto, con objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos.
    4. Realicen proposiciones, tocamientos, acercamientos o invitaciones no deseadas, de naturaleza sexual, que influyan en las aspiraciones políticas de la mujer y/o en las condiciones o el ambiente donde se desarrolla la actividad política y pública.
    5. Amenacen, asusten o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres y/o a sus familias, y que tengan por objeto o resultado anular sus derechos políticos, incluyendo la renuncia al cargo o función que ejercen o postulan.
    6. Restrinjan o anulen el derecho al voto libre y secreto de las mujeres.
    7. Difamen, calumnien, injurien o realicen cualquier expresión que denigre a las mujeres en el ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública y/o limitar sus derechos políticos.
    8. Amenacen, asusten o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres y/o a sus familias, y que tengan por objeto o por resultado menoscabar sus derechos políticos.
    9. Amenacen, agredan o inciten a la violencia contra las defensoras de los derechos humanos por razones de género, o contra aquellas defensoras que defienden los derechos de las mujeres.
    10. Usen indebidamente el derecho penal sin fundamento, con el objeto de criminalizar la labor de las defensoras de los derechos humanos y/o de paralizar o deslegitimar las causas que persiguen.
    11. Discriminen a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos, por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, licencia por maternidad o de cualquier otra licencia justificada, de acuerdo a la normativa aplicable.
    12. Dañen, en cualquier forma, elementos de la campaña electoral de la mujer, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad.
    13. Proporcionen a los institutos electorales datos falsos o información incompleta de la identidad o sexo de la persona candidata y designada, con objeto de impedir el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.
    14. Restrinjan los derechos políticos de las mujeres debido a la aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas jurídicos internos violatorios de la normativa vigente de derechos humanos.
    15. Divulguen imágenes, mensajes o revelen información de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, por cualquier medio físico o virtual, en la propaganda político-electoral o en cualquier otra que, basadas en estereotipos de género transmitan y/o reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad y discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública y/o limitar sus derechos políticos.
    16. Obstaculicen o impidan el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos.
    17. Impongan sanciones injustificadas y/o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad.
    18. Limiten o nieguen arbitrariamente el uso de cualquier recurso y/o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad.
    19. Obliguen a la mujer a conciliar o a desistir cuando se encuentre en un proceso administrativo o judicial en defensa de sus derechos políticos. t. Eviten, por cualquier medio, que las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos asistan a cualquier actividad que implique la toma de decisiones, en igualdad de condiciones.
    20. Proporcionen a la mujer, en el ejercicio de sus derechos políticos, información falsa, errada o imprecisa y/u omitan información que induzca al inadecuado ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad.
    21. Restrinjan el uso de la palabra de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, impidiendo el derecho a voz, de acuerdo a la normativa aplicable y en condiciones de igualdad.
    22. Impongan por estereotipos de género la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo o posición, que tengan como resultado la limitación del ejercicio de la función política.

    Si bien, algunos de los incisos describen expresiones discriminatorias y/o potencialmente consideradas violentas, no todos los actos señalados constituyen en automático o de manera aislada actos ´perseguibles’ de violencia política contra las mujeres en razón de género Sin embargo, no hay que perder de vista que muchas de estas manifestaciones de violencias están tipificadas en la ley y, por tanto, son delitos que deben denunciarse y perseguirse.

    Además la Ley Modelo establece las siguientes medidas de protección:

    Artículo 37. Los órganos competentes, incluyendo al órgano electoral cuando corresponda, ante el riesgo inminente de un daño grave, determinarán las medidas de protección y las medidas cautelares que correspondan, que podrán incluir, entre otras:

    1. a) Restringir el acceso de los agresores a los lugares en los que normalmente se encuentra la víctima;
    2. b) Otorgar escoltas a la mujer en situación de violencia y a sus familiares cuando se requiera;
    3. c) Realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad;
    4. d) Impedir el acceso a armas al agresor;
    5. e) Retirar la publicidad en campaña al agresor;
    6. f) Retirar la campaña violenta, haciendo públicas las razones. Dicha publicidad deberá ser financiada por quien resulte responsable de la violencia;
    7. g) Retirar un porcentaje del financiamiento público electoral al agresor;
    8. h) Suspender la candidatura electoral al agresor;
    9. i) Suspender la elección de un candidato;
    10. j) Suspender de empleo o cargo público al agresor;
    11. k) Cualquier otra requerida para la protección de la mujer en situación de violencia y sus familiares.

    Hay que clarificar que, si bien no existen aún un marco jurídico específico, el Código Nacional de Procedimientos Penales si establece medidas de protección para las víctimas de un delito, en los siguientes términos:

    Artículo 137. Medidas de protección. El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Son medidas de protección las siguientes:

    1. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido;
    2. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre;
    • Separación inmediata del domicilio;
    1. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable;
    2. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos;
    3. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido;
    • Protección policial de la víctima u ofendido;
    • Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo;
    1. Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes, a un refugio o albergue temporal;
    2. Reingreso de la víctima o la persona ofendida a su domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad.

    […]

    Ahora bien, tratándose de la prevención de la violencia política es donde, desde mi punto de vista, se requiere un mayor involucramiento de las instancias responsables. En ese sentido, hay que partir de las razones que pudieran explicar por qué hay cierta reticencia por parte de muchas mujeres para denunciar la violencia política en su contra. Entre estas razones se encuentran[16]:

    • No existe un conocimiento socializado respecto de la violencia política, sus alcances y las formas de sancionarla.
    • No hay un marco jurídico que las respalde.
    • Hay quienes desconocen este concepto, sus prácticas y sus afectaciones a nivel sociocultural.
    • No identifican que viven este tipo de violencia puesto que consideran que deben ‘aguantar’ y que es ‘normal’ lo que les pasa. Esta idea, en muchas ocasiones, se refuerza por el medio político y por sus colegas.
    • No existe claridad sobre la vía jurídica, ni la autoridad a la cual acudir.
    • Existe temor de que su denuncia resultará contraproducente para sus aspiraciones políticas.
    • A consecuencia de la denuncia, pueden ser clasificadas y estigmatizadas como conflictivas y juzgadas por no ajustarse a la institucionalidad del partido.
    • Por miedo a represalias, amenazas y acoso.
    • Dentro de los partidos no existen instancias que atiendan este tipo de violencia.
    • Las redes de apoyo son insuficientes.
    • Puede generar vergüenza asumirse públicamente como víctima y, en algunos casos, hablar de lo que les sucedió.

    En ese sentido, a menos de un mes de las elecciones, las autoridades competentes deben intensificar sus acciones de prevención de la violencia política contra las mujeres, así como garantizar la adecuada protección de las mujeres aspirantes a cargos públicos. No queremos que exista ninguna otra mujer asesinada por ejercer su derecho de participación política, de la misma manera que no queremos que existan más víctimas indirectas de este tipo de violencia.

    Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

     

    PUNTO DE ACUERDO

     

    PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para que en el marco de las actuales elecciones, implemente medidas de protección adecuadas para las mujeres candidatas que ha denunciado alguna manifestación de violencia política; así como a coordinarse con las Fiscalías y Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas a fin de implementar acciones prevención efectivas.

    SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral, para que en el marco de las actuales elecciones, intensifique las acciones de prevención de la violencia política contra las mujeres por razones de género, tales como acciones dirigidas a la sensibilización y concientización de la ciudadanía sobre el problema y particularmente entre las y los servidores públicos que tienen a su cargo la aplicación del Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

    TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a garantizar la adecuada protección de los derechos políticos electorales de las candidatas que han sufrido algún tipo de violencia política por razones de género, así como coadyuvar, en el ámbito de sus competencias, a la adecuada implementación de medidas de prevención.

    CUARTO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, así como a las Fiscalías y Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas, a investigar con la debida diligencia todos los actos de violencia política contra las mujeres constitutivos de delitos, particularmente tratándose de feminicidios.

     

    Ciudad de México, a los 06 días del mes de junio de 2018.

     

    Sen. Angélica de la Peña Gómez

     

    [1] VELÁZQUEZ, Iris, Matan a 17 candidatas en proceso electoral, AM Edición León, 3 de junio de 2018. Disponible en Internet: https://www.am.com.mx/2018/06/03/mexico/matan-a-17-candidatas-en-proceso-electoral-479006

    [2] ROBLES, Isaías, 17 candidatas asesinadas en el actual proceso electoral; urgen poner fin a violencia de género, Aristegui Noticias, 4 de junio de 2018. Disponible en Internet: https://aristeguinoticias.com/0406/mexico/17-candidatas-asesinadas-en-el-actual-proceso-electoral-urgen-poner-fin-a-violencia-de-genero/

    [3] Véase. JAIME, Edna, ¿Violencia política o política violenta?, El Financiero, 9 de marzo de 2018. Disponible en Internet: http://mexicoevalua.org/2018/03/09/violencia-politica-politica-violenta/

    [4] Idem.

    [5] Op. cit. ROBLES, Isaías, 4 de junio de 2018. También: Etellekt Consultores, Indicador de Violencia Política en México 2018, (Actualización 2 de Junio de 2018). Disponible en Internet: http://www.etellekt.com/presencia-medios.html

    [6] Idem.

    [7] Violencia contra las Mujeres en el ejercicio de sus Derechos Políticos, Proyecto Conjunto: Igualdad de Género, Derechos Políticos y Justicia Electoral en México: por el fortalecimiento del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Auspiciado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ONU Mujeres, 2012. Disponible en Internet: http://bit.ly/2E6Pgft

    [8] Guía Estratégica Empoderamiento Político de las Mujeres: Marco para una Acción Estratégica. América Latina y el Caribe (2014 – 2017), ONU Mujeres, 2014, pp. 30. Disponible en Internet: https://bit.ly/2B64FMm

    [9] Idem.

    [10] Ibidem, pp32 y 33.

    [11] Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, edición 2017, pp. 19. Disponible en Internet: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/275255/Protocolo_para_la_Atencio_n_de_la_Violencia_Politica_23NOV17.pdf

    [12] Idem.

    [13] Idem.

    [14] Ibidem, pp. 41.

    [15] Ibidem, pp. 49.

    [16] Ibidem, pp. 73 y 75.