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    Que PGR no obstaculice más a la CNDH en el caso Ayotzinapa, exige de la Peña Gómez

    La senadora Angélica de la Peña exigió que la Procuraduría General de la República (PGR) entregue a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la información correspondiente al Caso Ayotzinapa, a fin de determinar el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos, sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales, y asistir a los familiares de las víctimas de manera integral.

    En su proposición con punto de acuerdo, la legisladora del sol azteca comentó que el pasado 08 de mayo del presente, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a la Procuraduría General de la República (PGR) para que entregue la información sobre el Caso Ayotzinapa.

    En este sentido, el Presidente de la CNDH recordó que la PGR se comprometió a facilitar la labor de seguimiento que realiza el organismo sobre el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, sin embargo, puntualizó que hasta ahora no ha ocurrido.

    Asimismo, detalló que incluso información que ya ha sido difundida en medios de comunicación no ha sido entregada por la PGR, sino que obliga al personal de la CNDH a consultar directamente la averiguación previa. Además, señaló que algunos medios de comunicación ya dieron a conocer dicha información “por filtraciones”.

    Adicionalmente, el ombusdman nacional dijo que· “están retardando la entrega de la información, nos están haciendo copiarla (a mano)”, asimismo mencionó que les faltan 300 páginas de información relacionada con la investigación de la PGR.

    Por ello, resulta fundamental que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuente con la información que permita continuar la búsqueda de evidencias para avanzar en el esclarecimiento del caso, toda vez que recientemente la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó el Informe titulado “Doble injusticia- Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, mediante el cual se analiza información sobre 63 personas de un total de 129 imputadas en relación con la desaparición de los estudiantes. Tras el examen de los expedientes judiciales, las fichas médicas que revelan numerosas lesiones y las entrevistas con autoridades, detenidos y testigos, la Oficina cuenta con fuertes elementos de convicción para concluir que al menos 34 de esas personas habrían sufrido torturas1. Asimismo, en el Informe se insta a la PGR a realizar investigaciones en un plazo razonable e identificar a los responsables de las detenciones arbitrarias, las torturas y otras violaciones de derechos humanos. Las conclusiones del informe apuntan a un patrón de comisión, tolerancia y encubrimiento de actos de tortura en la investigación del caso de Ayotzinapa, esta pauta no sólo constituye una violación de los derechos de las personas detenidas, sino también del derecho a la justicia y la verdad de las víctimas de los hechos de septiembre de 2014.

    “Es necesario mantener los espacios de cooperación que permitan responder a las necesidades de las víctimas de tener un seguimiento efectivo de la investigación y conocimiento del caso como parte de su derecho a la justicia, así como para fortalecer la procuración de justicia, la búsqueda de los desaparecidos el Estado de Derecho y la lucha contra la impunidad”, finalizó la senadora Angélica de la Peña.

    La proposición fue turnada a la Primera Comisión de la Comisión Permanente.

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    CNDH facultada para interponer controversia constitucional contra la “Ley Chayote”

    La senadora Angélica de la Peña propuso que la Comisión Permanente solicite a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a ejercer la facultad prevista en el inciso g) fracción 11 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contra del Decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2018.

    En su proposición con punto de acuerdo, la senadora del PRD indicó que se trata de un marco normativo ampliamente cuestionado, ya que el mismo no cumple en primer lugar con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 15 de noviembre de 2017, que mandató al Congreso de la Unión a establecer reglas que permitan al 1 Estado actuar de tal manera que, asegure que las voces de la sociedad se expresen en los medios de comunicación de manera completa y justa.

    Dicho decreto, abundó, es omiso respecto a los alcances del artículo 134 constitucional, que garantice que el gasto· en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, respetar los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos, no como acontece hoy que se aumenta descomunalmente hasta un 160 por ciento más de lo aprobado.

    Asimismo, la Ley no cumple con el objetivo específico de evitar que la publicidad gubernamental no se utilice como herramienta para premiar o castigar a los medios de comunicación, ni que constituya una forma de censura al contratar o no publicidad con los distintos medios de comunicación. La Ley deja sin cambios de fondo la relación del gobierno con los medios de comunicación, mantiene la discrecionalidad en el gasto público en comunicación social sin control ni límites, no incorpora las mejores prácticas en la materia adoptadas internacionalmente.

     

    Si bien dicho Decreto inicia.su vigencia a partir del año 2019, su entrada en vigor traería consecuencias graves para la democracia y la libertad de expresión en nuestro país. D_icha norma se aleja de lo que la Constitución mandata expresamente: la implementación de un nuevo régimen de responsabilidades entre los servidores públicos en materia de comunicación social que garantice que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como respetar los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.

    Sin embargo, lo que contiene el Decreto es un marco normativo que legítima el autoritarismo de antaño; que utiliza el dinero público para controlar la línea editorial de los medios que se financian con recursos públicos, sin rendir cuentas, ya sea como pago por el espacio para la difusión de información pública -la llamada publicidad oficial- o por otros servicios ofrecidos al gobierno, donde la Secretaría de Gobernación mantiene el control de los tiempos del Estado y los tiempos Fiscales, así ‘como el Padrón Nacional de Medios.

    Esta norma contiene aspectos tan criticables como el hecho de que sea la Secretaría de Gobernación quien mantenga el control de los tiempos del Estado y los tiempos fiscales, así como elabore el Padrón Nacional de Medios y no sea en su lugar un órgano con autonomía técnica y de gestión, que le permita realizar un monitoreo exhaustivo de la asignación de publicidad oficial y que impida la concentración de la información en los sujetos obligados.

    La senadora Angélica de la Peña concluyó señalando que una legislación tan importante para la democracia de nuestro país, debería contener los más altos estándares del derecho internacional materia de derechos humanos, puesto que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática y diversos Tratados internacionales protegen este derecho en los artículos 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

    La proposición fue turnada a la Primera Comisión de la Comisión Permanente.

     

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    SEP violenta la Constitución al no garantizar a las personas con discapacidad su derecho a la educación

    La senadora Angélica de la Peña propuso solicitar a la Secretaría de Educación Pública incorporar de manera regular a los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad como parte de la educación media superior en el Sistema Educativo Nacional. Asimismo, a que se incluyan en el Servicio Profesional Docente en la Educación Media Superior a las y los asesores académicos de estos Centros, a fin de que se les reconozca como personal docente especializado en la educación media superior de personas con discapacidad.

    En la propuesta presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la legisladora del PRD también solicitó a la Cámara de Diputados considerarEjercicio Presupuestal del año 2019 los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad a cargo de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública.

    Los Centros de Atención para Personas con Discapacidad (CAED) fueron creados en 2009, como resultado de la reforma a la Educación Media Superior, y es un programa que ofrece estudios a nivel medio superior para quienes tienen algún tipo de discapacidad: auditiva, motriz, visual o intelectual y desean continuar su preparación académica.

    Se encuentran adscritos a la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) de la Secretaría de Educación Pública y ofrecen servicios educativos a personas con discapacidad motriz, visual, auditiva, intelectual y/o psicosocial, por lo que se requiere personal especializado y capacitado en lengua de señas mexicanas, en el sistema braille, diseño de material didáctico adaptado, entre otros.

    De la Peña Gómez resaltó que los CAED son la única opción pública educativa de bachillerato no escolarizado que atiende a personas con discapacidad, en el que las inscripciones se pueden realizar en cualquier momento del año; no se requiere examen de admisión y no hay límite de edad para incorporarse. Y no se establecen tiempos para concluir los estudios. De acuerdo con la página oficial de los CAED.

    En este orden de ideas, el pasado 3 de mayo se llevó a cabo en este recinto Senatorial el foro “A diez años de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado (que presido) y el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED); al finalizar dicho foro un grupo de madres y padres de familia, alumnas y alumnos, así como asesoras y asesores de los CAED manifestaron una serie de irregularidades que ponen en riesgo la continuidad escolar y el avance académico del alumnado.

    También señalaron que, las y los asesores académicos sufren de inestabilidad laboral, ausencia de contratación, atrasos constantes en sus pagos, falta de capacitación, falta de seguridad social, etc. Además de que existe una gran deserción de asesoras y asesores académicos lo que implica que el SEMS pierda a personal capacitado. Motivo por el cual solicitaron una audiencia con la que suscribe, con la finalidad de que se les escuchara sobre las problemáticas que se enfrentan desde hace años.

    Derivado de lo anterior, el pasado miércoles 9 de mayo del presente, sostuve una reunión con un grupo madres, padres, personal de asesoría académica y alumnas y alumnos de los CAED, en los cual expusieron los problemas a los que tiene que enfrentarse y la falta de apoyo y soluciones de las autoridades encargadas.

    Cabe hacer mención que algunas y algunos asesores y responsables académicos de diversos CAED mencionaron que han sido hostigados, intimidados y amenazados por solicitar información referente a los pagos, así como por buscar las mejoras necesarias para el buen funcionamiento de los mismos, motivo por el cual solicitan que no haya ningún tipo de represalia ni despidos injustificados, tanto en lo inmediato como en un mediano y largo plazo, en razón de la organización y exigencias que como asesores, responsables académicos, auxiliares, estudiantes, padres y madres de familia, se han visto en la necesidad de impulsar y con el fin de garantizar las condiciones necesarias que permitan continuar de manera óptima el funcionamiento de los CAED.

    La proposició fue turnada a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

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    Inadmisible que el asesinato de Javier Valdez quede como una cicatriz de la impunidad: Angélica de la Peña

    A un año del cobarde asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, corresponsal del periódico La Jornada en Sinaloa, y fundador y redactor del semanario sinaloense Ríodoce, resulta indispensable realizar una investigación de manera exhaustiva y expedita para que este asesinato no quede impune y permita  esclarecimiento total, así como una reparación integral del daño y castigo a los responsables, señaló la senadora Angélica de la Peña

    Por ello, informó la legisladora, presentará un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente a fin de exhortar a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE)  a que acelere y garantice una investigación exhaustiva, expedita e imparcial que permita que los autores materiales e intelectuales de este artero crímen no permanezcan impunes.

    En su propuesta, de la Peña Gómez también solicita a los gobiernos federal, estatales y municipales que, en el ámbito de sus competencias y en estricta coordinación con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, respeten, promuevan, protejan y garanticen los derechos humanos de las y los periodistas y las y los defensores civiles de derechos humanos; implementando las medidas necesarias para prevenir agresiones de cualquier tipo hacia los sujetos mencionados y garantizar la protección y defensa de sus derechos humanos.

    La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado recordó que el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, y el Relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, expresaron en su momento que el  asesinato de Javier Valdez es un grave ataque contra el periodismo y la libertad de expresión en México.

    Los expertos exhortaron al gobierno mexicano, especialmente a las autoridades competentes, a investigar el asesinato de Javier Valdez de manera exhaustiva y a identificar, procesar y sancionar a todos los responsables. Asimismo, los Relatores Especiales manifestaron que el Estado mexicano debe adoptar medidas  de protección integrales y efectivas para los familiares del periodista y sus colegas.

    Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a las autoridades de los tres niveles de gobierno realizar una investigación de manera exhaustiva y expedita para que este asesinato no quede impune, y para que implementen las medidas cautelares necesarias para proteger a la familia de Javier Valdez Cárdenas.

    La CNDH reiteró su preocupación por la falta de mecanismos de prevención por parte de la autoridad, para evitar homicidios que buscan inhibir el ejercicio profesional del periodismo. Además, señaló que el homicidio de Javier Valdez Cárdenas es un hecho inaceptable y reprobable, que lastima a la sociedad mexicana en su conjunto, afectando la libertad de expresión, e insistió en la necesidad de que la Recomendación General número 24 sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México, emitida por ese Organismo Nacional, sea atendida con la oportunidad y de manera integral, al tiempo que resulta indispensable refrendar la solidaridad con el gremio periodístico.

    Apenas el pasado 20 de marzo, la organización civil Artículo 19 publicó un informe en el que alertó que faltando aún ocho meses para que termine oficialmente el sexenio, durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ha batido el récord de ataques contra la prensa y los medios de comunicación con 1, 986 eventos registrado entre diciembre de 2012 y el 5 de febrero de 2018; un triste saldo parcial de 42 periodistas, cifra récord desde que Artículo 19 documenta casos de agresión a comunicadores en México.

    Asimismo, cabe destacar que anteriormente la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó el “Informe sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos en México”, el cual plantea la existencia de múltiples agresiones en contra de personas defensoras de los derechos humanos en los últimos años.

    La senadora del PRD condenó el asesinato del periodista Juan Carlos Huerta, ocurrido la mañana de este día, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, y conminó al gobernador Arturo Núñez a detener lo antes posible a los responsables.

    Finalmente, la senadora Angélica de la Peña Gómez apuntó que es necesario seguir llevando a cabo acciones tendientes a promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las y los periodistas y las y los defensores de derechos humanos a fin de originar las condiciones para el libre ejercicio de la profesión periodística y la defensa de los derechos humanos, respetando en todo momento, el derecho a la información y a la libertad de expresión; de este modo, su observancia permitirá una disminución gradual de las agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos.

  • Opinion

    La SEP niega el acceso a la educación a personas con discapacidad

    Hace diez años aprobamos la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; señala la obligación de los gobiernos para implementar todas las medidas que garanticen de manera amplia e integral la promoción y la protección de los derechos de las personas con discapacidad y de esta manera disminuir progresivamente la profunda desventaja social que sufren estas personas de todas las edades.

    Como sabemos la discapacidad puede ser física o mental, sensorial o intelectual y que durante la interacción social pueden convertirse en barreras que impiden una plena inclusión en la sociedad, de manera que el Estado debe tomar en cuenta cada característica o condición para fines de su comunicación efectiva e inclusiva y se logre la plena igualdad respecto de las demás personas.

    La Legislación ha tenido que modificarse para reafirmar que ninguna persona con discapacidad sea discriminada; hemos reformado la ley contra la discriminación para que el CONAPRED proceda en la protección de todos los derechos de las personas con discapacidad. También hemos reformado la ley General de Educación Pública para que el derecho a la educación también sea garantizado en todos los niveles.

    Por ello llama la atención que la SEP no formalice institucional y jurídicamente a los Centros de Educación para la Atención de la Discapacidad y a quienes imparten clases a personas con discapacidad auditiva, visual, sensorial, física o mental. Los CEAD fueron creados en 2009 precisamente derivado de una reforma a la ley y son la única opción de política publica educativa de bachillerato.

    Esta situación resulta en una inestabilidad laboral para quienes hoy se les denomina simplemente asesores y no Profesores de Educación Especial, y las y los alumnos, pues están a expensas de la voluntad de funcionarios para, unos, cobrar puntualmente sus sueldos devengados, y, las y los otros, estudiar no sólo para formarse, sino también para tener mayor independencia en la vida.

    Los CEAD operan bajo una serie de irregularidades que ponen en riesgo la continuidad escolar y el avance académico del alumnado, pues las y los Asesores sufren inestabilidad laboral, lo que incluye atrasos continuos en sus pagos, no tienen seguridad social ni tienen el reglamento que requieren para cumplir con su trabajo, lo que se contrapone con la ley.

    Hoy 1500 asesoras y asesores prestan servicio a alrededor de 24,000 alumnas y alumnos. Si este programa funcionara como debiera, muchas personas más accederían a servicios integrales y de calidad.

    Las madres y padres de las y los alumnos de los CEAD han solicitado al Presidente Peña Nieto y al Secretario de la SEP, Otto Granados, que se incluya al personal en el servicio profesional docente, tengan una capacitación y actualización continua, y se garantice así el derecho a la educación de sus hijas e hijos. En el Senado hacemos nuestra esta demanda.

    Exigimos al Secretario de Educación Pública apegarse a la prohibición constitucional de todo acto discriminatorio motivado por cualquier condición. Lo instamos a recapacitar y no argumentar más la falta de recursos para no cumplir con la ley, así como a implementar las acciones necesarias para que el sistema nacional educativo erradique los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas derivadas de la exclusión. Todos los derechos para todas y todos, esa debe ser la obligación de todo gobierno.