• Opinion

    La crisis de la desaparición forzada

    La desaparición de personas por parte de agentes del Estado no es nueva en nuestro país. Quizá la guerra sucia había sido la etapa más horrorosa. Los antecedentes se pueden leer en la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a México por el caso Radilla Pacheco desaparecido en 1974 por miembros del Ejército.

    Pero llegó Felipe Calderon con oficialmente más de 27,000 personas desaparecidas; recordemos cómo justificó “su guerra” contra las drogas y sus víctimas, a las que arrebató nombre y rostro al denominarlas “daños colaterales”; los resultados de esa estrategia equivalieron a que el país hubiese enfrentado un conflicto bélico.

    Pero no se aprende en cabeza ajena, dice un dicho popular, y Peña Nieto llegó al gobierno y siguió la inercia de Calderón, con las consecuencias trágicas que conocemos.

    Pero hay un aliento esperanzador para la próxima etapa: un marco jurídico establecido en la Ley General contra la desaparición forzada y cometida por particulares, publicada en el DOF en noviembre pasado y que fue exigida y discutida con los colectivos de familiares de personas desaparecidas, quienes todos estos años han estado reclamando por la búsqueda de sus seres queridos.

    Varias herramientas se tendrán que constituir: integrar un solo registro de personas desaparecidas; un solo banco de datos forenses; ordenar todas las fosas comunes de todos los panteones e integrar de manera científica todos los restos humanos hallados en las fosas clandestinas.

    Esta nueva Ley establece que el Senado convoque públicamente a colectivos de familias, especialistas y organizaciones, para que propongan a sus representantes para integrar un Consejo Ciudadano que participe con las autoridades del Sistema Nacional de búsqueda e investigación y la Comisión Nacional de Búsqueda.

    En días pasados hemos electo a 5 familiares de personas desaparecidas, a 4 expertos y a 4 representantes de las OSC, para integrar el Consejo Ciudadano. En lo personal me siento muy orgullosa de esta integración.

    De cada una de ellas he aprendido lo que no he logrado en muchos años; de Grace Mahogaly Fernández y Margarita Michele Quevedo, aún siendo tan jóvenes me han enseñado su entereza y valentía; a Edna Dolores Rosas y a su organización, El Solecito, mi enorme admiración por su perseverancia teniendo a todo el gobierno de Javier Duarte en contra; Mirna Nereida Medina, una madre buscando a su hijo y a los hijos de otras madres, y Francisco Olvera Acevedo con una tragedia similar.

    Entre los expertos y especialistas, destaco la elección de la Dra. Mercedes C. Doretti, quien es médica forense con toda la experiencia de las forenses argentinas; de la Maestra Denise González Nuñez y la Maestra Volga Pilar de Pina y Santiago Corcuera, ex integrante del Comité contra la desaparición forzada de Naciones Unidas.

    Por las OSC fueron electas la Hermana Consuelo Gloria Morales, de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC; Norma Patricia Quintero, de Fray Juan de Larios AC, de Humberto Guerrero de FUNDAR y Juan Martín García de REDIM.

    Todas y todos tienen un gran reto, serán el acicate para que la Ley por la que tanto lucharon sea aplicada debidamente por las autoridades. Durante todos estos años que he escuchado a todas estas familias, me he preguntado por qué no paramos el desastre que nos dejó Calderón y hoy Peña. Aprendamos de la historia.

  • Boletines

    Con Declaratoria Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, cumplimos a familiares

    Tras celebrar la aprobación del dictamen para expedir la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia Para Personas Desaparecidas, la senadora Angélica de la Peña Gómez afirmó que “con esta ley estamos cumpliéndoles a todos estos colectivos de familiares de personas desaparecidas que hoy, por desgracia, están sufriendo una gran tragedia”.

    Al presentar dicho dictamen en Tribuna, la legisladora perredista afirmó que “una persona desaparecida se enfrenta, no sólo a una privación de la libertad sino también a la imposibilidad de ejercer sus derechos, por lo que el reconocimiento de su personalidad jurídica queda suprimido hasta en tanto no se localice”.

    En este contexto, dijo, quienes también resienten la desaparición de una persona son sus familias, ya que la persona desaparecida en muchos casos es el sustento precisamente de sus familias.

    Además, derivado de la desaparición, sus bienes o propiedades quedan en la incertidumbre, puesto que la mayoría de las veces no hay posibilidad de que sean administrados para garantizar la subsistencia de la familia o de las personas dependientes.

    Derivado de ello, afirmó surge la necesidad de dar cumplimiento a este noveno transitorio de la ley, “para que en tiempo y forma este Congreso de la Unión, y el Senado de la República en particular, apruebe la Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, para evitar dejar en la indefensión a todas estas familias y afectar lo menos posible a sus derechos humanos”.

    La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos indicó que el proyecto de dictamen fue construido tomando en cuenta las preocupaciones de diversas organizaciones de la sociedad civil dedicadas al tema de solicitud y de tramitación de declaraciones de ausencia, particularmente de los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Querétaro y Estado de México.

    La idea, agregó, “es garantizar la mayor protección de la persona desaparecida y de sus familias, y en un breve tiempo sin que tengan que vivir, por supuesto, la terrible odisea que hoy por desgracia, de manera trágica, están sobreviviendo, evitando por supuesto la revictimización para acceder a un documento que aminore los efectos negativos de la desaparición de su familiar”.

    En este contexto, la senadora destacó que la ley propone que se reconozca, proteja y garantice la continuidad de la personalidad jurídica y los derechos de la persona desaparecida, y otorgue las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia de sus familiares.

    Entre otras características de esta ley, mencionó, se establecen los criterios para su interpretación; así como un apartado de definiciones que permite establecer el contenido de los preceptos normativos.

    Asimismo, contempla un apartado de los principios básicos que regirán el procedimiento y el actuar de las autoridades involucradas.

    Además, se precisa quiénes son las personas autorizadas para solicitar la Declaración Especial de Ausencia, eliminando o dejando de lado el monopolio que ejerce el Ministerio Público que conoce de una denuncia por la desaparición de una persona, permitiendo que cualquier persona que tengan un interés legítimo pueda solicitar la Declaración Especial de Ausencia.

     

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  • Discursos

    Con la Declaratoria Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas estamos cumpliéndoles a familiares

    Intervención para presentar el dictamen por el que se expide la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia Para Personas Desaparecidas y por el que se reforman diversas disposiciones legales en materia de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición..

     

    Con su venia, señor presidente.

    Señoras senadoras, señores senadores.

    El proyecto de dictamen por el que se expide la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, que se presenta el día de hoy busca dar cumplimiento a uno de los artículos transitorios más importantes de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, particularmente el noveno transitorio.

    Debemos recordar que presentamos la iniciativa en esta materia el 9 de marzo de este año, después de una discusión importante con los colectivos de personas que están buscando a sus seres queridos, de personas desaparecidas las familias, que están integradas en colectivos que han mostrado especial interés en que tomemos en consideración las distintas experiencias y antes de que terminara la legislatura era importante cumplir con este mandato del transitorio de la ley.

    ¿Qué dice el transitorio noveno de la ley? Pues que el Congreso de la Unión deberá legislar en materia de declaración especial de ausencia dentro de los 180 días siguientes al entrar en vigor de la ley, del decreto de la ley.

    Al mismo tiempo, este transitorio señala que las entidades federativas deberán emitir, en su caso, armonizar, la legislación que corresponda a su ámbito de competencia dentro de los 180 días siguientes  a la fecha de la entrada en vigor el decreto de la ley.

    En aquellas entidades federativas donde no se haya llevado a cabo la armonización prevista en el capítulo tercero del título cuarto de esta ley, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, dice el noveno transitorio, resultarán aplicables las disposiciones el referido capítulo no obstante lo previsto en la legislación local aplicable.

    Como saben, al privar a una persona de su libertad y ocultar su paradero, al no saber cuál es la suerte de la persona desaparecida, se le extrae de la protección de la ley y se vulnera, entre otros, su derecho a la personalidad jurídica.

    Una persona desaparecida se enfrenta, no sólo a una privación de la libertad sino también a la imposibilidad de ejercer sus derechos; por lo que el reconocimiento de su personalidad jurídica queda suprimo, hasta en tanto no se localice.

    En este contexto, quienes también resienten de muy diferentes maneras la desaparición de una persona son sus familias, ya que la persona desaparecida en muchos casos es el sustento precisamente de sus familias; además, derivado de la desaparición, sus bienes o propiedades quedan en la incertidumbre, puesto que la mayoría de las veces no hay posibilidad de que sean administrados para garantizar la subsistencia de la familia o de las personas dependientes.

    De lo anterior, se desprende la necesidad de dar cumplimiento entonces a este noveno transitorio de la ley, para que en tiempo y forma este Congreso de la Unión, y el Senado de la República en particular, apruebe la Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, para evitar dejar en la indefensión a todas estas familias y afectar lo menos posible a sus derechos humanos.

    Tomando en consideración que la realidad de las familias que tienen que a una persona desaparecida es distinta, a lo largo y ancho del país, el proyecto de dictamen de este ley fue construido tomando en cuenta las preocupaciones de diversas organizaciones de la sociedad civil dedicadas al tema de solicitud y de tramitación de declaraciones de ausencia, particularmente en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Querétaro y Estado de México.

    Esta experiencia de estos colectivos y de estas organizaciones, nos permiten hoy estar aprobando esta ley que tiene un sentido de tomar las distintas decisiones que se tienen que asumir en el ámbito federal para lograr finalmente que se tenga una procedimiento a nivel federal para la emisión de esta declaración.

    Al ser un procedimiento especial, que deriva de la Ley General, se establece una clara distinción de la naturaleza jurídica y los alcances de los procedimientos de declaración de ausencia y de presunción de muerte, regulados en la materia civil desde hace mucho tiempo, de ahí que el nombre de este procedimiento tenga una connotación diferente, lo requiero remarcar, tiene una connotación diferente de lo que hoy establece el Código Civil y se llame precisamente Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas.

    La idea, señoras y señores, es garantizar la mayor protección de la persona desaparecida y de sus familias, y en un breve tiempo sin que tengan que vivir, por supuesto, la terrible odisea que hoy por desgracia, de manera trágica, están sobreviviendo, evitando por supuesto la revictimización para acceder a un documento que aminore los efectos negativos de la desaparición de su familiar.

    En este sentido, es importante destacar que esta ley propone que se reconozca, proteja y garantice la continuidad de la personalidad jurídica y los derechos de la persona desaparecida, y otorgue las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia de sus familiares.

    Voy a enunciar de manera breve cuáles son las características de esta ley:

    En primer lugar, establece los criterios para su interpretación; así como un apartado de definiciones que permite establecer el contenido de los preceptos normativos; de igual forma se contempla un apartado de los principios básicos que regirán el procedimiento y el actuar de las autoridades involucradas; se precisa quiénes son las personas autorizadas para solicitar la Declaración Especial de Ausencia, eliminando o dejando de lado el monopolio que ejerce el Ministerio Público que conoce de una denuncia por la desaparición de una persona, permitiendo que cualquier persona que tengan un interés legítimo pueda solicitar la Declaración Especial de Ausencia.

    Se establecen los requisitos que debe contener la solicitud de Declaración Especial de Ausencia, incluyendo aquellos que permitan que el órgano jurisdiccional se allegue de toda la información pertinente a fin de que la resolución que emita contemple todos los efectos de la Declaración Especial de Ausencia, y que estos sean los idóneos para salvaguardar los derechos de las personas desaparecidas y de sus familiares.

    Se toma en consideración el enfoque diferencial y especializado, garantizando medidas especiales y específicas para personas de comunidades y pueblos indígenas, así como de personas migrantes.

    Se amplía el catálogo de los efectos que la Declaración Especial de Ausencia, que ese establece en la Ley General, con las experiencias y aportaciones de aquellas entidades federativas que cuentan con una ley específica o con disposiciones en la materia.

    Se establece la representación legal de mutuo acuerdo con los familiares y el órgano jurisdiccional; los criterios en cómo se rinden informes y de cómo se termina la representación legal, la cual siempre será voluntaria y gratuita.

    Particularmente, se materializa el principio de presunción de vida, al darla continuidad a la personalidad jurídica de la personas desaparecida, omitiendo en todo momento la presunción de muerte o algún elemento que la constituya.

    Se busca también, proteger los derechos laborales y de seguridad social que la persona desaparecida detentaba antes de sufrir la comisión de un delito.

    Esta ley permite la posibilidad de que los familiares de una persona desaparecida que haya tenido que optar por una declaratoria por presunción de muerte o una declaratoria por ausencia, en términos de la ley civil, puedan cambiarla a la Declaratoria Especial de Ausencia de conformidad con esta ley; ese es un gran mérito de esta ley.

    Ese es un gran mérito de esta ley, finalmente, es necesario, y quiero destacar lo que dije anteriormente, porque estamos frente a un delito que no prescribe, a un delito que es permanente y continuo, de tal manera que lo que yo acabo de mencionar es uno de los grandes méritos de la ley.

    Finalmente, es necesario precisar que este dictamen va acompañado de diversas reformas y adiciones a siete ordenamientos legales, a fin de permitir que se cumplan los efectos de la Declaratoria Especial de Ausencia.

    Las leyes aquí fueron mencionadas, y por obviedad de tiempo no lo voy a repetir, por el señor Presidente de la Comisión de Gobernación que me antecedió en la palabra.

    Agradecemos a todas y a todos ustedes, su voto favorable por esta importante ley, que hoy, lo reafirmamos, hoy con esta ley estamos cumpliéndoles a todos estos colectivos de familiares de personas desaparecidas que hoy, por desgracia, están sufriendo una gran tragedia, peor encuentran una luz en el camino con la ley en la materia y con esta ley que estaremos a punto de aprobar.

    Muchas gracias a todas y a todos ustedes, además muchas gracias por acompañarnos en todo el proceso de articulación de la ley, de la votación del Consejo anterior, y por supuesto, de la aprobación de esta ley.

    Es cuanto, y muchas gracias presidente por permitirme extenderme en el tiempo.

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  • Discursos

    Definir con claridad el concepto de acoso sexual para evitar impunidad

    Intervención para referirse a favor del dictamen por el que se reforma el artículo 13 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

     

    Con su venia Señor Presidente.

    Señoras Senadoras, Señores Senadores.

    Recibimos una Minuta de la Cámara de Diputados que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en ese sentido es importante señalar que tomamos en la revisión que hicimos de la minuta y el sentido de la exposición de motivos que preocupó a la diputadas y a los diputados, tomamos en las comisiones, particularmente en la comisión de igualdad junto con la comisión de estudios legislativos primera la revisión de esta redacción en el artículo trece.

    Nos parece importante que las adecuaciones que hicimos, van en el sentido que, en primer lugar, quede claro cuál es la diferencia entre hostigamiento sexual al acoso sexual. En segundo aspecto, nos parece relevante que en el caso de acoso sexual haya una ampliación del concepto para que no quede ningún ámbito en donde se pueda estar padeciendo el acoso sexual, esa relación preponderante siempre de alguien que está en una posición jerárquica frente a otra, pueda, en todo caso, dejar algún aspecto del ámbito público y que tiene que ser tomado en consideración como lo estamos haciendo en esta minuta.

    De tal forma que además estamos tomando en consideración distintas modificaciones que se han hecho particularmente desde el comité de la Convención para Eliminar toda Forma de Discriminación contra las Mujeres donde están pidiéndole al Estado que sí tomemos medidas en cuanto a hacer una diferenciación respecto del acoso y cómo tenemos que ampliar todos los campos de relación que pudiera haber entre mujeres y situaciones de jerarquía, para que tengamos posibilidades de atender y sobre todo de proteger de manera debida a las mujeres.

    Actualmente, también, con esta revisión aprovechamos y atendemos la recomendación que desde el último Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas le hizo a nuestro país en 2013, para que pongamos fin a estas prácticas que desde las acciones públicas, acompañemos con políticas públicas específicas para garantizar que no haya ningún tipo de violencia contra las mujeres, sobre todo en los ámbitos de trabajo.

    De tal manera, que vemos con una gran simpatía que nos hayamos puesto de acuerdo y que esperemos que ustedes voten para que estos ajustes que hicimos a la minuta de Cámara de Diputados nos pueda garantizar cumplir con todas estas recomendaciones a nivel internacional.

    Es cuanto y muchas gracias a todos ustedes por su votación.

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  • Discursos

    México sin condiciones para controlar movimientos transfronterizos de desechos

    Intervención  para referirse en contra del dictamen por el que se reforma el artículo 86 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y los artículos 142 y 153 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

     

    Con su venia Señor Presidente.

    Señoras Senadoras, Señores Senadores.

    En el ámbito internacional se han creado diversos ordenamientos legales con la finalidad de regular estas prácticas, motivo de este Dictamen que comisiones unidas de Medio Ambiente y de Recursos Naturales y de Estudios Legislativos Primera presentan en materia de residuos.

    Es importante señalar, por ejemplo, el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos trasfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, también existe la decisión C2002/107 final de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y por su puesto es necesario recordar que el convenio de Basilea señala que uno de los objetivos principales en materia de desechos peligros es, ciertamente, reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos tanto en términos de cantidad como de peligrosidad; eliminar el traslado de desechos peligrosos hacia países carentes de capacidades jurídicas, administrativas y técnicas para manejarlos y eliminarlos de manera ambientalmente racional, es un precepto que tiene que garantizarse de manera debida.

    La pregunta, en todo caso, a partir del propósito de esta Reforma, estamos cumpliendo con la ley para que efectivamente, ya con esta reforma tengamos condiciones de aceptar de otros países, particularmente en la frontera norte por parte de los Estados Unidos, estos residuos, estos desechos peligrosos para que sean eliminados ambientalmente racional, pues ante esa pregunta, la verdad es que no, no es así.  Entonces siempre a los países, en este caso, el trato que se tiene a un país como México, que estamos en un proceso de permanente revisión y de desarrollo para garantizar que tenemos condiciones de manejar de manera ambientalmente racional estos desechos que producimos en nuestro país, pues yo creo que no es momento de que México esté en condiciones de aceptar desechos de otros países.

    La OCDE adoptó la decisión que acabo de mencionar para entre otros objetivos establecer un sistema de control para los movimientos transfronterizos de desechos, el movimiento transfronterizo regulado por estos instrumentos internacionales ciertamente tienen que, a su vez, respaldados por instrumentos nacionales para que haya una total verificación que estos desechos no van a convertirse en un verdadero problema para la salud de nuestros países.

    Yo creo que en el caso de México no estamos, ni aún con esta pequeña reforma de esta Ley que hoy nos ocupa, estamos en condiciones de lograr que estos residuos peligrosos no vayan a afectar, no vayan a impactar ambientalmente a nuestro país. Nos parece, y ese es el sentido de nuestra votación en contra, que un tema tan trascendental tiene que discutirse en un espectro mucho más amplio.

    Lo que se está decidiendo ahora en esta reforma, no garantiza de ninguna manera que no vayamos a tener repercusiones negativas hacia nuestro país, por las utilizaciones inadecuadas de todos estos desechos peligrosos y algunos de ellos que pueden ser verdaderamente perniciosos para la salud de la población que se encuentra en la frontera y sobre todo que se puede ver afectada por la instrumentación de los lugares donde van a ir estos residuos.

    De tal manera que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática hacemos un llamado a que se organice una discusión docta, de manera científica, donde involucremos incluso a los estados del norte, a las poblaciones que pueden ser objeto de la instalación de estos lugares para recibir estos desechos, en este caso particular de Estados Unidos, para que tomemos las previsiones realmente conducentes que nos lleven a que nuestra legislación, como hoy, solamente permite la importación de residuos peligrosos con la finalidad de reutilizarlos o reciclarlos, tengamos condiciones de que esto se haga de manera mucho más conducente para que limitemos incluso que estas importaciones cuando dejen de desincentivar o cuando se convierten en un obstáculo concretado en la reutilización o el reciclaje de estos residuos que son generados dentro el país, se complementa de manera efectiva.

    De tal manera que no tenemos esas condiciones todavía como país, como para abrirnos hacia otros países y que podamos ser el basurero de otros países, en este caso particularmente de Estados Unidos. Hay otros países como China que están medidas precisamente porque la experiencia que tienen ha sido negativa; yo creo que hay que aprender lo que está pasando en otros países. De tal manera, que nosotros votaremos en contra de esta reforma.

    Es cuanto y gracias por su atención.

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