• Boletines

    El matrimonio infantil forzado sigue siendo una realidad en México

    La senadora Angélica de la Peña Gómez urgió a los gobiernos de las treinta y dos entidades federativas a asegurar que el efectivo cumplimiento e implementación del artículo 45 de la Ley General de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes, para garantizar que la edad mínima para contraer matrimonio sea establecida a partir de 18 años e implementen los programas integrales de sensibilización sobre las consecuencias negativas del matrimonio infantil en niñas, niños y adolescentes.
    La legisladora de PRD recordó que todos los estados del país han establecido los 18 años como edad mínima para casarse, sin embargo, aún hay cinco Códigos Civiles estatales permiten que las personas puedan casarse antes de los 18 años por determinación de un juez o una autoridad administrativa: Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro y Sonora.
    En México, al menos 1 de cada 5 mujeres entra en unión conyugal antes de cumplir los 18 años, según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID).
    La tendencia de las uniones tempranas ha variado poco en las nuevas generaciones: Hay 8 millones de mujeres entre 15 y 54 años que se unieron conyugalmente antes de los 18 años. En las mujeres de 50 a 54 años, el 25.3% se unieron antes de los 18 años, en el grupo de 20 a 24 años el 21.4%: una pequeña diferencia en 30 años. (ENADID, 2014).
    Además, en el grupo de 20 a 24 años, el 15.4% ya son madres y el 3.7% de las mujeres se unieron antes de cumplir los 15 años. (ENADID 2014). Las jóvenes hablantes de lengua indígena presentan proporciones muy elevadas de matrimonio infantil, superiores al 40% en Chiapas, Guerrero y Veracruz. (ENADID, 2014).
    El matrimonio de niñas tiene sus raíces en la discriminación de género y tiene múltiples consecuencias: la deserción escolar, el embarazo prematuro, la mortalidad materna, la transmisión intergeneracional de la pobreza y en general la limitación a las oportunidades de vida.
    El matrimonio forzado infantil es un factor de riesgo que vulnera los derechos de las niñas y las adolescentes, que las enfrenta a la posibilidad de ser víctimas de violencia y cursar embarazos no deseados.
    De ahí la importancia que los gobiernos de las treinta y dos entidades federativas armonicen su legislación, particularmente en los Códigos Civiles respecto de la edad mínima para contraer matrimonio. En este contexto, se hace necesaria la revisión del marco jurídico que regula la edad mínima al matrimonio en cada una de las entidades federativas, acompañada de una serie de programas integrales en este tema.
    Por todo lo anterior, la senadora Angélica De la Peña Gómez llevará este tema a la Comisión Permanente en su próxima sesión.

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  • Opinion

    AMLOismo, el nuevo estilo de gobernar

    A dos semanas de la votación cuyo resultado llevará a AMLO a la Presidencia de México, ya está dando materia sobre cómo será su estilo personal de tomar decisiones. Quienes lo apoyan dirán que es su derecho asumir lo que le venga en gana, se votó por el cambio propuesto por él y no hay discusión, pero sí la hay y la habrá siempre que haya lugar.

    Viene al caso recordar una de las obras clásicas de Daniel Cosío Villegas “El Estilo personal de gobernar” para identificar a un gobernante al que hay que calificar por sus hechos, no por su persona; que hable lento me tiene sin cuidado, como vaya a gobernar sí nos debe importar.

    Decía Cosío refiriéndose a la personalidad de Luis Echeverría que nadie debe dudar que el poder del Presidente es inmenso y es inevitable que lo ejerza personal y no institucionalmente y remata que resulta fatal que la persona del Presidente le dé a su gobierno un sello peculiar, hasta inconfundible. Influye su temperamento, carácter, las simpatías, las diferencias, su sello personal. Así ha sido sexenio tras sexenio.

    A mi me motivó, como a muchos que no votamos por López Obrador, que lo que requería el país era avanzar y consolidar la gobernabilidad democrática y dar un giro de timón hacia un régimen inscrito en una coalición de gobierno, en donde hubiese un equilibrio real de los tres poderes de la Unión, se reafirmase el pacto federal, y se consolidara la plena independencia de todos los organismos autónomos, la Fiscalía General de la República incluida.

    Hoy algunas notas lo reflejan como patriarca del gran clan morenista: ya ordenó que Monreal sea el coordinador de los senadores, no dio pie a que le crecieran los enanos, como se dice coloquialmente cuando un discípulo rebasa a su maestro; quien cree que hubo debate y votación dentro del grupo parlamentario, está equivocado, al igual que en el PRI, el Presidente nombra al coordinador, así ha sido y nada cambiará en el próximo sexenio.

    No sólo nombra a su gabinete, es normal que decida con quien trabajará, lo llamativo es que eliminará a todos los delegados de las instituciones federales que están en las entidades federativas para nombrar a un solo coordinador o coordinadora que dependerá directamente de él, es decir, una sola persona tendrá la representación de todas las secretarías de estado en cada uno de los 31 estados y la Ciudad de México, funcionarios políticos, con aspiraciones políticas, dígase aspirantes a las gubernaturas, aunque se quiera camuflar que sus funciones serán meramente administrativas.

    ¿Qué serán estos 32 coordinadores? Los nuevos virreyes enviados por el Jerarca Presidente? ¿Qué pensarán los gobernadores? ¿Se imaginan el poder que tendrán al ser la voz del Presidente?

    Olvídense de aquellas propuestas que muchos impulsamos para que los Estados fuesen libres y soberanos, con transparencia y rendición de cuentas, junto con la Federación, bajo el visor de un Sistema Nacional Anticorrupción.

    Es pernicioso que las finanzas que dependen de la federación sea utilizada con discreción y todo indica que será peor. El argumento de que así se va a evitar la corrupción es tan absurda y solo refleja que López Obrador en vez de transformar, fortalecer y respetar las Instituciones, reconstruir estructuralmente lo que no funciona, concentrará el poder como un hombre omnipotente sobre el que alertamos en la campaña.

  • Opinion

    Fiscalía sin autonomía ¿el primer tropiezo?

    El 1 de julio el voto mayoritario le dio el poder de transformar las instituciones, hoy preocupantemente ya estamos apelando a la voluntad política de Lopez Obrador para concretar una Fiscalía General de la República mediante la reforma al artículo 102 apartado A.

    Puede nombrarse una Fiscalía con una personalidad propuesta por las organizaciones de la sociedad civil y especialistas, como dice la Constitución, con profesionales que logren la transformación estructural que deje atrás el desastre que es la PGR. Claro que se puede, si lo quiere López Obrador, incluso antes de que asuma la presidencia, desde septiembre, pues tiene la mayoría en el Congreso y en los congresos locales. Es cuestión, insisto, de su voluntad.

    Es importante eliminar el llamado “pase automático” antes de que entre en vigor la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, como una medida de transparencia y control constitucional; la reforma que quite el pase automático está en proceso en los congresos locales y sólo hace falta que cinco la aprueben para que se haga la declaratoria y sea vigente.

    En el supuesto de que se lograse la modificación del artículo 102, sería un gran avance porque se trazarían los preceptos sustantivos de la transformación estructural no sólo de la Fiscalía General, sino de las 32 Fiscalías de las entidades, aunque ya están nombradas más de la mitad. Se podría abundar en las características de quiénes ocupen la Fiscalía y las fiscalías de delitos electorales y para delitos contra la libertad de expresión.

    Habiendo sido parte del Senado de la República, debo resaltar que el PRI no tuvo voluntad política para aprobar una reforma que incluyera el artículo 102 e incluso, la Ley Orgánica de la Fiscalía, pero su recelo a las OSC prevaleció sobre su responsabilidad. Hoy, aunque puedo equivocarme y por el bien de la Nación, ojalá me equivoque, nada cambiará con la mayoría parlamentaria de Morena.

    El equipo cercano de Lopez Obrador ha comentado que tiene la intención de enviar una terna de personas para que el Senado decida. El método pareciera el mismo, pero no es así. La CPEUM señala que las organizaciones envía diez nombres, y de esos, el Titular del Ejecutivo escoge una terna y la envía al Senado. Que las OSC decidan los nombres de entre los cuáles surgiría el o la Fiscal, garantizaría que sean profesionales con trayectoria y conocimientos incuestionables y, sobretodo, independientes del Presidente de la República.

    Una Fiscalía autónoma e independiente es fundamental para cualquier democracia. Las malas experiencias nos impiden confiar en la procuración de justicia sin ministerios públicos independientes, incorruptibles y debidamente profesionales; un ejemplo del daño que pueden causar: el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos de manera forzosa, el cual Murillo Karam quiso dar por concluido con una investigación cuestionada y que hoy está en una litis para reabrir el caso, emprendida por un Tribunal Colegiado que pretende la creación de una Comisión de la verdad.

    Las OSC están obligadas a persistir en lograr compromisos claros de quien será Presidente para contar con la institución de procuración de justicia que necesita el país. No hacerles caso, no es dictadura, dice AMLO, imponer su voluntad, entonces, ¿cómo se llamaría?

  • Boletines

    Eliminar la influencia y participación del Ejecutivo en la designación del Fiscal General, obligación de López Obrador

    Para Angélica de la Peña, senadora del PRD, resultan sorpresivas y contradictorias las recientes declaraciones de la eventual Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en el sentido de que López Obrador quiere la conformación de una Fiscalía General de la República independiente y autónoma, pero sin modificar el actual procedimiento de designación del Procurador General de la República, es decir, presentando a la cámara alta una terna de gente “impecable”, con un currículum y una imagen pública “a prueba de todo”, dejando en manos del Senado la decisión (sic).

    “Esta posición contraviene la creación de una Fiscalía General de la República capaz de realizar investigaciones independientes y eficaces, toda vez que dejar en manos del titular del Poder Ejecutivo la decisión de una terna impide una actuación verdaderamente autónoma, imparcial y efectiva de las instituciones encargadas de procurar justicia y, por el contrario, genera una mayor debilidad institucional que condiciona el ejercicio de gobierno y amenaza la convivencia social, ya que en el fondo lo que subyace es una discusión trascendental sobre la viabilidad y la vigencia de nuestra democracia y es una falta a lo que señala la Constitución”, apuntó de la Peña Gómez.

    En razón de lo anterior y con el propósito de coadyuvar en la construcción de una Fiscalía General verdaderamente independiente y autónoma, la Senadora Angélica de la Peña Gómez presentó nuevamente una Iniciativa para que sea el poder legislativo, a través del Senado, el órgano facultado para nombrar y remover a la persona titular de la Fiscalía General de la República, de conformidad con lo que establezca el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución; que la persona titular de la Fiscalía General dure en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección, y que pueda será designado y removido conforme a lo siguiente:

    La persona titular de la Fiscalía General de la República será designada por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República. La ley determinará los procedimientos y los plazos a seguir para integrar y procesar las propuestas que se presenten ante la propia Cámara.

    La elección de la persona titular de la Fiscalía General de la República se ajustará a un procedimiento de consulta pública que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley.

    La persona titular de la Fiscalía General sólo podrá ser removida de sus funciones con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República, por las causas graves que establezca la nuevs ley o en los términos del Título Cuarto de la Constitución.

    La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales, de combate a la corrupción y contra violaciones graves a derechos humanos, cuyos titulares serán nombrados y removidos por la persona titular de la Fiscalía General de la República, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República, en el plazo y bajo los procedimientos que fije la ley.

    La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. La persona titular de la Fiscalía General presentará anualmente a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Unión un informe de actividades. Comparecerá ante cualquiera de las Cámaras cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión. La persona titular de la Fiscalía General de la República y sus agentes, serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.

    La legisladora resaltó que el previo nombramiento del Fiscal General, la nueva legislatura deberá abrir el debate con la sociedad civil, los especialistas y la academia, a fin de elaborar la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

    “Debe eliminarse por completo la influencia y participación del Poder Ejecutivo como condición necesaria para garantizar la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la República y sentar las bases para un nuevo esquema de control político constitucional que no esté subordinado al conflicto entre poderes”, concluyó la senadora Angélica de la Peña.

     

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  • Iniciativas

    Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76, 89 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo Décimo Octavo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 02 de febrero de 2014

    SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO

    PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

    COMISIÓN PERMANENTE

    DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

    PRESENTE

     

    Quien suscribe,  Angélica de la Peña Gómez, Senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, Fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que respecta al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto al tenor de la siguiente:

     

    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

    La creación de una Fiscalía General de la República capaz de realizar investigaciones independientes y eficaces, además de ser un requisito indispensable para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, constituye uno de los retos más relevantes de nuestro tiempo, en aras de apuntalar el Estado de derechos y hacer frente a la debilidad institucional que condiciona el ejercicio de gobierno y amenaza la convivencia social.

    De ahí la importancia que ha adquirido en los últimos meses el debate público sobre los mecanismos de participación de los distintos poderes ·en los procesos de designación y remoción de fiscales; o bien, sobre la exigencia social que demanda de manera cada vez más enérgica una actuación verdaderamente autónoma, imparcial y efectiva de las instituciones encargadas de procurar justicia. En el fondo, lo que subyace es una discusión trascendental sobre la viabilidad y la vigencia de nuestra democracia.

    Por ello, estamos obligados a explorar todas las formulas existentes para asegurar que las decisiones que tomemos en cuanto a la integración y funcionamiento de la Fiscalía General de la República, atiendan a las necesidades y características particulares de un país como el nuestro.

    Son dos las variables que el día de hoy, a diferencia de lo que acontecía apenas hace un par de meses, generan condiciones inmejorables para la consecución de este objetivo y el cumplimiento de esta demanda social:

    La primera de estas variables es la elección de un nuevo gobierno, el cual,  aún a pesar de su propuesta de designar directamente a una terna, deberá entender que la exigencia social es que la persona que asuma la titularidad de la Fiscalía General de la Nación sea completamente autónoma e independiente, sin ningún tipo de lazo o nexo con el Presidente. Y la segunda, es la sentencia que el pasado 4 de junio de 2018 emitió un Tribunal Colegiado de Tamaulipas ordenando reponer el procedimiento del “Caso Ayotzinapa” y crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala).

    En esta sentencia histórica y sin precedente, los magistrados concedieron la protección de la justicia federal a los quejosos, para efecto de reponer el procedimiento y requerir al Ministerio Público de la Federación que presente dictámenes elaborados por peritos independientes que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul; en caso de no presentarlos con las exigencias del Protocolo, se determinó que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura.

    Con relación a la investigación del “Caso Ayotzinapa”, se estableció que la misma no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la Procuraduría General de la República, como lo exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los Protocolos adoptados por la Organización de las Naciones Unidas. En consecuencia, ante las graves violaciones a los derechos humanos, como lo son la tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, y debido a que se ordenó investigar la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, aunado a que en México no se cuenta con una Fiscalía independiente, se determinó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala).

    Por lo tanto, hoy más que nunca, resulta indispensable tomar en cuenta lo siguiente: de acuerdo con el Informe denominado “Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia: Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas”, publicado por la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) el 05 de diciembre de 2013, “e/ grado de independencia de las fiscalías en relación con otros órganos del poder público es un factor determinante que encuentra expresiones diversas en los distintos Estados del hemisferio”[1].

    En el Informe de referencia se describe que hay. Estados que cuentan con una Fiscalía o Ministerio Público que funciona como un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera[2].

    En otros Estados, la Fiscalía forma parte de la rama o Poder judicial[3], con autonomía administrativa y presupuestal en algunos casos[4]. Asimismo, en un número importante de Estados, la Fiscalía o Procuraduría está situada en el Ejecutivo, pero el grado de vinculación es diverso.

    En algunos Estados, es un organismo identificado con el Ejecutivo[5] o adscrito jerárquicamente al Ejecutivo[6]. En otros, si bien está situado constitucionalmente en el Ejecutivo, la norma que lo crea establece que no está sujeto en el ejercicio de sus funciones a la dirección o al control de ninguna otra persona o autoridad[7]. Finalmente, en algunos otros Estados, la Fiscalía tiene su origen en el órgano Legislativo y rinde cuentas a este órgano[8].

    Al respecto, la CIDH señala que el derecho internacional se ha referido a la importancia de que las investigaciones y, a un nivel más amplio, las actividades relacionadas con la persecución del delito, sean independientes e imparciales como medio para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas del delito.

    La CIDH también ha destacado la importancia de que las investigaciones de violaciones de derechos humanos, además de inmediatas y exhaustivas, sean independientes e imparciales[9] y la Relatoría de la ONU ha resaltado la importancia de garantizar que las y los fiscales puedan llevar a cabo su propia labor de modo independiente, autónomo e imparcial[10].

    La CIDH considera que la relación de dependencia que puedan tener las fiscalías respecto de otros órganos puede tener un impacto en su actuación independiente, tanto en la efectividad e impulso en las investigaciones como en la decisión de ejercicio de la acción penal o archivo de la investigación así como las implicaciones que tenga en el debido proceso.

    Es por ello que en el derecho internacional existen algunos criterios generales que permiten identificar la independencia institucional de la cual deben gozar las fiscalías públicas para garantizar que realicen de manera efectiva y compatible con los estándares de derechos humanos su respectivo rol en el acceso a la justicia y garantía del debido proceso.

    En lo que respecta a la relación de las fiscalías con el Poder Ejecutivo, la CIDH recuerda que la Relatoría Especial de las Naciones Unidas ha señalado la necesidad de garantizar la autonomía del Ministerio Público respecto de dicho poder, en virtud de que puede minar la confianza y credibilidad de la autoridad a la que se encomienda investigar los delitos de forma objetiva[11].

    Dicha autonomía, por ejemplo, se expresa según el Consejo de Europa en que se garantice que la naturaleza y el alcance de los poderes del Gobierno con respecto al Ministerio Público se establezcan en forma precisa por ley, y el Gobierno ejerza sus competencias de una manera transparente, de conformidad con los tratados internacionales, la legislación nacional y los principios generales del derecho[12].

    Así, por ejemplo, en el caso donde las Fiscalías estuvieran adscritas al Ejecutivo, el Consejo de Europa ha recomendado que cuando el Gobierno dicte instrucciones de carácter general, esas instrucciones deberían ser por escrito y publicadas de manera adecuada. Si las instrucciones son para elevar un caso específico a juicio, estas instrucciones deben contener las garantías adecuadas de transparencia y equidad conforme a la legislación nacional[13]. Asimismo, las instrucciones de no investigar en un caso concreto deberían estar prohibidas[14].

    Sin perjuicio de lo anterior, en .los países en los cuales la Fiscalía se encuentre adscrita al poder ejecutivo, aun cuando la subordinación a la autoridad en algunos Estados pudiera ser más una cuestión de principio que una realidad, en el sentido de que el poder ejecutivo evite en la práctica injerirse en los casos individuales o las decisiones de funcionamiento[15] la CIDH considera que en los casos de violaciones de derechos humanos, los riesgos que presenta este modelo se incrementan cuando las Fiscalías deben iniciar investigaciones contra miembros del Ejecutivo, por la injerencia directa o indirecta que puede provenir de esta rama del Poder.

    Al respecto, la CIDH en el caso La Cantuta vs. Perú, verificó que la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú había encontrado que el Ministerio Público “no cumplía con su deber de investigar adecuadamente los crímenes por su falta de independencia frente al Poder Ejecutivo”[16].

     

     

    Asimismo, la CIDH ha señalado en sus informes de país que cuando la Fiscalía depende del Ejecutivo y tiene el monopolio exclusivo y excluyente del ejercicio de la acción penal, esta circunstancia ha generado, en no pocos casos, distorsiones, abusos y manipulaciones que no han podido solucionarse por la vía jurisdiccional. Así, en su visita a México, la Comisión insistió en la importancia de desarrollar la independencia, autonomía e imparcialidad que debe gozar el Ministerio Público respecto del Ejecutivo[17].

    Por otro lado, en lo que respecta a la relación de la Fiscalía respecto del poder legislativo, la CIDH nota que la Declaración de Burdeos indica de manera específica que el Parlamento no debe “intentar influenciar indebidamente las decisiones del ministerio público relativas a un asunto concreto, para determinar el modo de actuar en un determinado caso, u obligar al ministerio público a modificar su decisión”[18].

    La CIDH es de la opinión de que, atendiendo a los riesgos que conlleva a una investigación independiente, los Estados deben garantizar que las Fiscalías no se encuentren subordinadas a los órganos parlamentarios, y dicha subordinación no debe reflejarse inclusive en cualquier tipo de condicionamiento por parte del parlamento relacionado con la asignación de su presupuesto.

    Asimismo, en cuanto a los marcos normativos que establecen la rendición de cuentas del o la Fiscal General ante el parlamento, la Comisión de Venecia ha recomendado que los Estados descarten la posibilidad de que el Fiscal General rinda cuentas al Parlamento en los casos individuales en que se emprendan o no acciones judiciales a fin de evitar un menoscabo en la investigación independiente debido a que los fiscales tomen decisiones institucionales sólo con el objetivo de gozar de popularidad en el Parlamento[19].

    Finalmente, en lo que se refiere a la independencia respecto del Poder Judicial, la CIDH observa que de conformidad con /as Directrices sobre la Función de /os Fiscales uno de los primeros aspectos a tomar en cuenta en la dimensión institucional de las fiscalías es que “[e]l cargo de fiscal [debe] estar [ … ] estrictamente separado de· las funciones judiciales”[20].

    Esta diferenciación a juicio de la Relatora de la ONU radica en la necesidad de que el público perciba que los fiscales y jueces desempeñan funciones diferentes para que exista una confianza pública en el funcionamiento adecuado del Estado de Derecho, la cual está mejor garantizada cuando cada institución del Estado respeta la esfera de competencia de las demás. La anterior separación es fundamental para que sea observado el principio de igualdad entre una y otra función y en la administración imparcial de la justicia[21].

    La CIDH considera que la separación de las funciones de jueces respecto de las de fiscales se logra de la forma más efectiva a través de la separación institucional de las Fiscalías respecto del Poder judicial, la cual permite a los justiciables tener claridad en cuanto a que los actos del fiscal que afectan a los derechos humanos, como el registro y la detención, estarán bajo el control debido de las y los jueces quienes actuarán de una manera independiente y nunca en colusión con los propios fiscales o ministerios públicos[22]. De allí que la Comisión considere conveniente que los Estados separen institucionalmente a las fiscalías de los poderes judiciales.

    En vista de lo expuesto, la CIDH, al igual que la Relatoría de Naciones Unidas, ha insistido en que la falta de independencia institucional de la Fiscalía puede minar la credibilidad de la autoridad investigadora y socavar la confianza pública en la administración de justicia[23]. Por lo tanto, la CIDH es de la opinión de que al efecto de evitar los riesgos para una actuación independiente las fiscalías en principio, no deberían formar parte de ningún otro Poder y dicha independencia debería ser asegurada constitucionalmente.

    Con estos antecedentes y modelos como referentes, el objeto de la presente iniciativa es aportar un modelo alternativo a la discusión que tiene lugar en nuestro país, en un momento histórico particular en el que han quedado expuestas las problemáticas concretas que derivan de la participación directa del Poder Ejecutivo en el proceso de designación y remoción de las personas titulares de los órganos de procuración de justicia.

    Por un lado, las propuestas del ejecutivo comprometen y condicionan el voto de la representación parlamentaria del partido en el gobierno, y sujetan parte de la decisión del Poder Legislativo a la voluntad del Ejecutivo. En nuestra perspectiva, es mejor si solo el poder legislativo, que es un poder plural y representativo, decide ·si designa o remueve a un fiscal sin intervención de otro poder.

    Por ello, la premisa fundamental de la que parte esta iniciativa es la de eliminar por completo la influencia y participación del Poder Ejecutivo como condición necesaria para garantizar la autonomía e independencia y sentar las bases para un nuevo esquema de control político constitucional que no esté subordinado al conflicto entre poderes.

    Tal y como lo establecen los párrafos 8 y 9 de la Declaración de Burdeos, el ministerio público es una autoridad independiente, que ha de actuar con arreglo a la ley, al más alto nivel.

    En un Estado democrático, ni el Parlamento, ni ninguna instancia gubernamental, pueden intentar influenciar indebidamente las decisiones del ministerio público relativas a un asunto concreto, para determinar el modo de actuar en un determinado caso, u obligar al ministerio público a modificar su decisión.

    La independencia del ministerio público, es imprescindible para permitirle cumplir su misión. Ésta refuerza su papel en el Estado de derecho y en la sociedad, y representa también una garantía para que el sistema judicial funcione con imparcialidad y eficacia y para que todos los efectos beneficiosos que cabe esperar de la independencia de los jueces sean efectivos A semejanza de la independencia que es propia de los jueces, la independencia que debe reconocerse al ministerio público, no constituye una prerrogativa o un privilegio concedido en interés de sus miembros, sino una garantía para una justicia equitativa, imparcial y eficaz que protege los intereses públicos y privados de las personas afectadas.

    La misión del fiscal, que puede caracterizarse por los principios de legalidad o de oportunidad de las actuaciones, difiere, según el sistema existente en cada Estado, en función del lugar que ocupa el ministerio público en el paisaje institucional y en el procedimiento penal.

    En este contexto, proponemos que sea el poder legislativo, a través del Senado, el órgano facultado para nombrar y remover a la persona titular de la Fiscalía General de la República, de conformidad con lo que establezca el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución; que la persona titular de la Fiscalía General dure en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección, y que pueda será designado y removido conforme a lo siguiente:

    La persona titular de la Fiscalía General de la República será designada por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República. La ley determinará los procedimientos y los plazos a seguir para integrar y procesar las propuestas que se presenten ante la propia Cámara.

    La elección de la persona titular de la Fiscalía General de la República se ajustará a un procedimiento de consulta pública que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley.

    La persona titular de la Fiscalía General solo podrá ser removida de sus funciones con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República, por las causas graves que establezca la ley o en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

    Las ausencias de la persona titular de la Fiscalía General serán suplidas en los términos que determine la ley. En los recesos del Senado, la Comisión Permanente lo convocará de inmediato a sesiones extraordinarias para la designación de la persona titular de la Fiscalía General.

    La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales, de combate a la corrupción y contra violaciones graves a derechos humanos, cuyos titulares serán nombrados y removidos por la persona titular de la Fiscalía General de la República, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República, en el plazo y bajo los procedimientos que fije la ley.

    La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. La persona titular de la Fiscalía General presentará anualmente a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Unión un informe de actividades. Comparecerá ante cualquiera de las Cámaras cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión. La persona titular de la Fiscalía General de la República y sus agentes, serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.

    Para la etapa de transición, proponemos que los titulares de las fiscalías nombrados en términos del presente transitorio durarán en su encargo hasta el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, sin perjuicio de que puedan ser removidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República, a propuesta del Procurador General de la República. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

    PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO EL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA POLÍTICA-ELECTORAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 02 DE FEBRERO DE 2014.

     

    ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 76, 89 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo Décimo Octavo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 02 de febrero de 2014, para quedar como sigue:

    Artículo 76.

    I a XII …

    XIII. Nombrar y remover a la persona titular de la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución, y

    Artículo 89. …

    I a VIII. …

    1. Se deroga.

    X a XX… Artículo 102.-

    A.-…

    Para ser persona titular de la Fiscalía General de la República se requiere: tener el pleno goce y ejercicio de la ciudadanía mexicana; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho y experiencia verificable de al menos cinco años en materia penal; gozar de buena reputación , y no haber sido condenado por delito doloso; presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial; fiscal y de posible conflicto de intereses, de forma previa a su nombramiento; no haber tenido candidatura ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular o cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación; no haber sido titular de alguna secretaría de Estado, subsecretario u oficial mayor en la administración pública federal o estatal, ni haber sido titular de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, de gubernatura de entidad federativa alguna, ni secretaría de gobierno o consejería de la judicatura, a menos que se haya separado de su cargo con un año antes del día de su designación; y en el ejercicio de su encargo no haber sido objeto de recomendaciones de los organismos de defensa de los derechos humanos.

     

    La persona titular de la Fiscalía General durará en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección, y será designado y removido conforme a lo siguiente:

     

    I.- La elección de la persona titular de la Fiscalía General de la República se ajustará a un procedimiento de consulta pública que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley.

    El Senado contará con treinta días para llevar a cabo las comparecencias de las personas propuestas, formular la terna que pondrá a consideración del Pleno y elegir a la persona titular de la Fiscalía General de la República por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.

    En los recesos del Senado, ante la ausencia definitiva de la persona titular de la Fiscalía General, la Comisión Permanente lo convocará de inmediato a sesiones extraordinarias para su designación.

    II.- La persona titular de la Fiscalía General solo podrá ser removida de sus funciones con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República, en los términos del Título Cuarto de la Constitución y en los siguientes casos:

    1. a) Cuando transgreda en forma grave o reiterada las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Leyes Federales, cuando cause perjuicios graves a la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones;
    2. b) Por cometer violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos;
    3. c) Incumplir de manera notoria o reiterada con las obligaciones establecidas en la presente Constitución;
    4. d) Atacar a la forma de gobierno republicano representativo y local;
    5. e) Ataque a las instituciones democráticas;
    6. f) Utilizar, en beneficio propio o de terceros, la información de que disponga en razón de su cargo, así como divulgar tal información en términos distintos a los autorizados por esta Constitución;
    7. g) Participar en actos partidistas en representación de la Fiscalía;
    8. h) No excusarse de participar en las tomas de decisiones en las que sus intereses personales se encuentren en conflicto, en los términos establecidos en esta Constitución y las Leyes.

    III. Las ausencias de la persona titular de la Fiscalía General serán suplidas por la persona titular de la Fiscalía de procedimientos penales y amparo.

    La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales, de combate a la corrupción, contra violaciones graves a derechos humanos y de procedimientos penales y amparo cuyos titulares serán nombrados y removidos por la persona titular de la Fiscalía General de la República, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República, en el plazo y bajo los procedimientos que fije la ley.

    La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

    La persona titular de la Fiscalía General presentará anualmente a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Unión un informe de actividades. Comparecerá ante cualquiera de las Cámaras cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión.

    La persona titular de la Fiscalía General de la República y sus agentes, serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.

    B.-…

    TRANSITORIOS

     

    PRIMERO al DÉCIMO SÉPTIMO.-…

    DÉCIMO OCTAVO.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto el Senado nombrará por dos terceras partes de sus miembros presentes al titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.

    En el plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de este Decreto, el Procurador General de la República expedirá el acuerdo de creación de la fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción y de la fiscalía especializada en materia de violaciones graves a derechos humanos, cuyo titular será nombrado por el Senado en los términos del párrafo anterior.

     

     

    Los titulares de las fiscalías nombrados en términos del presente transitorio durarán en su encargo hasta el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, sin perjuicio de que puedan ser removidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República, a propuesta del Procurador General de la República.

    DÉCIMO NOVENO al VIGÉSIMO PRIMERO.-…

     

     

    Suscribe

     

     

     

     

     

    Sen. Angélica de la Peña Gómez

     

     

    Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 04 días del mes de julio de 2018

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    [1] https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia-2013.pdf

    [2] Por ejemplo, Constitución Nacional de la República Argentina, Convención Nacional Constituyente, 22 de agosto de 1994, artículo 120; Constitución Política de la República de Chile, adoptada en 1980, artículo 83; Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República de El Salvador, adoptada el 27 de abril de 2006, artículo 13; y Constitución Política de la República de Guatemala, adoptada el 31 de mayo de 1985, artículo 251 , y Decreto 40- 94, Ley Orgánica del Ministerio Publico de Guatemala, adoptada el 17 de noviembre de 1993, artículo 1.

    [3] Por ejemplo, Constitución Política de Colombia, publicada en la Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991, artículo 249; Ley 7 442, Ley Orgánica del Ministerio Público de Costa Rica, adoptada el 25 de octubre de 1994, artículo 1 y 3; y Constitución de Suriname (Grondwet van Suriname), adoptada el 30 de septiembre de 1987, artículo 133.

    [4] Por ejemplo, Constitución Política de Colombia, publicada en la Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991 , artículo 249; y Ley 7442, Ley Orgánica del Ministerio Público de Costa Rica, adoptada el 25 de octubre de 1994, artículo 1 y 3.

    [5] Por ejemplo, Act to Establish the Department of Justice de Estados Unidos de América, promulgada el 22 de junio de 1870.

    [6] Por ejemplo, Decreto-Ley No. 15365 sobre el Ministerio Público · y Fiscal, adoptado el 21 de diciembre de 1982, artículo 1 (Argentina).

    [7] Por ejemplo, “Director of Public Prosecutions” Act, parte 3 de “The Act providing for conflict of interest rules, restrictions on election financing and measures respecting administrative transparency, oversight and accountability” de Canadá, promulgada el 12 de diciembre de 2006, artículo 3, conforme al cual existe un Director de Fiscalía autónomo designado por el Gobierno a propuesta del Procurador Gener~l, quien es, a su vez, Ministro de Justicia. Están situadas en el Ejecutivo, con un Procurador General y un Director de Fiscalía, entre otras, las Procuradurías de: Antigua y Barbuda, Constitución de Antigua y Barbuda (The Constitution of Antigua and Barbuda), adoptaba el 7 de noviembre de 1981, artículos 82 y 87; Constitución de Barbados (The Constitution of Barbados), adoptada el 22 de noviembre de 1966, artículos 72, 79 y 101; Constitución · de Belice (The Constitution of Belize), adoptada el 21 de septiembre de 1981, artículos 42 y 50; Constitución de la Commonwealth the Dominica (The Constitution of the Commonwealth of Dominica), adoptada en 1978, artículos 71, 72 y 88; Constitución de Guyana (Constitution of Guayana) adoptaba el 6 de octubre de 1980, artículos 112 y 116; y Constitución de Jamaica (The Constitution of Jamaica), adoptada el 24 de julio de 1962, artículos 79 y 94. Forma también parte del Ejecutivo la Procuraduría de México, Ley orgánica de la procuraduría general de la república, publicada en el Diario Oficial de la Federación el29 de mayo de 2009, Última reforma publicada DOF 14-06-2012, artículos 1 y 2.

    [8] Por ejemplo, Constitución Política de la República de Cuba, adopta el 15 de febrero de 1976, artículos 75 y 129.

    [9] Corte IDH. Caso Cantora! Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, párr. 132 y 133. Entre otros instrumentos internacionales, Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, artículo 12; Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, artículo 12.1 ; y Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, Recomendada por el Consejo Económico y Social en su resolución 1989/65, de 24 de mayo de 1989, principio 9.

    [10] Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados. NHRC/20/19, 7 de junio de 2012, párr. 26.

    [11] Naciones Unidas. Consejo de derechos humanos. Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Gabriela Knaul, Misión a México, A/HRC/17/30/Add.3, 18 de abril de 2011, párr.16, donde la Relatora Especial dice: “El Procurador General de la República, quien preside al Ministerio Público Federal, es designado por el titular del Ejecutivo Federal-con la ratificación del Senado. Uno de los retos que enfrenta la procuración de justicia en México -tanto a nivel federal como local- es la falta de autonomía del Ministerio Público frente al Poder ejecutivo, lo cual puede minar la confianza y credibilidad de la autoridad a la que se le encomienda investigar los delitos de forma objetiva”. En un sentido similar, Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 138

    [12] Consejo de Europa, Comité de Ministros. Recomendación Rec (2000) 19 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre el papel del Ministerio Público en el sistema de justicia penal. Adoptada por el Comité de Ministros el 6 de octubre 2000 en la 724 a reunión de Ministros, párr.13, a) y b).

    [13] Consejo de Europa, Comité de Ministros. Recomendación Rec (2000) 19 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre el papel del Ministerio Público en el sistema de justicia penal. Adoptada por el Comité de Ministros el 6 de octubre 2000 en la 724 a reunión de Ministros, párr.13, e) y d).

    [14] Consejo de Europa, Comité de Ministros. Recomendación Rec (2000) 19 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre el papel del Ministerio Público en el sistema de justicia penal. Adoptada por el Comité de Ministros el 6 de octubre 2000 en la 724 a reunión de Ministros, párr.13, f).

    [15] Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados. NHRC/20/19, 7 de junio de 2012, párr. 27.

    [16] Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconcialiación, 2003, tomo VIII , Conclusiones Generales, párrs. 123-131 , disponible en http://www.cverdad.org.pe/ifinal/index. php citado en Corte IDH. Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 75.

    [17] CIDH. Informe sobre la situación de los derechos humanos en México, OEA/ Ser.L/11.100. Doc. 7 rev.1, Septiembre 24 de 1998, párr. 372.

    [18] Consejo Consultivo de Jueces Europeos y Consejo Consultivo de Fiscales Europeos. Declaración de Burdeos, sobre los jueces y fiscales en una sociedad democrática, Strasbourg, 8 décembre 2009, nota explicativa, párr. 26.

    [19] Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia). Informe sobre las normas europeas relativas a la independencia del sistema judicial: Parte 11 – el Ministerio Público. Adoptado por la Comisión de Venecia en su 85a reunión plenaria (Venecia, 17-18 de diciembre de 201 0), Estrasburgo, 3 de enero de 2011, párr. 42.

    [20] Naciones Unidas. Directrices sobre la Función de los Fiscales, Aprobadas por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, directriz 1 O.

    [21] Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados. A/HRC/20/19, 7 de junio de 2012, párr. 40.

    [22] 81 Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia). Informe sobre las normas europeas relativas a la independencia del sistema judicial: Parte 11- el Ministerio Público. Adoptado por la Comisión de Venecia en su 85a reunión plenaria (Venecia, 17-18 de diciembre de 201 0), Estrasburgo, 3 de enero de 2011, párr. 73

    [23] Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados. A/HRC/20/19, 7 de junio de 2012, párr. 26.