• Boletines

    Congresos estatales obligados a convocar a la sociedad para construir la independencia y autonomía de sus ministerios públicos: de la Peña Gómez

    La senadora Angélica de la Peña exhortó a los Congresos de las entidades federativas a iniciar el proceso para construir las reformas legislativas necesarias a fin de contar con ministerios públicos autónomos.

    Para lo anterior, en su propuesta de punto de acuerdo, la senadora del sol azteca apunta que los congresos estatales deben convocar un amplio proceso de consulta pública abierta, plural y transparente con organizaciones de la sociedad civil, escuelas de derechos, barras y colegios de abogados y académicos que les permita contar con un diagnóstico certero.

    De acuerdo a diversos especialistas, nuestro país en materia de procuración de justicia enfrenta una disyuntiva histórica, o generamos un nuevo modelo de arquitectura institucional acorde al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que haga operable a los ministerios públicos, que sea capaz de replicarse en las 33 procuradurías y fiscalías de los dos órdenes de gobierno o perpetuamos un sistema de impunidad.

    De la Peña Gómez resaltó que uno de los retos para consolidad el nuevos sistema de justicia penal acusatorio es contar con investigaciones sólidas que permitan hacer efectivo el acceso a la justicia, sin embargo, uno de los obstáculos que enfrentan los ministerios públicos en todo el país es la ausencia de un modelo homologado de organización, gestión y operación.

    Estamos ante una coyuntura, explicó, que deberíamos aprovechar para que en todo el país el ministerio público sea autónomo, independiente, profesional, con objetivos claros y capacidades para la atención a las víctimas y fundamentalmente para la investigación y persecución efectiva de los delitos.

    Sin embargo a nivel de las entidades federativas más más de la mitad de las procuradurías locales si bien implementaron los cambios legislativos encaminados a un  contar con un modelo de fiscalía más profesional y autónomo, en la realidad en muchos de los casos estas transiciones fueron solo cambio de denominación o de membrete, ya que no dotaron de autonomía a la institución (o lo hicieron sólo de manera relativa) y tampoco modificaron sus métodos de trabajo y prácticas institucionales, es decir, se trató de transiciones nominales, sin cambios institucionales ni diseños y contrapesos que garanticen una real autonomía de los ministerios públicos.

    “A través de la presente proposición los exhortamos a discutir también, de qué manera se pueden crear garantías para dar forma concreta a este modelo y, sobre todo, la independencia de los fiscales que conducen investigaciones criminales, la profesionalización de los servicios periciales y un servicio civil de carrera. Tan importante es la autonomía garantizada en la ley, como la creación de todos los elementos técnicos necesarios en la procuración de justicia para que la operación de la nueva Fiscalía sea autónoma y eficaz”, concluye la senadora Angélica de la Peña Gómez.

     

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  • Opinion

    Gobernación, la súpersecretaría fallida

    Los informes de las organizaciones de la sociedad civil y especialistas señalan que lejos de profesionalizar a las policías del país para enfrentar la criminalidad de alto impacto, el Presidente Peña Nieto optó en 2012 por desaparecer la Secretaría encargada de la seguridad federal y creó una súper Secretaría de Gobernación.

    El error de desaparecer la Secretaria de Seguridad Pública es más que evidente por los siguientes considerandos:

    1.- Se interrumpió el proceso de crecimiento de la policía federal y la implementación del servicio civil de carrera.

    2.- Se debilitó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en sus funciones de seguimiento técnico de las policías locale.

    3.- Sin ser la principal causa, influyó en el abandono de directrices de coordinación en las instituciones de seguridad pública en los tres niveles de gobierno.

    4.- Con el debilitamiento de las corporaciones policiacas, se incrementó la presencia de fuerzas armadas en tareas de policías.

    5.- Pese a la inversión de más de 70 mil millones de pesos en materia de seguridad publica en 2017 se iniciaron 20 878 carpetas de investigación por homicidio doloso con 23 968 víctimas y ascendió a 232 259 es decir un 35.49 % más el número de carpetas de investigación por robo con violencia, respecto al 2016.

    6.- Este error tuvo como consecuencia que 2017 fuese el año más violento de los últimos 20 años.

    7.- Además de los delitos relacionados con robo, violencia contra las mujeres, crecieron los delitos relacionados con la delincuencia organizada como son: trata de personas, tráfico de armas ilegales; desaparición de personas, secuestro y extorción, robo de vehículos y robo de combustibles.

    México ocupa el lugar 58 entre los 59 países con mayores niveles de impunidad en el mundo.

    Demandamos la urgencia de una nueva concepción de la seguridad pública, que respete los derechos humanos de la población y dignifique y profesionalice la labor de las policías en todas sus modalidades.

    Es necesario reestablecer una institución con un nuevo modelo de seguridad humana que le de confianza a la población y se encargue de formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública que prevenga el delito y ejerza el mando para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con pleno respeto, insisto, a los derechos fundamentales. Esperemos los priistas atiendan esta realidad y haya voluntad política para regresar la SSP a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

    La iniciativa para que la SSP forme parte de la administración federal la presenté en el Senado y esperaríamos que el PRI la apruebe enmendando su error.

    Colaboración para el diario El Universal

  • Boletines

    Angélica de la Peña exige el pronto esclarecimiento del asesinato de tres integrantes del Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas

    La senadora Angélica de la Peña propuso que el Senado de la República emitiera una enérgica condena por el ataque contra integrantes del  Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI), en donde el pasado 12 de febrero del presente perdieron la vida tres personas en el estado de Oaxaca.

    Mediante un punto de acuerdo, la legisladora del PRD  también exigió a la Fiscalía General del estado de Oaxaca que realice las investigaciones de manera exhaustiva e imparcial para esclarecer los hechos e implemente las medidas cautelares correspondientes.

    Al respecto, cabe destacar que el pasado 12 de febrero, tras sostener una reunión con representantes del gobierno de Oaxaca, tres personas, entre ellos dos menores de edad, perdieron la vida durante un ataque a la camioneta en la que viajaba el líder del Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI), Abraham Ramírez Vásquez. El incidente ocurrió en el trayecto de regreso de la ciudad de Oaxaca hacia la región de la Costa, cerca del municipio de Miahuatlán, en la carretera 175 Oaxaca-Pacífico en el kilómetro 112, donde fueron emboscados por un grupo que portaba armas de alto calibre.

    La también Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, recordó que la CIDH ha expresado en múltiples ocasiones su consternación con el devastador incremento en la violencia contra aquellas personas que se oponen a proyectos extractivos o de desarrollo, o que defienden el derecho a la tierra y a los recursos naturales de los pueblos indígenas en la región .

    Además, la Comisión reitera que los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan. En el caso de comunidades indígenas, tienen graves consecuencias adicionales al interferir estos con su cohesión cultura y social.

    En este orden de ideas, de la Peña Gómez señaló que el escenario de libertad y seguridad respecto de los defensores de derechos humanos constituye un indicador fundamental de la situación de los mismos. La protección los defensores representa, así, un elemento fundamental del contexto social e institucional para la protección de todos los derechos humanos. Por estas razones, reviste especial relevancia conducir la investigación con debida diligencia y agotar todas las líneas lógicas de indagación, así como  otorgar las medidas cautelares correspondientes.

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  • Discursos

    Antonia Jaimes Moctezuma fue víctima de la violencia política en contra de las mujeres y exigimos la pronta detención de los responsables

    Intervención de la senadora Angélica de la Peña Gómez para solicitar un minuto de silencio con motivo del asesinato de Antonia Jaimes Moctezuma, ex regidora y pre candidata al Congreso local, acaecido en la cabecera municipal de Chilapa, Guerrero .

     

     Voy a hacerle una solicitud, señor presidente.

    El día de ayer por desgracia fue asesinada la regidora Antonia Jaimes Moctezuma, en Chilapa.

    Desde septiembre a esta fecha 34 políticos o políticas han sido asesinados en nuestro país, pero en el caso de Antonia Jaimes Moctezuma es la novena en el estado de Guerrero.

    Quienes conocemos, conocíamos a la compañera estamos realmente consternadas. Nos parece que esta violencia alcanza a todos los partidos, y lo que yo le quiero pedir a usted es que podamos tener un minuto de silencio contra este crimen, y por supuesto además con un punto conducente que presentaremos, solicitar una investigación, justicia y sobre todo tomar las medidas pertinentes que ayer se avizoraron en la reunión con el secretario de Gobernación.

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  • Discursos

    Se requiere verdadera vinculación entre gobiernos municipales y estatales para erradicar violencia y discriminación contra las mujeres

    Intervención en tribuna de la senadora Angélica de la Peña Gómez para hablar en pro del dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto que adiciona una fracción V al artículo 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

     

    Con su venia señor presidente.

    Señoras senadoras, señores senadores.

    Igual este dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Primera, está resolviendo la revisión de una minuta que viene de la Cámara de Diputados, que reforma el Artículo 50 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

    Nosotros lo que hicimos es valorar en sus términos la minuta que viene del Senado, perdón de la Cámara de Diputados, concordamos con quienes la promueven esta reforma respecto de la importancia de que el marco jurídico de esta ley tome en consideración recomendaciones del Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

    Estamos totalmente coincidentes de que tenemos que ampliar más a la Constitución de lo que debe ser este Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que es el mecanismo fundamental de esta ley general, y que en términos estrictos del diseño de la ley, este sistema tendría que configurarse de manera piramidal, la federación, las entidades y los ámbitos municipales.

    Sabemos las dificultades que hay en el ámbito local, particularmente sabemos que hay grandes dificultades para consolidar, para lograr que vaya en la misma dinámica de las reformas que están contextualizadas del marco jurídico que está definido en el ámbito federal, la incorporación de los ámbitos locales, y particularmente, insisto, las dificultades que tiene el ámbito municipal para integrarse en este mismo cometido, en este mismo enfoque, en la misma hermenéutica de lo que motiva a que tengamos una ley en el marco jurídico de nuestro país con estas características.

    De tal manera que para poder enfrentar en lo concreto, que cada uno de los preceptos diseñados en esta ley, que están referidos en los tipos de violencia contra mujeres, en las modalidades de violencia contra las mujeres, en la concreción de los modelos que tienen que ser definidos de manera transversal e integral, tanto para prevenir, para atender y erradicar la violencia contra las mujeres, que estamos todavía muy lejanos a tener ya esa política pública que nos permita asegurar, insisto, la prevención, la atención, la erradicación, como el objetivo fundamental que no se va a lograr si no también se define con puntualidad acciones efectivas que garanticen que las mujeres que sufren de esos delitos, puedan ser sus delincuentes, los perpetradores de estos delitos, puedan ser sancionados de manera debida.

    Hoy tenemos esas dificultades, tenemos por desgracia que enfrentar muchos problemas para lograr que las políticas de prevención en cada lugar, sobre todo en aquellos lugares donde se detectan que son lugares peligrosos, donde hay alto riesgo, donde hay situaciones de una gran vulnerabilidad para las mujeres y las niñas, tenemos un real obstáculo que tenemos que atender.

    ¿Y dónde está este obstáculo? Precisamente en el ámbito municipal, allí en el territorio municipal donde las mujeres y sus familias viven, donde estudian, donde trabajan, donde salen al parque, a cualquier lugar, y encuentran las dificultades que ya sabemos.

    Bueno, pero también la Convención Belem Do Pará nos señala que la violencia contra las mujeres, además de padecerse en el ámbito público, como ya hice referencia en el espacio público, también se padece en el ámbito privado.

    De tal manera que la integralidad del enfoque, del objetivo de la creación de estas leyes necesita de políticas efectivas.

    Por eso hoy la revisión que hicimos de la minuta que viene de la Cámara de Diputados, hicimos algunas correcciones que nos parece incluso reafirman el sentido que llevó a la reforma de las señoras diputadas y señores diputados.

    De tal manera que especificamos que para, es importante integrar los sistemas municipales, y los definimos con puntualidad, para, insisto, seguir construyendo esta pirámide del ámbito de la administración pública federal, local y municipal, y estos sistemas municipales específicamente para la prevención, atención, sanción –que faltaba que se integrara-, y erradicación de la violencia contra las mujeres, en los términos que determinen sus propios ordenamientos legales.

    Se organizará y funcionará de manera similar al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

    Solicitamos su votación para que en términos reglamentarios esta revisión pueda enviarse a la Cámara de Diputados y allá puedan aceptar esta revisión que hacemos, que nos motivó, insisto, vindica la preocupación de las y los diputados, y sobre todo va en esta dinámica que tendríamos que estar construyendo del Sistema Nacional.

    Enhorabuena, gracias por su atención.

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