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    No habrá paz ni justicia, si López Obrador no escucha y atiende a los reclamos de las víctimas

    La aseveración de no olvido, pero sí perdón de Andrés Manuel López Obrador como respuesta a la exigencia de justicia por parte de familiares de víctimas, es un mal comienzo para los foros de consulta que organizó, porque es un desaire para el estado de derecho, la Constitución y las leyes, señaló la senadora Angélica de la Peña Gómez.

    La legisladora del PRD, impulsora de legislación en materia de derechos humanos, apuntó que al insistir en el perdón para victimarios, López Obrador revictimiza a las víctimas y es un riesgo que afectaría al estado de derecho.

    “Si hoy México vive una crisis de violencia, inseguridad y corrupción, se debe a que las autoridades de los tres órdes de gobierno fueron omisas en su responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan; sin la aplicación estricta de la ley, no puede haber justicia; si no hay una sanción para quienes violentan la ley, no hay justicia para las víctimas de delitos”, afirmó.

    Después de fincar responsabilidades penales, pueden aplicarse medidas alternativas a la prisión como parte del proceso de reinserción social, como señala el artículo 18 constitucional.

    La perredista indicó que hasta ahora el equipo de transición de López Obrador y el propio presidente electo, han anunciado medidas aisladas, confusas y hasta contradictorias, en materia de seguridad y estado de derecho, las cuales además no tienen grandes diferencias con las acciones que hace doce años emprendió la administración de Peña Nieto.

    “Ojalá que estos foros realmente retomen en esencia las exigencias de las familias de las víctimas, las propuestas de especialistas, expertos y de organizaciones de la sociedad civil, quienes tienen muy claro la estrategia que se requiere para recuperar la paz y la tranquilidad, la justicia, la reparación integral del daño y la no repetición”, señaló la también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

    Finalmente, Angélica de la Peña Gómez comentó que Andrés Manuel López Obrador busca la redención de quienes infringen la ley, cuando la Constitución mandata la reinserción social como objetivo de la justicia penal, “si el próximo presidente simula escuchar lo que se diga en los foros e impone su voluntad y no la Constitución, no habrá paz, ni justicia, no habrá transformación alguna, seguirán haciendo lo mismo contra lo que se ha venido reclamando”.

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    Angélica de la Peña propone reconocer constitucionalmente el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo

    La senadora Angélica de la Peña presentó una iniciativa para modificar el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin perfeccionar y ampliar la formula constitucional correspondiente al derecho a la salud, particularmente para garantizar el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.

    En su propuesta, la legisladora del PRD apuntó que en abril de 2007, la Ciudad de México aprobó la despenalización y comenzó a ofrecer el servicio de Interrupción Legal del Embarazo en hospitales públicos e instituciones de salud.

    Ello fue posible gracias al impulso de los grupos feministas, la polarización electoral y el triunfo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México). Reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo es parte de un largo camino que ubica a México a la vanguardia de América Latina .

    Señaló que todos los códigos penales estatales consideran legal el aborto en casos de violación, y todos salvo los códigos de Guanajuato, Guerrero y Querétaro lo permiten cuando hay riesgo para la vida de la mujer; catorce de los treinta y uno extienden estos casos para incluir deformidades fetales graves; y el estado de Yucatán desde 1922 incluye factores económicos cuando la mujer ya ha dado a luz a tres o más niños .

    En este mismo sentido, es oportuno recordar que en junio de 2016, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció sobre constitucionalidad de los artículos 332, 333 y 334 del Código Penal Federal (en adelante, CPF). Dichos artículos son los que regulan la decisión de la mujer de practicarse un aborto.

    De acuerdo con la SCJN , los artículos 333 y 334 de CPF establecen respectivamente como excluyentes del delito cuando el aborto se cause por imprudencia de la mujer embarazada o cuando sea resultado de una violación; y como excusa absolutoria, cuando de provocarse el aborto corra peligro la vida de la mujer embarazada o del producto del embarazo. Estas normas tienen como destinatario directo a la mujer sujeta a un proceso penal en razón de haber interrumpido su embarazo .

    No obstante, estas normas también impactan de manera indirecta, pero jurídicamente relevante, a la generalidad de las mujeres pues les imponen la obligación de llevar a buen término el embarazo, en todas aquellas circunstancias no consideradas como excluyentes.

    De no cumplir con dicha obligación serán sujetas a las consecuencias penales que establece el artículo 332 del Código Penal Federal .

     

    De acuerdo con el veredicto en comento, las normas en estudio generan una intromisión continuada en la esfera más íntima de las mujeres, aun cuando estas no sean enjuiciadas bajo tales disposiciones. Estas normas dictan qué conductas pueden realizar las mujeres con sus cuerpos, y comprometen de manera definitiva su proyecto de vida al imponerles llevar a buen término un embarazo, ya que de otro modo deberán enfrentar consecuencias penales.

    Por otro lado, las normas impugnadas sí tienen un potencial efecto estigmatizante pues autorizan la realización del aborto sólo cuando está en peligro la vida de la mujer, dejando entrever que la salud de las mujeres tiene menos valía que el producto de la concepción. Estas disposiciones parten de la idea de que las mujeres tienen que cumplir un rol de madres independientemente de las valoraciones internas que pueda tener una mujer para abortar. Esta afectación es estructural.

    De tal forma, las disposiciones legislativas que impiden el acceso de las mujeres a la interrupción del embarazo, constituyen una forma de discriminación basada en género.

    Finalmente, la iniciativa indica que desde el punto de vista estrictamente jurídico, ambos supuestos (el riesgo a la vida o a la salud de la mujer) se construyen sobre la base del estado de necesidad,  y protegen tanto el derecho a la vida como el derecho a la salud, por lo que el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir de manera libre, responsable e informada sobre la continuación o no de sus embarazos dentro de las primeras 12 semanas, contribuye a lograr un marco normativo acorde con la normativa internacional de derechos humanos, al mismo tiempo de homologar nuestra norma constitucional al estándar más alto en la materia.

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    Para consulta la iniciativa íntegra: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82691

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    Peña Nieto sin pretextos para no conformar la Comisión para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala

    La senadora Angélica de la Peña propuso modificar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, adicionando los artículos 10 quintus y 10 sextus, con el objeto de establecer la comisión de investigación para la verdad y la justicia sobre los hechos del Caso Iguala.

    En su inciaitiva, la legisladora del PRD recordó que el pasado lunes la presidencia de la República señaló a través del consejero jurídico, Misha Leonel Granados Fernández, que la Comisión de la Verdad para el caso Iguala que mandata la resolución del amparo 2014/2017 del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito “no tiene sustento normativo para su existencia y operación”.

    Dicha declaración se da en el marco de una resolución del pasado sábado 18 de agosto del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial, a cargo del Magistrado Sabino Pérez García y con sede en Reynosa, Tamaulipas, que publicó un acuerdo mediante el cual considera “fundado el incidente de imposibilidad jurídica promovido por la Procuraduría General de la República” en contra de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del mismo Circuito judicial, que había ordenado la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad, como mecanismo extraordinario para investigar el paradero de los estudiantes normalistas desaparecidos desde 2014.

    “Tanto la resolución del Juez del Tercer Tribunal Unitario como las declaraciones del Consejero Jurídico son totalmente irresponsables y demuestran la negativa absoluta del compromiso que hizo este Gobierno con las víctimas de buscar a todas y todos los desaparecidos”, acotó la también Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.

    Por el contrario, continuó, como lo señalan los abogados de las víctimas, se utiliza toda la fuerza del Estado, “no a la búsqueda de los desaparecidos, sino al combate de una sentencia innovadora de un tribunal que asumió a cabalidad su rol de contrapeso democrático” y que se ajusta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

    “Lo que estamos presenciando es una evasión del Ejecutivo Federal de asumir sus responsabilidades y someter a los tribunales del Poder Judicial de la Federación a una presión política ya que no es cierto, como argumenta el Ejecutivo que la ejecutoria invada facultades competenciales del Ejecutivo Federal”, expuso de la Peña Gómez.

    Finalmente, la senadora Angélica de la Peña Gómez apuntó que es evidente la falta de voluntad política por parte de las autoridades federales de que la verdad del caso Iguala se conozca, traicionando con ello el compromiso del Gobierno Federal de buscar a todas las personas desaparecidas, “consideramos que el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas no debe regatearse, por el contrario el Estado debería estar preocupado por cumplir sus compromisos y las observaciones que en el ámbito internacional tiene por graves violaciones a los derechos humanos”.

    La iniciativa fue turnada a las comisiones Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

     

     

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    Para consulta la iniciativa íntegra: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82559

     

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    AMLO dará continuidad a la política exterior de Peña Nieto

    Respecto al contenido de la carta que Andrés Manuel López Obrador dirigió al Presidente norteamericano, Donald Trump, la senadora Angélica De la Peña consideró que proporciona un vistazo de lo que será su política exterior y evidentemente dará continuidad a la de la actual administración, lo cual es preocupante y lamentable.
    La legisladora del PRD dijo que López Obrador demuestra una vez más que no comprende el mundo del siglo XXI, que su visión es aislacionista e implementa una diplomacia epistolar digna del siglo XIX, “comprendo que pretenda imitar la dignidad del juarismo frente a las potencias del mundo, pero es una pretensión que raya en el absurdo”, añadió.
    Señaló que ni el candidato ganador de las pasadas elecciones ni quien se ha anunciado será el próximo Canciller tienen idea de lo que es una política exterior de Estado, ni de lo que implica la diplomacia, y mucho menos la relevancia del papel de México en el contexto regional, continental o mundial.
    “Al igual que Peña Nieto, pretenden apaciguar al líder del país más poderoso del mundo ofreciéndole reducir la migración ilegal, el narcotráfico y garantizando las mejores condiciones para el comercio”, criticó de la Peña Gómez.
    Además, continuó la perredista, Andrés Manuel repite el mismo error de invitar a Donald Trump a visitar nuestro país como parte de su campaña, ahora de reelección, y en su misiva equipara sus triunfos electorales sobre establishments caducos, “esta declaración contradice su política de no intervención en asuntos de otras naciones, pues favorece a Trump y coloca al Partido Demócrata en el estatus de mafia del poder”, advirtió.
    Lo anterior molestará seguramente a los demócratas en el Congreso e influirá y se reflejaá en su votación en temas tan importantes como el TLC, el DACA y una posible reforma migratoria.
    La senadora lamentó que López Obrador no haya mencionado la negativa a pagar el muro fronterizo, ni la exigencia de respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas que se encuentran en situación migratoria irregular en Estados Unidos.
    “Andrés Manuel ha dejado pasar la oportunidad de concretar contrapesos al poderío norteamericano, mediante el fortalecimiento de los lazos con Latinoamérica, Europa y Asia. Priorizó a Trump con tal de que éste le diera trato de gobernante aún cuando ni siquiera ha recibido la constancia de mayoría, ahora comprendemos la condescendiente visita de Pompeo y su comitiva”, sentenció.
    Finalmente, la senadora Angélica de la Peña confió en que prevalezca el sentido común en la próxima legislatura en el Senado de la República y ejerza las facultades que la Constitución le otorga en la materia y corrija el rumbo, porque una política exterior improvisada, anacrónica e indigna, aislará aún más a México.

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    El matrimonio infantil forzado sigue siendo una realidad en México

    La senadora Angélica de la Peña Gómez urgió a los gobiernos de las treinta y dos entidades federativas a asegurar que el efectivo cumplimiento e implementación del artículo 45 de la Ley General de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes, para garantizar que la edad mínima para contraer matrimonio sea establecida a partir de 18 años e implementen los programas integrales de sensibilización sobre las consecuencias negativas del matrimonio infantil en niñas, niños y adolescentes.
    La legisladora de PRD recordó que todos los estados del país han establecido los 18 años como edad mínima para casarse, sin embargo, aún hay cinco Códigos Civiles estatales permiten que las personas puedan casarse antes de los 18 años por determinación de un juez o una autoridad administrativa: Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro y Sonora.
    En México, al menos 1 de cada 5 mujeres entra en unión conyugal antes de cumplir los 18 años, según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID).
    La tendencia de las uniones tempranas ha variado poco en las nuevas generaciones: Hay 8 millones de mujeres entre 15 y 54 años que se unieron conyugalmente antes de los 18 años. En las mujeres de 50 a 54 años, el 25.3% se unieron antes de los 18 años, en el grupo de 20 a 24 años el 21.4%: una pequeña diferencia en 30 años. (ENADID, 2014).
    Además, en el grupo de 20 a 24 años, el 15.4% ya son madres y el 3.7% de las mujeres se unieron antes de cumplir los 15 años. (ENADID 2014). Las jóvenes hablantes de lengua indígena presentan proporciones muy elevadas de matrimonio infantil, superiores al 40% en Chiapas, Guerrero y Veracruz. (ENADID, 2014).
    El matrimonio de niñas tiene sus raíces en la discriminación de género y tiene múltiples consecuencias: la deserción escolar, el embarazo prematuro, la mortalidad materna, la transmisión intergeneracional de la pobreza y en general la limitación a las oportunidades de vida.
    El matrimonio forzado infantil es un factor de riesgo que vulnera los derechos de las niñas y las adolescentes, que las enfrenta a la posibilidad de ser víctimas de violencia y cursar embarazos no deseados.
    De ahí la importancia que los gobiernos de las treinta y dos entidades federativas armonicen su legislación, particularmente en los Códigos Civiles respecto de la edad mínima para contraer matrimonio. En este contexto, se hace necesaria la revisión del marco jurídico que regula la edad mínima al matrimonio en cada una de las entidades federativas, acompañada de una serie de programas integrales en este tema.
    Por todo lo anterior, la senadora Angélica De la Peña Gómez llevará este tema a la Comisión Permanente en su próxima sesión.

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