• Discursos

    Prejuicios han obstaculizado el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo

    Gracias, señor Presidente, con su venia.

    Señoras y señores legisladores.

    En 2007 la ciudad de México, entonces Distrito Federal, a través de la Asamblea Legislativa, impulsó una reforma importantísima que tiene que ver con el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.

    Esta reforma, entonces, se anunciaba iba a fracasar, realmente hoy todos los datos, año con año, el informe que dan las autoridades de la Ciudad de México, particularmente, las que tienen que ver con el sector salud, nos demuestran que ha sido exitosa, que ha logrado su cometido y mucho más.

    La primera es que poco a poco han ido reduciendo las solicitudes para interrumpir el embarazo hasta las doce semanas, porque al mismo tiempo se ha dado en la Ciudad de México otro importante paso, al quitar prejuicios que todos entendemos muy bien, también se impulsó la educación sexual, la educación sobre la responsabilidad de las y los adolescentes para un ejercicio responsable de su sexualidad, independientemente de que también hay acceso a distintos métodos anticonceptivos y, sobre todo, también tuvo un impacto positivo para que no se incrementaran los datos sobre infecciones de transmisión sexual.

    ¿Qué demuestra esto? Que hay beneficios cuando no se criminaliza a las mujeres cuando tienen que interrumpir un embarazo; eso no quiere decir que no se sancione desde el Código Penal de la Ciudad cuando se practique un aborto luego de las doce semanas, eso hay que dejarlo muy claro.

    De tal manera que más allá de como muchos países lo han resuelto, nos parece que doce semanas es un período importante que, además permite que no se dé pie a discusiones de tipo filosófico respecto a la gran discusión que finalmente se evidenció a partir de la impugnación, de los procesos de inconstitucionalidad que entonces emprendieron la entonces Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la entonces Procuraduría General de la República contra estas reformas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado una de las discusiones más intensas, con mayor cobertura, con el mayor número de opiniones diversas, en donde destacan sobre todo las científicas, de tal manera que es correcta la definición hasta las doce semanas; hoy se está discutiendo en el Senado argentino hasta las 14 semanas, cada país lo define, lo está definiendo de manera diferente, a nosotros nos parece que la decisión de doce semanas es la correcta.

    ¿Qué es lo que está detrás de una decisión de este tipo? Se los dice alguien que ustedes saben que milita justamente en el reconocimiento de los derechos plenos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, igual que lo hacen los hombres; quien ha militado en contra de estas directrices sexistas, patriarcales, que han llevado a las mujeres a ser consideradas como objetos, incluso como objetos sexuales.

    Parte de las broncas que se viven en el mundo, hoy, hace rato, aprobamos aquí un pronunciamiento en contra de la trata de personas, pero lo que está atrás de la trata de personas con fines de explotación sexual es que se sigue viendo a los niños, a las niñas, a las mujeres, como objetos sexuales, no como sujetas plenas de derechos, como lo son y lo han sido los hombres y poco a poco cada vez hombres de distintas etnias, de distintas creencias incluso religiosas han ido logrando a través de la humanidad el reconocimiento como sujetos de derechos.

    En fin, las mujeres nos hemos quedado atrás, la condición de ser mujeres tiene mucho que ver con este sistema patriarcal que poco a poco estamos erradicando del mundo, las diversas culturas y sociedades están enfrentando sus propias luchas a partir de sus propias características, en el caso de países como México, nos parece muy importante que se avance en primer lugar a reconocer que es una terrible injusticia criminalizar a las mujeres cuando se ven involucradas en un aborto.

    Todavía tenemos en algunos estados de la República a mujeres que están privadas de su libertad, precisamente porque se les ha fincado la responsabilidad penal por haber abortado, nos parece terrible, porque además, por cierto, también hay que decirlo, son las mujeres más pobres, las mujeres que tienen menos condiciones de acceder a la justicia, pero también a un aborto en condiciones de salubridad.

    ¿A quiénes afectan los abortos? Estos abortos que llegan a las instituciones de salud, desangrándose, en condiciones terribles, muchas de ellas quedan mutiladas; todavía tenemos una incidencia cada vez menor, pero todavía en este país se siguen muriendo mujeres por abortos mal practicados, pero todas ellas tienen una característica, señoras y señores, todas son pobres; las mujeres que tienen condiciones para practicarse un aborto clandestino lo hace en condiciones de salubridad y no se da cuenta nadie, siguen su vida como si nada, nos parece que esa doble moral no se puede ocultar.

    Pero en el caso de la Ciudad de México eso ya no pasa, ya no pasa porque está inscrito en la Ley de Salud la posibilidad, si una mujer lo decide, cualquiera que sea la circunstancia por la que tiene un embarazo y decide de manera voluntaria si lo interrumpe o no.

    Obviamente, la mayoría de los Códigos Penales en el país sí establecen el aborto cuando se trata de una violación, cuando corre peligro la vida de las madres o cuando se está frente a una situación totalmente evidenciada que el embarazo tiene problemas eugenésicos, no otro tipo.

    Pero nos parece importante que México trascienda, además para atender las recomendaciones que desde los organismos internacionales y regionales en materia de derechos humanos, han expresado reiteradamente su preocupación por las consecuencias que tienen estas mujeres a partir de abortos ilegales o realizados en condiciones de riesgo, y nos parece que eso tiene que atenderse.

    De tal manera que hoy, esta creo que es la cuarta vez que lo hago, presentamos la reforma la reforma al artículo cuarto de la Constitución, donde también así como tiene derecho a la protección a la salud, también se reconoce que pueda tener, si así lo decide de manera voluntaria, la posibilidad de interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas.

    Se deja para la siguiente legislatura, ojalá que haya menos prejuicios, ojalá que haya consideraciones científicas, socio-económicas, respecto de que necesitamos avanzar, y no seguir viendo a las mujeres como incubadoras, como objetos, sino como mujeres con derechos propios para decidir cuándo continuar un embarazo o no; los hombres no saben de eso, los hombres saben de otras cosas, pero las mujeres siguen siendo víctimas, por desgracia, cuando están frente a un embarazo no deseado.

    Gracias a todas y a todos ustedes por su atención.

     

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  • Discursos

    Si no se reconoce y se atiende el desplazamiento forzado interno, el problema desbordará a las autoridades

    Intervención en tribuna para referirse a favor del dictamen por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República un informe respecto de las acciones que llevan a cabo para contrarrestar el desplazamiento forzado de poblaciones en el territorio nacional.

     

    Con su venia Señor Presidente.

    Buenas tardes Señoras y Señores.

    Bueno estoy muy, sorprendentemente, feliz al ver este dictamen de la Primera Comisión porque quienes son Senadoras y Senadores recordarán el gran debate que dimos en la Ley General de Atención a Víctimas para reconocer el concepto de “desplazamiento forzoso interno” y ustedes, el PRI, estuvieron en contra del concepto de “desplazamiento forzoso”, salvo la Señora Senadora Diva Hadamira Gastélum que además presentó una iniciativa. Tú también, tengo que hacer excepciones Senador Casillas.

    Me parece que es muy pertinente este punto de acuerdo porque reconocer el desplazamiento forzoso interno en México es trascendental, es uno de los asuntos más preocupantes que tiene que motivarnos donde estemos, que tiene que ser una de las materias que tienen que abordar en la próxima legislatura.

    En primer lugar reconocer que este fenómeno si no se atiende va a ser como una bola de nieve, parecido a lo que hoy enfrentamos con la desaparición forzada; es reconocer que hay en México una situación forzosa de gente, de personas, de familias que se tienen que mover de manera forzada por situaciones particularmente en el caso de México motivados por la violencia.

    Es verdad que el desplazamiento también se da, también aquí en México, por la instalación de megaproyectos que, sin aplicar la obligada consulta a las comunidades como nos obliga el convenio 169 de la OIT, pues también tienen que ser literalmente desplazadas de manera forzada.

    Entonces, yo lo que quiero comentar es que felicito a la Comisión, a la Primera Comisión, por este punto de acuerdo que además en sus méritos es propuesto por la Senadora del PRI, la Senadora De la Torre y que muestra que el PRI ya está avanzando a reconocer este fenómeno.

    ¡Qué barbaridad! Cómo discutimos para que finalmente quedara el concepto “desplazamiento interno”, pero vetado que éste se etiquetara como “forzoso” cuando discutíamos la Ley de Atención a Víctimas y después las reformas a la propia Ley de Atención a Víctimas.

    Les felicito, qué bueno que se reconoce el fenómeno, ya un poco tarde; pero bueno, cuando menos queda en este punto de acuerdo.

    ¡Felicidades!

     

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  • Discursos

    El gobierno de Peña Nieto fue omiso en la erradicación de la violencia contra las mujeres

    Intervención en tribuna para referirse a favor del dictamen de la Segunda Comisión, que exhorta a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a fortalecer las acciones necesarias a fin de contribuir a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género y facilitar el acceso a la justicia de las mujeres.

     

    …integrantes de la Comisión Permanente.

    La CONAVIM, ¿qué es la CONAVIM? ¿Es lo que concebimos cuando legislamos, cuando dictaminamos la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia? No.

    La Ley tiene prácticamente dos sexenios y es una ley que no ha logrado garantizar el objeto de su creación que es la atención, la prevención, la sanción y, por supuesto, caminar hacia la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres de todas las edades y de todas las condiciones.

    Necesitamos, además, entender, que las atribuciones de todos los centros de justicia para las mujeres que están en las entidades federativas son instancias a nivel local, no tiene injerencia la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en lo que acontece en estos centros y los centros están dedicados para la atención, solamente para la atención.

    Pero uno de los aspectos fundamentales de la ley es la política pública para garantizar la prevención de la violencia, caminar hacia la restitución de los derechos de manera integral para que las mujeres de todas las condiciones estén libres de cualquier tipo o modalidad de violencia de género y que lo que hemos observado es que no hay una política de estado para prevenir estas violencias de género.

    Tan es así que cada año encontramos cifras en donde el feminicidio, por desgracias, sigue arriba, cada encontramos que las cifras de violencia en otros ámbitos también encuentran un crecimiento y no hay justicia; tan es así que no existe un política estructural que fondo que cambie la cultura, pero sobre todo, las estructuras sociales que determinan comportamientos machistas, denigrantes, discriminatorios, que llevan a mujeres de todas las edades, insisto, a sufrir violaciones a sus derechos humanos.

    Por lo que es bueno que este punto de acuerdo se apruebe, así aconteció en la Segunda Comisión de la Permanente, pero sí queremos dejar constancia al final del sexenio del Presidente Peña que no hubo una política de estado contra la violencia hacia las mujeres, que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconocida a nivel internacional porque, además, armoniza la Convención Belém Do Pará que reconoce que la violencia de género no solamente se padece en el ámbito privado sino también en el ámbito público, conlleva violaciones a los derechos humanos de las mujeres y, por lo tanto, determina, estadios de enorme discriminación y de desigualdad de las mujeres frente a los hombres, pues simplemente ha quedado una ley ahí, reconocida en el ámbito internacional, pero que no ha sido implementada de manera eficiente y efectiva por parte del Estado mexicano.

    Y hoy mismo, y con eso termino, las recomendaciones del Comité de la CEDAW que acaban de darse al Estado mexicano han insistido nuevamente a México que ha hecho insuficiente, ha determinado acciones de manera insuficiente frente a la violencia contra las mujeres.

    De tal manera, que es correcto el punto de acuerdo, pero debimos haber insistido, todos, de manera unánime, a que efectivamente la política pública fuera contundente en la aplicación ni más ni menos, no pedimos otra cosa, sino aplicar la ley en cada uno de sus preceptos para realmente castigar, pero sobre todo, trabajar hacia la erradicación de las distintas modalidades de violencia y los tipos de violencia que están planteados en la ley.

    Es cuanto. Gracias por su atención.

     

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  • Discursos

    El gobierno de Peña Nieto aún tiene tiempo de esclarecer el caso Ayotzinapa

    Intervención en tribuna d para presentar una iniciativa por la que se adicionan los artículos 10 Quintus y 10 Sextus de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que tiene por objeto crear la Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad.

     

    …un acontecimiento el pasado lunes, la Presidencia de la República señaló a través del Consejero Jurídico, que la Comisión para la Verdad, la Comisión para el caso Iguala que mandata la resolución del amparo 214/217 del Primer Tribunal Colegiado del Décimo noveno Circuito (inaudible) textual, no tiene sustento normativo para su existencia y operación.

    Si hacemos un balance de los terribles acontecimientos que van a marcar ya históricamente al sexenio del Presidente Peña Nieto, uno de los más lamentables, más terribles, inscrito con serias connotaciones de crímenes de lesa humanidad, si revisamos el Estatuto de Roma vamos a encontrar el concepto de desaparición forzada como uno de los elementos que distingue, que define, cuándo es un crimen de lesa humanidad.

    Las características de extermino por parte de agentes del Estado contra los estudiantes esa noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, y que llevó a tener el desastre terrible de no saber el paradero, la suerte de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y por eso es, y lo dijimos desde esta tribuna, relevante que el Poder Judicial a través del Primer Tribunal Colegiado de Matamoros inscribiera de manera puntual un amparo que ordenaba reponer la investigación para la justicia y la verdad del Caso Iguala.

    Es verdad que esta Comisión sui generis, novedosa, tomaba en consideración el desastres en la investigación; obviamente, entendemos la preocupación de la Procuraduría General de la República porque es el principal ente señalado por este Tribunal respecto del desaseo, de la  manipulación, del deterioro de todas las formas para resguardar la cadena de custodia, una investigación omisa, todo, todo dirigido a partir de sostener en confesiones, evidenciadas muchas de ellas en el caso que me ocupa, precisamente obtenidas por tortura y llevadas finalmente a este amparo que pone en entredicho la “verdad histórica” del entonces Procurador General de la República, Murillo Karam.

    La “verdad Histórica” que nos quiso vender, ya cerrar el caso porque, recordemos, decía los 43 ya aparecieron, resulta que fueron incinerados esa noche en el basurero de Cocula; bueno, quienes hemos leído este amparo y conocemos bien el proceso en cómo se ha dado, la investigación realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, porque aquí además publicamos los dos informes de este grupo de expertos, quienes conocemos las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quienes hemos seguido el proceso de acompañamiento a las organizaciones no gubernamentales que están asesorando y acompañando de manera jurídica a las familias, sabemos perfectamente que no tiene desperdicio ninguno de los párrafos de este amparo.

    Sin embargo, la Procuraduría General de la República recurrió a su vez a impugnar la decisión de este Primer Tribunal Colegiado y recurrió a la Suprema Corte y la Suprema Corte, como sabemos, a su vez, determinó que tenía que ser un asunto tratado en otro ámbito del Poder Judicial, desde el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial, con sede en Reynosa, Tamaulipas, y que efectivamente publicó un acuerdo mediante el cual considera fundado el incidente de imposibilidad jurídica promovido por la Procuraduría General de la República, oh, ya no hay manera de que se reencauce como determinó al anterior tribunal para reabrir el caso y saber la verdad de lo que aconteció.

    No puede haber justicia si no se sabe la verdad, no puede haber reparación integral del daño si no se sabe la verdad, no puede haber determinación de mantener la memoria y, sobre todo, la restitución de derechos de las víctimas indirectas, de los familiares, de las víctimas que esa noche perdieron la vida o que fueron heridas (inaudible) saber el paradero y la suerte de los 43 estudiantes que hoy están desaparecidos de manera forzosa.

    ¿Qué nos queda? Lo que nos queda es entonces recurrir a lo que señala el propio tribunal dándole la razón a la PGR, vayámonos a la ley, y lo que hoy estoy expresando desde esta tribuna es justamente modificaciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para que no haya pretextos, y si realmente hay voluntad política por parte del gobierno que todavía va a continuar hasta noviembre, pues, entonces, actuar en consecuencia y resolver la Litis que llevó a no atender la configuración de esta Comisión de la Verdad sobre el Caso Iguala.

    De tal manera, que hoy estoy presentando a nombre del Grupo Parlamentario del PRD las adiciones a dos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que por obviedad de tiempo, y les agradezco a todas y todos ustedes su atención, le solicito al señor presidente de la Mesa Directiva inscriba de manera textual en el Diario de los Debates.

    Termino, este asunto por desgracia al no querer ser atendido en el ámbito nacional, va a seguir el camino del ámbito internacional, y seguramente será uno de los temas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y francamente me parece una gran desatino y va a ser recordado este gobierno sobre todo por ese terrible caso en el que no sabemos qué ha pasado con estos estudiantes que, insisto, tiene toda la connotación de crímenes de lesa humanidad.

    Es cuanto.

     

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  • Discursos

    México debe solicitar cooperación internacional para investigar crímenes de corrupción

     

    Intervención para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

     

    Gracias, Presidente.

    Con su venia, señoras y señores.

    Lo que está en el contexto de la iniciativa que estamos presentando tiene que ver con las distintas recomendaciones que en su momento, después de una visita que hiciera el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el mes de octubre del 2015, debemos recordar que hizo recomendaciones después de su visita y después de atender diversas reuniones, incluso con diferentes entes del gobierno mexicano, y en marzo del siguiente año, es decir, marzo del 2016, hizo catorce recomendaciones que dista mucho al Estado mexicano de estar atendiendo.

    Es importante señalarlo porque de manera particular, la primera de ellas tiene que ver con la conformación de un Consejo Asesor, que esté integrados por renombrados expertas y expertos en el campo de los derechos humanos y en el combate a la impunidad; que tendría como objeto asesorar de manera esencial al Estado mexicano sobre estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y de sanción, y sobre todo, para revertir la tasa de impunidad imperante en México.

    El Consejo podría elaborar y presentar públicamente una evaluación a nivel nacional sobre la impunidad y recomendar distintas rutas a seguir para que haya una correcta implementación de las recomendaciones, y sobre todo, en el caso de la vinculación con distintos tratados internacionales, pues atender nuestro compromiso vinculante, además de atender las recomendaciones que desde distintos organismos, particularmente Naciones Unidas, deberían tomarse en consideración.

    Voy a mencionar varios, uno es el Examen Periódico Universal; las distintas recomendaciones que los distintos relatores de Naciones Unidas han hecho a México, en fin; nos parece que hay una gran agenda importante que debería tomarse en consideración, pero que ahí queda, abandonada, se reciben, se dan respuestas como la que hoy, por cierto, está dando la Secretaría de Relaciones Exteriores, la PGR, bueno, quien está encargado de la PGR, ni siquiera es el Procurador, el encargado del despacho, quien junto con la Secretaría de Gobernación, le han respondido a la Oficina del Alto Comisionado en México para los Derechos Humanos sobre los señalamientos que se han hecho respecto de la investigación y, sobre todo, cómo se ha incurrido en la práctica de la tortura.

    Ese es un problema que no solamente lo ha dicho el Alto Comisionado, lo han dicho distintos organismos de derechos humanos, incluyendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otros organismos importantes en México.

    De tal manera, que es importante tomar en cuenta que México ya no puede quedar, señoras y señores, en una burbuja en donde pareciera que todo lo que no nos gusta, sobre todo quienes están al frente del gobierno, se repele, se le da la vuelta y, por supuesto, cuando se trata de situaciones que tienen que ver con los derechos humanos, pues se argumenta que la ley no precisa más que hasta donde se tiene la posible participación de México ante los distintos organismos, las recomendaciones que se valoran, etcétera, etcétera, pero no pasa de ahí.

    De ahí que en el contexto de lo que estamos viviendo en México, tenemos que insistir que no puede ser pretexto la ley o la Constitución para que no se tomen en cuenta estas observaciones, pero sobre todo que se cumpla con la ley; porque además en México, además de que tenemos una Ley General contra la Tortura, también hay distintas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la tortura.

    De tal manera, que ya no podemos darle vuelta a una grave y nos parece importante que México, además atendiendo estas recomendaciones del Alto Comisionado, pues pueda constituir de manera formal las comisiones que necesitamos de manera institucional, pues que ayuden al gobierno, en este caso al Ejecutivo federal.

    ¿Y cuál es la adición final que estamos haciendo? Y cuál es la adición que estamos haciendo en el último párrafo del último párrafo a 21 constitucional, donde se reconoce la  jurisdicción de la Corte Penal Internacional; enseguida, añadiríamos aquellos casos en los que el Estado mexicano solicita el apoyo o la asistencia técnica internacional para la investigación y la persecución penal de los delitos de corrupción y/o graves violaciones a los derechos humanos, la investigación y la acción penal se ajustarán a lo establecido en esta Constitución y en los tratados o convenios internacionales de los que nuestro país sea parte.

    Termino diciendo, hoy estamos en una situación que no podemos dejar de observar de violaciones graves a los derechos humanos, les guste o no les guste, esa es la realidad, no la podemos ocultar, cada quien carga lo que le corresponde y eso se ve y se refleja también en los resultados de lo que seguramente va a ser la elección en el primero de julio.

    Yo creo que todas y todos, independientemente de quién sea nuestro candidato, tenemos que trabajar para que México salga de la bronca en la que se encuentra, y yo creo que si hay voluntad política, pues no estaríamos ahorita presentando reformas a la Constitución, eso podría hacerse de manera ejecutiva, pero no se ha hecho.

    De tal manera, que estamos presentado la iniciativa conducente a la Constitución para que no haya ningún pretexto.

    Gracias a todas y a todos ustedes, por su atención.

     

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