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El arraigo debe derogarse de inmediato, aplazarlo viola los derechos humanos

No podemos permitirnos esperar a que los artículos transitorios de la reforma en materia penal de 2008 sean cumplidos en 2015 y la figura del arraigo sea derogada, pues implica permitir que se continúe implementando y violando los derechos humanos, por lo que debe ser suprimida de inmediato, señaló la presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Senado.

En el marco de la visita del Sr. Juan Méndez, Relator Especial de Naciones Unidas para la Cuestión de la Tortura, la senadora del PRD informó que están a punto de ser dictaminadas -quizá hoy o mañana- las leyes reglamentarias de los artículos 29 y 33 constitucionales a fin de estar en posibilidades de presentarlas ante la plenaria del Senado antes de que termine el actual periodo de sesiones.

Señaló que coincide en la preocupación por el uso de la prisión preventiva en México, pues ha devenido en una alarmante y dramática violación de los derechos de personas a quienes se les imputa la comisión de un delito y deben transcurrir el proceso privados de su libertad, llegando a conocerse casos en los cuales la sentencia dictada es mucho menor al tiempo que han estado confinados, por lo que “en la Ley de Ejecución Penal que se discute en comisiones, estamos intentando resolver estas faltas y lograr en todos los centros de privación de libertad del país se respeten irrestrictamente los derechos humanos”, agregó.

La legisladora apuntó que en lo referente al Código de Justicia Militar (CJM), también una preocupación para el Sr. Juan Méndez, se han dado pasos muy importantes para modificarlo y solventar lo relativo a las violaciones de los derechos humanos de civiles cometidas por militares, aunque la discusión del dictamen generará un gran debate pues no resuelve lo fundamental.

“Se trata de resolver lo que ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Radilla, esto es, que no haya violaciones a los derechos humanos por parte de militares, más allá de si son civiles o militares los afectados; además estamos obligados -en función de los nuevos preceptos constitucionales- a garantizar que el CJM esté inscrito en el debido proceso legal, de tal manera que tendremos que legislar un nuevo Código de Justicia Militar.”

Finalmente, la senadora Angélica de la Peña enfatizó que la Ley contra la Tortura fue consensada en un trabajo bicamaral y aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados, y se encuentra actualmente en espera de que la Mesa Directiva de la colegisladora la presente al pleno para ser aprobada y posteriormente turnada el Ejecutivo para su publicación.

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