Iniciativas

iniciativa para modificar el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin perfeccionar y ampliar la formula constitucional correspondiente al derecho a la salud, en materia de interrupción voluntaria del emabarazo

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

COMISIÓN PERMANENTE

PRESENTE

Quien suscribe, Senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN, EN MATERIA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los órganos internacionales y regionales en materia de derechos humanos han expresado reiteradamente su preocupación por las consecuencias que tienen los abortos ilegales, o realizados en condiciones de riesgo, en el ejercicio de los derechos humanos de la mujeres, por lo que han recomendado a los Estados liberalizar las regulaciones en materia de interrupción voluntaria del embarazo, así como garantizar el acceso a este derecho en los supuestos establecidos por la ley.

Estos órganos internacionales han entregado una orientación clara sobre cuándo se requiere despenalizar el aborto y han puesto énfasis en que la interrupción voluntaria del embarazo es un asunto de derechos humanos. De igual manera han establecido que, el asegurar el acceso a estos servicios, de conformidad con los estándares de derechos humanos, es parte de las obligaciones del Estado para eliminar la discriminación en contra de las mujeres y garantizar el derecho de éstas a la salud, así como a otros derechos humanos fundamentales.

La mayoría de los países en el mundo establecen ciertas instancias en las cuales el aborto es legal[1]. Unos pocos países han promulgado una prohibición total del aborto. En otros Estados, el aborto está altamente restringido, pero generalmente existe una excepción para el procedimiento, por ejemplo, con el fin de salvar la vida de una mujer, o en casos de violación, incesto o malformación fetal.

La mayoría de los países poseen leyes más o menos tolerantes sobre el aborto, permitiendo el procedimiento sin restricción o con restricciones que toman en cuenta la salud física y mental de la mujer, así como también las razones económicas o sociales[2].

Los órganos internacionales de derechos humanos han calificado las leyes que penalizan el aborto como discriminatorias y como un obstáculo para que las mujeres tengan acceso a la atención médica. Han recomendado que los Estados eliminen todas las disposiciones punitivas hacia las mujeres que se han sometido a abortos. Estos organismos también han solicitado que los Estados permitan el aborto en ciertos casos[3].

La jurisprudencia de los órganos creados en virtud de tratados ha indicado claramente que negar el acceso al aborto a las mujeres cuando existe una amenaza a la vida o salud de la mujer, o cuando el embarazo es el resultado de una violación o de incesto, viola los derechos a la salud[4], a la privacidad[5] y, en ciertos casos, a ser libres de tratos crueles, inhumanos y degradantes[6].

Los mecanismos de derechos humanos han solicitado a los Estados la legalización del aborto en ciertas circunstancias. En su jurisprudencia, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha solicitado a un Estado que “revise su legislación con miras a la despenalización del aborto cuando el embarazo sea el resultado de un violación o de abuso sexual”[7].

El Comité de Derechos Humanos también ha solicitado a los Estados que entreguen información sobre el acceso a abortos sin riesgos para mujeres que han quedado embarazadas como resultado de una violación[8].

En sus observaciones finales, los órganos creados en virtud de tratados también han recomendado que los Estados revisen su legislación y despenalicen el aborto cuando:

  • el embarazo ponga en peligro la vida o la salud de un mujer[9], y
  • en casos de embarazos como consecuencia de una violación o incesto[10].

Los órganos creados en virtud de tratados también han recomendado asegurar el acceso a servicios de aborto en casos de malformación fetal[11], a la vez que se ponen en práctica medidas para garantizar la eliminación de la discriminación contra de las personas con discapacidad[12]. En lo que respecta a las excepciones a la prohibición del aborto para proteger la vida o la salud de la mujer, la salud de la mujer ha sido entendida ampliamente para incluir la salud mental.

En el caso de una niña menor de edad con una discapacidad intelectual, que había quedado embarazada producto de la violación por parte de su tío, el Comité de Derechos Humanos concluyó que el sufrimiento mental causado a la víctima al forzarla a continuar con un embarazo no deseado equivalía a un trato cruel e inhumano[13]. En otro caso, el Comité concluyó de manera similar que negar un aborto a una mujer, sabiendo que su bebé moriría poco después de nacer, le provocó sufrimiento mental, lo que constituye un trato cruel e inhumano[14].

Por lo que hace a México, en abril de 2007, la Ciudad de México aprobó la despenalización y comenzó a ofrecer el servicio de Interrupción Legal del Embarazo en hospitales públicos e instituciones de salud.

Esto fue posible gracias al impulso de los grupos feministas, la polarización electoral y el triunfo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México). Reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo es parte de un largo camino que ubica a México a la vanguardia de América Latina[15].

Todos los códigos penales estatales consideran legal el aborto en casos de violación, y todos salvo los códigos de Guanajuato, Guerrero y Querétaro lo permiten cuando hay riesgo para la vida de la mujer; catorce de los treinta y uno extienden estos casos para incluir deformidades fetales graves; y el estado de Yucatán desde 1922 incluye factores económicos cuando la mujer ya ha dado a luz a tres o más niños[16].

En este mismo sentido, es oportuno recordar que en junio de 2016, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció sobre constitucionalidad de los artículos 332, 333 y 334 del Código Penal Federal (en adelante, CPF). Dichos artículos son los que regulan la decisión de la mujer de practicarse un aborto.

De acuerdo con la SCJN[17], los artículos 333 y 334 de CPF establecen respectivamente como excluyentes del delito cuando el aborto se cause por imprudencia de la mujer embarazada o cuando sea resultado de una violación; y como excusa absolutoria, cuando de provocarse el aborto corra peligro la vida de la mujer embarazada o del producto del embarazo. Estas normas tienen como destinatario directo a la mujer sujeta a un proceso penal en razón de haber interrumpido su embarazo[18].

No obstante, estas normas también impactan de manera indirecta, pero jurídicamente relevante, a la generalidad de las mujeres pues les imponen la obligación de llevar a buen término el embarazo, en todas aquellas circunstancias no consideradas como excluyentes.

De no cumplir con dicha obligación serán sujetas a las consecuencias penales que establece el artículo 332 del Código Penal Federal[19].

De acuerdo con el veredicto en comento, las normas en estudio generan una intromisión continuada en la esfera más íntima de las mujeres, aun cuando estas no sean enjuiciadas bajo tales disposiciones. Estas normas dictan qué conductas pueden realizar las mujeres con sus cuerpos, y comprometen de manera definitiva su proyecto de vida al imponerles llevar a buen término un embarazo, ya que de otro modo deberán enfrentar consecuencias penales.

Por otro lado, las normas impugnadas sí tienen un potencial efecto estigmatizante pues autorizan la realización del aborto sólo cuando está en peligro la vida de la mujer, dejando entrever que la salud de las mujeres tiene menos valía que el producto de la concepción. Estas disposiciones parten de la idea de que las mujeres tienen que cumplir un rol de madres independientemente de las valoraciones internas que pueda tener una mujer para abortar. Esta afectación es estructural.

El derecho a la equidad de género es un principio fundamental consagrado en la mayoría de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer señala que la discriminación contra la mujer comprende aquellas leyes cuyo propósito o efecto sea prevenir que éstas puedan ejercer sus derechos en un plano de igualdad con los hombres. En el mismo sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha advertido que la criminalización de procedimientos médicos requeridos únicamente por mujeres funge como barrera para impedir el acceso de éstas a los servicios de salud.

De tal forma, las disposiciones legislativas que impiden el acceso de las mujeres a la interrupción del embarazo, constituyen una forma de discriminación basada en género. Por los dos aspectos:

  • su efecto es impedir a la mujer el acceso a un procedimiento que podría ser necesario para el goce de sus derechos en un plano de igualdad.
  • el propósito de éste tipo disposiciones es discriminatorio en razón de que subestima la capacidad de la mujer para tomar decisiones responsables sobre su vida y cuerpo.

Además, las normas analizadas tienen un potencial efecto estigmatizante, pues asignan derechos de acuerdo con el género. Estas disposiciones parten de una preconcepción sobre la valía de la vida y destino de la mujer. Las normas que prohíben el aborto o limitan su ejercicio, generan consecuencias continuas y permanentes en la vida de las mujeres, quienes tendrán que organizar su vida reproductiva de acuerdo con las posibilidades que les otorgue Poder Legislativo.

Esta discusión cobra relevancia en la medida que gira en torno a la pregunta constitucional sobre “si la mujer puede abortar y en qué supuestos”. Aclarando que, el caso del aborto plantea una de las problemáticas más complejas que puede enfrentar una sociedad democrática, pues es claro que la cuestión se enmarca en uno de los debates morales y filosóficos más intensos, en el que existen numerosos puntos de vista que con frecuencia son defendidos vehementemente.

Sin embargo, el análisis se aparta del falso debate entre quienes están a favor y en contra de la vida. Nadie propone el aborto como un método más de planificación. Por tanto, el juicio que aquí se hace parte de considerar que la interrupción del embarazo es una situación trágica para cualquier mujer, y más aún cuando debe realizarlo de manera ilegal, clandestina y en situaciones de alto riesgo.

Para determinar esta cuestión es necesario ponderar diversos derechos y principios, en distintos momentos y circunstancias. De un lado se ubican los intereses y derechos de la mujer, y del otro, la protección jurídica que merece el producto en gestación. A pesar de que el concebido tiene un valor intrínseco muy relevante —el cual es incremental mientras avanza el embarazo—, este valor puede ceder en determinadas circunstancias frente a los derechos de la mujer.

A partir de la ponderación de los valores constitucionalmente relevantes y para determinar las circunstancias en las que el embarazo resulta en una carga inexigible para la mujer, la SCJN tomó en consideración, en primer lugar, el contenido prima facie de los valores que se enfrentan en este caso. La protección jurídica que merece el producto de la concepción y los derechos de la mujer que cobran relevancia en el tema (i. el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ii. el derecho a la salud, y iii. el derecho a la no discriminación). En segundo lugar, se realizará un balance entre los valores y derechos que entran en conflicto.

Para entender el debate constitucional y la reflexión de la SCJN, es importante explorar las principales argumentaciones analizadas, con las cuales, se coinciden y dan lugar a esta propuesta de iniciativa.

  1. LA PROTECCIÓN JURÍDICA QUE MERECE EL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN.

En el proyecto del Ministro Zaldivar, dejando de un lado la pretensión de determinar en qué momento inicia la vida humana, se afirma que el derecho no ha considerado al concebido como una persona en el sentido jurídico, susceptible de ser titular de derechos humanos. No obstante ello, el no nacido sí encuentra protección constitucional, como un valor intrínsecamente relevante.

Aclarando que, existe una diferencia esencial desde el punto de vista jurídico entre el producto de la concepción y la persona que ha nacido viva y viable. De los tratados internacionales de derechos humanos, sus trabajos preparatorios y sus observaciones interpretativas, se advierte claramente que los sujetos de protección de dichos instrumentos son las personas nacidas.

Sin embargo, “el no nacido” no es un objeto carente de relevancia constitucional. Tiene un valor intrínseco muy importante, por lo que ciertamente existe un interés fundamental en su preservación y desarrollo. Debemos aceptar que su desarrollo no puede terminar ni desperdiciarse prematuramente por cualquier razón. Esta protección, no deriva de que se vulneren los derechos o intereses del no nacido, sino incluso a pesar de que no los tenga. En realidad, su existencia debe ser respetada como algo valioso en sí mismo; por lo que representa y por lo que constituye per sé.

De los argumentos establecidos en el proyecto es oportuno resaltar los siguientes:

  • La Norma Fundamental no tutela textualmente la vida del no nacido, pero se observa que las normas constitucionales le otorgan protección y en esa medida, reconocen que tiene algún valor constitucional.
  • El valor del concebido es incremental en el tiempo, en la medida en la que su desarrollo no es estático, sino que aumenta progresivamente a lo largo del período de gestación, desde que es un cigoto hasta que se convierte en un bebé perfectamente desarrollado.
  • A medida que aumenta progresivamente la capacidad del organismo para sentir dolor, experimentar placer, reaccionar a su entorno, y sobrevivir fuera del vientre materno, aumenta también su viabilidad para ser persona y con ello, el valor que el Estado puede asignarle como objeto de tutela.

 

 

  1. LOS DERECHOS DE LA MUJER QUE COBRAN RELEVANCIA  

Al respecto, se establece que si bien, el Estado tiene un interés legítimo en proteger la vida del concebido, al mismo tiempo se puede afirmar que la decisión de una mujer de interrumpir su embarazo encuentra protección en distintos derechos fundamentales. El problema constitucional radica en determinar en qué momento, o bajo qué circunstancias debe ceder un interés frente a otro.

Con todo, se identifican al menos tres derechos sobre los que debe articularse cualquier argumentación que pretenda justificar el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo:

El derecho al libre desarrollo de la personalidad. Este derecho protege un ámbito de autonomía de las mujeres que incluye las decisiones relacionadas con su plan de vida, entre las que se encuentra comprendida la autonomía reproductiva, al igual que la garantía de su intangibilidad moral. El libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que deriva del derecho a la dignidad, que a su vez está previsto en el artículo 1º constitucional y se encuentra implícito en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por nuestro país.

Las normas y actos que prohíben o regulan el ejercicio de la decisión de la mujer a practicarse un aborto, afectan al menos prima facie el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues inciden en el plan de vida que las mujeres desean realizar. Este derecho exige que las personas sean libres para tomar decisiones personales sin la injerencia del Estado, especialmente en un ámbito tan importante e íntimo como el que comprende las cuestiones relativas a la sexualidad y reproducción. Esta libertad de decisión representa el mayor grado de autonomía personal, en tanto que implica considerar a la personas como seres con igual dignidad.

Esta faceta del derecho alcanza su grado máximo cuando hablamos de la decisión de ser madre. No hay nada más trascendental para una mujer que el dar vida a un nuevo ser. Tal decisión modificará profundamente la vida de la mujer en todos los sentidos y, en buena medida, determinará su destino y plan de vida. El hecho de que esta decisión sea impuesta por el Estado implica reducir a la mujer a un mero receptáculo de la vida en gestación, carente de derechos e intereses igualmente relevantes.

En definitiva, la dignidad de la mujer —que subyace al derecho al libre desarrollo de la personalidad—, se funda en la convicción de que ella puede disponer libremente de su cuerpo, así como de que puede construir su identidad y destino autónomamente, libre de imposiciones o transgresiones a este principio tan elemental.

En ese sentido,

el aborto es una de las decisiones más personales e íntimas que puede tomar una mujer. La decisión de interrumpir el embarazo tiene tanto dimensiones éticas como médicas. Cada una de estas dimensiones implica una afectación a la esfera más íntima de la mujer. Sólo la mujer embarazada puede discernir la trascendencia de ser madre y las razones por las que prefiere tomar la difícil decisión de abortar. En esa medida, este dilema corresponde al fuero más íntimo de la mujer. Solo ella conoce el peso de cada una de las razones, personales, médicas, económicas, familiares y sociales, que la orillan a interrumpir el embarazo”.

Por ello, las interferencias del Estado en la decisión de la mujer de practicarse un aborto, limitan su derecho a decidir sobre su destino y plan de vida y, por tanto, constituyen una afectación prima facie al derecho al libre desarrollo de la personalidad.

El derecho a la igualdad y no discriminación. Los derechos humanos deben ejercerse de forma igualitaria, es claro que existe una brecha de género respecto al ejercicio del libre desarrollo de la personalidad y la salud sexual y reproductiva de las mujeres. En este sentido, en el proyecto, se advierte una relación de causalidad entre los estereotipos de género y la discriminación que padecen las mujeres y niñas en relación con su disfrute del derecho a la sexualidad.

Se ha detallado el contenido del derecho a la igualdad de género, identificándolo como una manifestación específica del principio de igualdad y no discriminación, mismo que derivó de la necesidad de responder a la situación que enfrenta la mujer como grupo vulnerable.

Este derecho conlleva un doble mandato. Primero, implica la abstención por parte del Estado de interferir con el pleno ejercicio de los derechos de la mujer a través de consideraciones basadas en prejuicios y estigmatizaciones. A su vez, la igualdad de género involucra un deber positivo para el Estado de levantar los obstáculos y derribar las barreras que impidan a las mujeres el ejercicio de sus derechos.

De tal suerte que, derivado de la normativa internacional y de la evolución jurisprudencial del derecho a la igualdad de género en la Primera Sala de la SCJN, es posible afirmar que existe un deber del Estado de velar porque el ejercicio de los derechos de la mujer a decidir sobre su propio plan de vida y a ejercer su salud sexual y reproductiva, se realice sin prejuicios y estigmatizaciones.

 

La afectación al derecho a la igualdad de género no emana únicamente de la condición biológica de la mujer, es decir del hecho de que sólo las mujeres se pueden embarazar, la afectación deriva de la construcción social del rol que la mujer debe cumplir. En efecto, las barreras legales al aborto parten en alguna medida, del estigma de que la mujer tiene que ser madre, independientemente de las razones que ésta pudiera tener para interrumpir su embarazo. Este juicio impide que las mujeres puedan ejercer su sexualidad y decidir su plan de vida como sujetos autónomos.

El derecho a la salud. El derecho a la salud es otro de los derechos que interviene en la decisión de la mujer de interrumpir un embarazo (protegido en el artículo 4 constitucional). Este derecho adquiere una vertiente especial que se denomina derecho a la salud sexual y reproductiva y se encuentra reconocida expresamente en distintos instrumentos internacionales, entendida como “un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad, y no simplemente como la ausencia de afecciones, disfunciones o enfermedades”.

Para garantizar este derecho, el Estado tiene la obligación de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud encaminados a la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona. Además, es innegable que el Estado tiene deberes positivos para garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva. Asimismo, debe proporcionar hasta el máximo de sus recursos servicios de salud sexual y genésica, incluyendo el acceso a servicios de planificación familiar, la atención anterior y posterior al parto, los servicios obstétricos de urgencia y el acceso a la información, así como a los recursos necesarios para actuar con arreglo a esa información.

En tanto el aborto es un procedimiento médico, las condiciones en que se lleva a cabo y los efectos derivados de su realización, impactan en el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Al mismo tiempo, las consecuencias derivadas de las prohibiciones al aborto, tales como muertes evitables, la imposibilidad de volverse a embarazar, o daños psicológicos permanentes, constituyen afectaciones prima facie al derecho a la salud en este aspecto.

De acuerdo con el proyecto, es imposible imaginar cada uno de los casos en los que los intereses de la mujer se contraponen a la protección que merece el producto en gestación, del derecho internacional y comparado, e incluso de la propia realidad, es posible agrupar en los siguientes rubros a los supuestos más relevantes y comunes en los que una mujer se ve orillada a decidir practicarse un aborto:

  1. cuando se encuentra en riesgo su salud,
  2. cuando el embarazo sea haya concebido en contra de su voluntad,
  • cuando el feto no sea viable, y
  1. cuando existan razones distintas a las enunciadas en los supuestos anteriores, pero que pertenezcan exclusivamente al fuero interno de la mujer embarazada.

Es en estos casos en los que debe determinarse si está justificado que se le imponga a la mujer el llevar a buen término el embarazo. Por lo tanto, la razón de ser de esta iniciativa de reforma es la de permitir al legislador permanente perfeccionar y ampliar la formula constitucional correspondiente al derecho a la salud, particularmente para garantizar el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.

Desde el punto de vista estrictamente jurídico, ambos supuestos (el riesgo a la vida o a la salud de la mujer) se construyen sobre la base del estado de necesidad,  y protegen tanto el derecho a la vida como el derecho a la salud, por lo que el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir de manera libre, responsable e informada sobre la continuación o no de sus embarazos dentro de las primeras 12 semanas, contribuye a lograr un marco normativo acorde con la normativa internacional de derechos humanos, al mismo tiempo de homologar nuestra norma constitucional al estándar más alto en la materia.

Por lo anteriormente expuesto, atendiendo a la obligación constitucional del Estado Mexicano de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres del que México forma parte, me permito someter a esta Soberanía, la siguiente:

 

 

 

 

 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4.- 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. En ejercicio del derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre la interrupción voluntaria del embarazo, siempre y cuando lo haga dentro de las primeras doce semanas de gestación. La Ley definirá las bases y modalidades para el ejercicio de este derecho, el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

 

 

 

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

 

 

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ

 

 

 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente,

a 01 de agosto de 2018.

 

[1] Véase. División de Población de Naciones Unidas, Políticas del Aborto en el Mundo 2013 (tabla con las políticas de aborto en todos los países del mundo).

[2] Ídem.

[3] Véase. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones Finales sobre Perú, CEDAW/C/PER/CO/7-8 (2014), párr. 36; Declaración sobre salud y derechos sexuales y reproductivos: Revisión del CIPD Más allá del 2014 (2014).

[4] Véase. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, L.C. v. Perú, CEDAW/C/50/D/22/2009, párr. 8.15.

[5] Véase. Comité de Derechos Humanos, K.L. v. Perú, CCPR/C/85/D/1153/2003, párr. 6.4; V.D.A. v. Argentina, CCPR/C/101/D/1608/2007, párr. 9.3.

[6] Véase.K.L. v. Perú, párr. 6.3; V.D.A. v. Argentina, párr. 9.2

[7] Op. cit.L.C. v. Perú, CEDAW/C/50/D/22/2009, párr. 9(b)(i).

[8] Observación General 28, párr. 11.

 

[9] Véase.Comité de los Derechos del Niño, Observaciones Finales sobre Chad, CRC/C/15/Add.107 (1999), párr. 30.

[10] Véase.Comité de Derechos Humanos, Observaciones Finales sobre Guatemala, CCPR/C/GTM/CO/3 (2012), párr. 20; Panamá, CCPR/C/PAN/CO/3 (2008), párr. 9; Comité contra la Tortura, Observaciones Finales sobre Perú, CAT/C/PER/CO/4 (2006), párr. 23; Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones Finales sobre Sri Lanka, A/57/38 (2002), párr. 283.También véase.Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones Finales sobre Angola, CEDAW/C/AGO/CO/6 (2013), párr. 32(g); Comité de Derechos Humanos, Observaciones Finales sobre República Dominicana, CCPR/C/DOM/CO/5 (2012), párr. 15; Filipinas, CCPR/C/PHL/CO/4 (2012), párr. 13; Comité de los Derechos del Niño, Observaciones Finales sobre Chile, CRC/C/CHL/CO/3 (2007), párr. 56; Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones Finales sobre Costa Rica, E/C.12/CRI/CO/4, (2008), párr. 46; Chile, E/C.12/1/Add.105 (2004), párr. 53; Nepal, E/C.12/1/ Add.66 (2001), párr. 55.

[11] Véase.Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones Finales sobre República Dominicana, CEDAW/C/DOM/CO/6-7 (2013), párr. 37(c); Comité de los Derechos del Niño, Observaciones Finales sobre Costa Rica, CRC /C/CRI/CO/4 (2011), párr. 64(c); Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones Finales sobre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, E/C.12/GBR/CO/5 (2009), párr. 25.

[12] Véase.Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observaciones Finales sobre Austria, CRPD/C/AUT/CO/1 (2013), párrs. 14-15.

[13] Op. cit. V.D.A. v. Argentina, CCPR/C/101/D/1608/2007, párr. 9.2.

[14] Op. cit.K.L. v. Perú, CCPR/C/85/D/1153/2003, párr. 6.3.

 

[15] Cfr.LAMAS, Marta, “La despenalización del aborto en México, Nueva Sociedad No 220, marzo-abril de 2009. Disponible en Internet: http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/22841.pdf

[16] AMPARO EN REVISIÓN 1388/2015, Proyecto Ministro Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Disponible en Internet: https://www.scjn.gob.mx/Primera_Sala/Asuntos%20Lista%20Oficial/AR-1388-2015-160616.pdf

[17] Ídem.

[18] Ídem.

[19] Ídem.

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