• Iniciativas

    iniciativa para modificar el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin perfeccionar y ampliar la formula constitucional correspondiente al derecho a la salud, en materia de interrupción voluntaria del emabarazo

    PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

    COMISIÓN PERMANENTE

    PRESENTE

    Quien suscribe, Senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN, EN MATERIA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO, al tenor de la siguiente:

    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

    Los órganos internacionales y regionales en materia de derechos humanos han expresado reiteradamente su preocupación por las consecuencias que tienen los abortos ilegales, o realizados en condiciones de riesgo, en el ejercicio de los derechos humanos de la mujeres, por lo que han recomendado a los Estados liberalizar las regulaciones en materia de interrupción voluntaria del embarazo, así como garantizar el acceso a este derecho en los supuestos establecidos por la ley.

    Estos órganos internacionales han entregado una orientación clara sobre cuándo se requiere despenalizar el aborto y han puesto énfasis en que la interrupción voluntaria del embarazo es un asunto de derechos humanos. De igual manera han establecido que, el asegurar el acceso a estos servicios, de conformidad con los estándares de derechos humanos, es parte de las obligaciones del Estado para eliminar la discriminación en contra de las mujeres y garantizar el derecho de éstas a la salud, así como a otros derechos humanos fundamentales.

    La mayoría de los países en el mundo establecen ciertas instancias en las cuales el aborto es legal[1]. Unos pocos países han promulgado una prohibición total del aborto. En otros Estados, el aborto está altamente restringido, pero generalmente existe una excepción para el procedimiento, por ejemplo, con el fin de salvar la vida de una mujer, o en casos de violación, incesto o malformación fetal.

    La mayoría de los países poseen leyes más o menos tolerantes sobre el aborto, permitiendo el procedimiento sin restricción o con restricciones que toman en cuenta la salud física y mental de la mujer, así como también las razones económicas o sociales[2].

    Los órganos internacionales de derechos humanos han calificado las leyes que penalizan el aborto como discriminatorias y como un obstáculo para que las mujeres tengan acceso a la atención médica. Han recomendado que los Estados eliminen todas las disposiciones punitivas hacia las mujeres que se han sometido a abortos. Estos organismos también han solicitado que los Estados permitan el aborto en ciertos casos[3].

    La jurisprudencia de los órganos creados en virtud de tratados ha indicado claramente que negar el acceso al aborto a las mujeres cuando existe una amenaza a la vida o salud de la mujer, o cuando el embarazo es el resultado de una violación o de incesto, viola los derechos a la salud[4], a la privacidad[5] y, en ciertos casos, a ser libres de tratos crueles, inhumanos y degradantes[6].

    Los mecanismos de derechos humanos han solicitado a los Estados la legalización del aborto en ciertas circunstancias. En su jurisprudencia, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha solicitado a un Estado que “revise su legislación con miras a la despenalización del aborto cuando el embarazo sea el resultado de un violación o de abuso sexual”[7].

    El Comité de Derechos Humanos también ha solicitado a los Estados que entreguen información sobre el acceso a abortos sin riesgos para mujeres que han quedado embarazadas como resultado de una violación[8].

    En sus observaciones finales, los órganos creados en virtud de tratados también han recomendado que los Estados revisen su legislación y despenalicen el aborto cuando:

    • el embarazo ponga en peligro la vida o la salud de un mujer[9], y
    • en casos de embarazos como consecuencia de una violación o incesto[10].

    Los órganos creados en virtud de tratados también han recomendado asegurar el acceso a servicios de aborto en casos de malformación fetal[11], a la vez que se ponen en práctica medidas para garantizar la eliminación de la discriminación contra de las personas con discapacidad[12]. En lo que respecta a las excepciones a la prohibición del aborto para proteger la vida o la salud de la mujer, la salud de la mujer ha sido entendida ampliamente para incluir la salud mental.

    En el caso de una niña menor de edad con una discapacidad intelectual, que había quedado embarazada producto de la violación por parte de su tío, el Comité de Derechos Humanos concluyó que el sufrimiento mental causado a la víctima al forzarla a continuar con un embarazo no deseado equivalía a un trato cruel e inhumano[13]. En otro caso, el Comité concluyó de manera similar que negar un aborto a una mujer, sabiendo que su bebé moriría poco después de nacer, le provocó sufrimiento mental, lo que constituye un trato cruel e inhumano[14].

    Por lo que hace a México, en abril de 2007, la Ciudad de México aprobó la despenalización y comenzó a ofrecer el servicio de Interrupción Legal del Embarazo en hospitales públicos e instituciones de salud.

    Esto fue posible gracias al impulso de los grupos feministas, la polarización electoral y el triunfo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México). Reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo es parte de un largo camino que ubica a México a la vanguardia de América Latina[15].

    Todos los códigos penales estatales consideran legal el aborto en casos de violación, y todos salvo los códigos de Guanajuato, Guerrero y Querétaro lo permiten cuando hay riesgo para la vida de la mujer; catorce de los treinta y uno extienden estos casos para incluir deformidades fetales graves; y el estado de Yucatán desde 1922 incluye factores económicos cuando la mujer ya ha dado a luz a tres o más niños[16].

    En este mismo sentido, es oportuno recordar que en junio de 2016, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció sobre constitucionalidad de los artículos 332, 333 y 334 del Código Penal Federal (en adelante, CPF). Dichos artículos son los que regulan la decisión de la mujer de practicarse un aborto.

    De acuerdo con la SCJN[17], los artículos 333 y 334 de CPF establecen respectivamente como excluyentes del delito cuando el aborto se cause por imprudencia de la mujer embarazada o cuando sea resultado de una violación; y como excusa absolutoria, cuando de provocarse el aborto corra peligro la vida de la mujer embarazada o del producto del embarazo. Estas normas tienen como destinatario directo a la mujer sujeta a un proceso penal en razón de haber interrumpido su embarazo[18].

    No obstante, estas normas también impactan de manera indirecta, pero jurídicamente relevante, a la generalidad de las mujeres pues les imponen la obligación de llevar a buen término el embarazo, en todas aquellas circunstancias no consideradas como excluyentes.

    De no cumplir con dicha obligación serán sujetas a las consecuencias penales que establece el artículo 332 del Código Penal Federal[19].

    De acuerdo con el veredicto en comento, las normas en estudio generan una intromisión continuada en la esfera más íntima de las mujeres, aun cuando estas no sean enjuiciadas bajo tales disposiciones. Estas normas dictan qué conductas pueden realizar las mujeres con sus cuerpos, y comprometen de manera definitiva su proyecto de vida al imponerles llevar a buen término un embarazo, ya que de otro modo deberán enfrentar consecuencias penales.

    Por otro lado, las normas impugnadas sí tienen un potencial efecto estigmatizante pues autorizan la realización del aborto sólo cuando está en peligro la vida de la mujer, dejando entrever que la salud de las mujeres tiene menos valía que el producto de la concepción. Estas disposiciones parten de la idea de que las mujeres tienen que cumplir un rol de madres independientemente de las valoraciones internas que pueda tener una mujer para abortar. Esta afectación es estructural.

    El derecho a la equidad de género es un principio fundamental consagrado en la mayoría de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer señala que la discriminación contra la mujer comprende aquellas leyes cuyo propósito o efecto sea prevenir que éstas puedan ejercer sus derechos en un plano de igualdad con los hombres. En el mismo sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha advertido que la criminalización de procedimientos médicos requeridos únicamente por mujeres funge como barrera para impedir el acceso de éstas a los servicios de salud.

    De tal forma, las disposiciones legislativas que impiden el acceso de las mujeres a la interrupción del embarazo, constituyen una forma de discriminación basada en género. Por los dos aspectos:

    • su efecto es impedir a la mujer el acceso a un procedimiento que podría ser necesario para el goce de sus derechos en un plano de igualdad.
    • el propósito de éste tipo disposiciones es discriminatorio en razón de que subestima la capacidad de la mujer para tomar decisiones responsables sobre su vida y cuerpo.

    Además, las normas analizadas tienen un potencial efecto estigmatizante, pues asignan derechos de acuerdo con el género. Estas disposiciones parten de una preconcepción sobre la valía de la vida y destino de la mujer. Las normas que prohíben el aborto o limitan su ejercicio, generan consecuencias continuas y permanentes en la vida de las mujeres, quienes tendrán que organizar su vida reproductiva de acuerdo con las posibilidades que les otorgue Poder Legislativo.

    Esta discusión cobra relevancia en la medida que gira en torno a la pregunta constitucional sobre “si la mujer puede abortar y en qué supuestos”. Aclarando que, el caso del aborto plantea una de las problemáticas más complejas que puede enfrentar una sociedad democrática, pues es claro que la cuestión se enmarca en uno de los debates morales y filosóficos más intensos, en el que existen numerosos puntos de vista que con frecuencia son defendidos vehementemente.

    Sin embargo, el análisis se aparta del falso debate entre quienes están a favor y en contra de la vida. Nadie propone el aborto como un método más de planificación. Por tanto, el juicio que aquí se hace parte de considerar que la interrupción del embarazo es una situación trágica para cualquier mujer, y más aún cuando debe realizarlo de manera ilegal, clandestina y en situaciones de alto riesgo.

    Para determinar esta cuestión es necesario ponderar diversos derechos y principios, en distintos momentos y circunstancias. De un lado se ubican los intereses y derechos de la mujer, y del otro, la protección jurídica que merece el producto en gestación. A pesar de que el concebido tiene un valor intrínseco muy relevante —el cual es incremental mientras avanza el embarazo—, este valor puede ceder en determinadas circunstancias frente a los derechos de la mujer.

    A partir de la ponderación de los valores constitucionalmente relevantes y para determinar las circunstancias en las que el embarazo resulta en una carga inexigible para la mujer, la SCJN tomó en consideración, en primer lugar, el contenido prima facie de los valores que se enfrentan en este caso. La protección jurídica que merece el producto de la concepción y los derechos de la mujer que cobran relevancia en el tema (i. el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ii. el derecho a la salud, y iii. el derecho a la no discriminación). En segundo lugar, se realizará un balance entre los valores y derechos que entran en conflicto.

    Para entender el debate constitucional y la reflexión de la SCJN, es importante explorar las principales argumentaciones analizadas, con las cuales, se coinciden y dan lugar a esta propuesta de iniciativa.

    1. LA PROTECCIÓN JURÍDICA QUE MERECE EL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN.

    En el proyecto del Ministro Zaldivar, dejando de un lado la pretensión de determinar en qué momento inicia la vida humana, se afirma que el derecho no ha considerado al concebido como una persona en el sentido jurídico, susceptible de ser titular de derechos humanos. No obstante ello, el no nacido sí encuentra protección constitucional, como un valor intrínsecamente relevante.

    Aclarando que, existe una diferencia esencial desde el punto de vista jurídico entre el producto de la concepción y la persona que ha nacido viva y viable. De los tratados internacionales de derechos humanos, sus trabajos preparatorios y sus observaciones interpretativas, se advierte claramente que los sujetos de protección de dichos instrumentos son las personas nacidas.

    Sin embargo, “el no nacido” no es un objeto carente de relevancia constitucional. Tiene un valor intrínseco muy importante, por lo que ciertamente existe un interés fundamental en su preservación y desarrollo. Debemos aceptar que su desarrollo no puede terminar ni desperdiciarse prematuramente por cualquier razón. Esta protección, no deriva de que se vulneren los derechos o intereses del no nacido, sino incluso a pesar de que no los tenga. En realidad, su existencia debe ser respetada como algo valioso en sí mismo; por lo que representa y por lo que constituye per sé.

    De los argumentos establecidos en el proyecto es oportuno resaltar los siguientes:

    • La Norma Fundamental no tutela textualmente la vida del no nacido, pero se observa que las normas constitucionales le otorgan protección y en esa medida, reconocen que tiene algún valor constitucional.
    • El valor del concebido es incremental en el tiempo, en la medida en la que su desarrollo no es estático, sino que aumenta progresivamente a lo largo del período de gestación, desde que es un cigoto hasta que se convierte en un bebé perfectamente desarrollado.
    • A medida que aumenta progresivamente la capacidad del organismo para sentir dolor, experimentar placer, reaccionar a su entorno, y sobrevivir fuera del vientre materno, aumenta también su viabilidad para ser persona y con ello, el valor que el Estado puede asignarle como objeto de tutela.

     

     

    1. LOS DERECHOS DE LA MUJER QUE COBRAN RELEVANCIA  

    Al respecto, se establece que si bien, el Estado tiene un interés legítimo en proteger la vida del concebido, al mismo tiempo se puede afirmar que la decisión de una mujer de interrumpir su embarazo encuentra protección en distintos derechos fundamentales. El problema constitucional radica en determinar en qué momento, o bajo qué circunstancias debe ceder un interés frente a otro.

    Con todo, se identifican al menos tres derechos sobre los que debe articularse cualquier argumentación que pretenda justificar el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo:

    El derecho al libre desarrollo de la personalidad. Este derecho protege un ámbito de autonomía de las mujeres que incluye las decisiones relacionadas con su plan de vida, entre las que se encuentra comprendida la autonomía reproductiva, al igual que la garantía de su intangibilidad moral. El libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que deriva del derecho a la dignidad, que a su vez está previsto en el artículo 1º constitucional y se encuentra implícito en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por nuestro país.

    Las normas y actos que prohíben o regulan el ejercicio de la decisión de la mujer a practicarse un aborto, afectan al menos prima facie el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues inciden en el plan de vida que las mujeres desean realizar. Este derecho exige que las personas sean libres para tomar decisiones personales sin la injerencia del Estado, especialmente en un ámbito tan importante e íntimo como el que comprende las cuestiones relativas a la sexualidad y reproducción. Esta libertad de decisión representa el mayor grado de autonomía personal, en tanto que implica considerar a la personas como seres con igual dignidad.

    Esta faceta del derecho alcanza su grado máximo cuando hablamos de la decisión de ser madre. No hay nada más trascendental para una mujer que el dar vida a un nuevo ser. Tal decisión modificará profundamente la vida de la mujer en todos los sentidos y, en buena medida, determinará su destino y plan de vida. El hecho de que esta decisión sea impuesta por el Estado implica reducir a la mujer a un mero receptáculo de la vida en gestación, carente de derechos e intereses igualmente relevantes.

    En definitiva, la dignidad de la mujer —que subyace al derecho al libre desarrollo de la personalidad—, se funda en la convicción de que ella puede disponer libremente de su cuerpo, así como de que puede construir su identidad y destino autónomamente, libre de imposiciones o transgresiones a este principio tan elemental.

    En ese sentido,

    el aborto es una de las decisiones más personales e íntimas que puede tomar una mujer. La decisión de interrumpir el embarazo tiene tanto dimensiones éticas como médicas. Cada una de estas dimensiones implica una afectación a la esfera más íntima de la mujer. Sólo la mujer embarazada puede discernir la trascendencia de ser madre y las razones por las que prefiere tomar la difícil decisión de abortar. En esa medida, este dilema corresponde al fuero más íntimo de la mujer. Solo ella conoce el peso de cada una de las razones, personales, médicas, económicas, familiares y sociales, que la orillan a interrumpir el embarazo”.

    Por ello, las interferencias del Estado en la decisión de la mujer de practicarse un aborto, limitan su derecho a decidir sobre su destino y plan de vida y, por tanto, constituyen una afectación prima facie al derecho al libre desarrollo de la personalidad.

    El derecho a la igualdad y no discriminación. Los derechos humanos deben ejercerse de forma igualitaria, es claro que existe una brecha de género respecto al ejercicio del libre desarrollo de la personalidad y la salud sexual y reproductiva de las mujeres. En este sentido, en el proyecto, se advierte una relación de causalidad entre los estereotipos de género y la discriminación que padecen las mujeres y niñas en relación con su disfrute del derecho a la sexualidad.

    Se ha detallado el contenido del derecho a la igualdad de género, identificándolo como una manifestación específica del principio de igualdad y no discriminación, mismo que derivó de la necesidad de responder a la situación que enfrenta la mujer como grupo vulnerable.

    Este derecho conlleva un doble mandato. Primero, implica la abstención por parte del Estado de interferir con el pleno ejercicio de los derechos de la mujer a través de consideraciones basadas en prejuicios y estigmatizaciones. A su vez, la igualdad de género involucra un deber positivo para el Estado de levantar los obstáculos y derribar las barreras que impidan a las mujeres el ejercicio de sus derechos.

    De tal suerte que, derivado de la normativa internacional y de la evolución jurisprudencial del derecho a la igualdad de género en la Primera Sala de la SCJN, es posible afirmar que existe un deber del Estado de velar porque el ejercicio de los derechos de la mujer a decidir sobre su propio plan de vida y a ejercer su salud sexual y reproductiva, se realice sin prejuicios y estigmatizaciones.

     

    La afectación al derecho a la igualdad de género no emana únicamente de la condición biológica de la mujer, es decir del hecho de que sólo las mujeres se pueden embarazar, la afectación deriva de la construcción social del rol que la mujer debe cumplir. En efecto, las barreras legales al aborto parten en alguna medida, del estigma de que la mujer tiene que ser madre, independientemente de las razones que ésta pudiera tener para interrumpir su embarazo. Este juicio impide que las mujeres puedan ejercer su sexualidad y decidir su plan de vida como sujetos autónomos.

    El derecho a la salud. El derecho a la salud es otro de los derechos que interviene en la decisión de la mujer de interrumpir un embarazo (protegido en el artículo 4 constitucional). Este derecho adquiere una vertiente especial que se denomina derecho a la salud sexual y reproductiva y se encuentra reconocida expresamente en distintos instrumentos internacionales, entendida como “un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad, y no simplemente como la ausencia de afecciones, disfunciones o enfermedades”.

    Para garantizar este derecho, el Estado tiene la obligación de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud encaminados a la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona. Además, es innegable que el Estado tiene deberes positivos para garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva. Asimismo, debe proporcionar hasta el máximo de sus recursos servicios de salud sexual y genésica, incluyendo el acceso a servicios de planificación familiar, la atención anterior y posterior al parto, los servicios obstétricos de urgencia y el acceso a la información, así como a los recursos necesarios para actuar con arreglo a esa información.

    En tanto el aborto es un procedimiento médico, las condiciones en que se lleva a cabo y los efectos derivados de su realización, impactan en el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Al mismo tiempo, las consecuencias derivadas de las prohibiciones al aborto, tales como muertes evitables, la imposibilidad de volverse a embarazar, o daños psicológicos permanentes, constituyen afectaciones prima facie al derecho a la salud en este aspecto.

    De acuerdo con el proyecto, es imposible imaginar cada uno de los casos en los que los intereses de la mujer se contraponen a la protección que merece el producto en gestación, del derecho internacional y comparado, e incluso de la propia realidad, es posible agrupar en los siguientes rubros a los supuestos más relevantes y comunes en los que una mujer se ve orillada a decidir practicarse un aborto:

    1. cuando se encuentra en riesgo su salud,
    2. cuando el embarazo sea haya concebido en contra de su voluntad,
    • cuando el feto no sea viable, y
    1. cuando existan razones distintas a las enunciadas en los supuestos anteriores, pero que pertenezcan exclusivamente al fuero interno de la mujer embarazada.

    Es en estos casos en los que debe determinarse si está justificado que se le imponga a la mujer el llevar a buen término el embarazo. Por lo tanto, la razón de ser de esta iniciativa de reforma es la de permitir al legislador permanente perfeccionar y ampliar la formula constitucional correspondiente al derecho a la salud, particularmente para garantizar el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.

    Desde el punto de vista estrictamente jurídico, ambos supuestos (el riesgo a la vida o a la salud de la mujer) se construyen sobre la base del estado de necesidad,  y protegen tanto el derecho a la vida como el derecho a la salud, por lo que el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir de manera libre, responsable e informada sobre la continuación o no de sus embarazos dentro de las primeras 12 semanas, contribuye a lograr un marco normativo acorde con la normativa internacional de derechos humanos, al mismo tiempo de homologar nuestra norma constitucional al estándar más alto en la materia.

    Por lo anteriormente expuesto, atendiendo a la obligación constitucional del Estado Mexicano de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres del que México forma parte, me permito someter a esta Soberanía, la siguiente:

     

     

     

     

     

     

     

    INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN

    DECRETO

    ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

    Artículo 4.- 

    Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. En ejercicio del derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre la interrupción voluntaria del embarazo, siempre y cuando lo haga dentro de las primeras doce semanas de gestación. La Ley definirá las bases y modalidades para el ejercicio de este derecho, el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

     

     

     

    T R A N S I T O R I O S

    ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

     

     

     

    SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ

     

     

     

     

    Salón de Sesiones de la Comisión Permanente,

    a 01 de agosto de 2018.

     

    [1] Véase. División de Población de Naciones Unidas, Políticas del Aborto en el Mundo 2013 (tabla con las políticas de aborto en todos los países del mundo).

    [2] Ídem.

    [3] Véase. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones Finales sobre Perú, CEDAW/C/PER/CO/7-8 (2014), párr. 36; Declaración sobre salud y derechos sexuales y reproductivos: Revisión del CIPD Más allá del 2014 (2014).

    [4] Véase. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, L.C. v. Perú, CEDAW/C/50/D/22/2009, párr. 8.15.

    [5] Véase. Comité de Derechos Humanos, K.L. v. Perú, CCPR/C/85/D/1153/2003, párr. 6.4; V.D.A. v. Argentina, CCPR/C/101/D/1608/2007, párr. 9.3.

    [6] Véase.K.L. v. Perú, párr. 6.3; V.D.A. v. Argentina, párr. 9.2

    [7] Op. cit.L.C. v. Perú, CEDAW/C/50/D/22/2009, párr. 9(b)(i).

    [8] Observación General 28, párr. 11.

     

    [9] Véase.Comité de los Derechos del Niño, Observaciones Finales sobre Chad, CRC/C/15/Add.107 (1999), párr. 30.

    [10] Véase.Comité de Derechos Humanos, Observaciones Finales sobre Guatemala, CCPR/C/GTM/CO/3 (2012), párr. 20; Panamá, CCPR/C/PAN/CO/3 (2008), párr. 9; Comité contra la Tortura, Observaciones Finales sobre Perú, CAT/C/PER/CO/4 (2006), párr. 23; Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones Finales sobre Sri Lanka, A/57/38 (2002), párr. 283.También véase.Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones Finales sobre Angola, CEDAW/C/AGO/CO/6 (2013), párr. 32(g); Comité de Derechos Humanos, Observaciones Finales sobre República Dominicana, CCPR/C/DOM/CO/5 (2012), párr. 15; Filipinas, CCPR/C/PHL/CO/4 (2012), párr. 13; Comité de los Derechos del Niño, Observaciones Finales sobre Chile, CRC/C/CHL/CO/3 (2007), párr. 56; Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones Finales sobre Costa Rica, E/C.12/CRI/CO/4, (2008), párr. 46; Chile, E/C.12/1/Add.105 (2004), párr. 53; Nepal, E/C.12/1/ Add.66 (2001), párr. 55.

    [11] Véase.Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones Finales sobre República Dominicana, CEDAW/C/DOM/CO/6-7 (2013), párr. 37(c); Comité de los Derechos del Niño, Observaciones Finales sobre Costa Rica, CRC /C/CRI/CO/4 (2011), párr. 64(c); Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones Finales sobre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, E/C.12/GBR/CO/5 (2009), párr. 25.

    [12] Véase.Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observaciones Finales sobre Austria, CRPD/C/AUT/CO/1 (2013), párrs. 14-15.

    [13] Op. cit. V.D.A. v. Argentina, CCPR/C/101/D/1608/2007, párr. 9.2.

    [14] Op. cit.K.L. v. Perú, CCPR/C/85/D/1153/2003, párr. 6.3.

     

    [15] Cfr.LAMAS, Marta, “La despenalización del aborto en México, Nueva Sociedad No 220, marzo-abril de 2009. Disponible en Internet: http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/22841.pdf

    [16] AMPARO EN REVISIÓN 1388/2015, Proyecto Ministro Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Disponible en Internet: https://www.scjn.gob.mx/Primera_Sala/Asuntos%20Lista%20Oficial/AR-1388-2015-160616.pdf

    [17] Ídem.

    [18] Ídem.

    [19] Ídem.

  • Opinion

    No habrá pase automático de Procurador a Fiscal General

    El miércoles haremos, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la declaratoria de la aprobación de la reforma para eliminar el pase automático de Procurador General de la República a Fiscal General, luego de que se ha aprobado por más de la mitad de los congresos locales.

    ¿Por qué es importante haber eliminado este pase automático? Recordemos que la reforma de 2014 en materia de justicia penal incluyó un artículo transitorio que consideraba el pase automático del Procurador hacia Fiscal sin que mediara un proceso de selección de candidaturas conforme a los criterios de la reforma constitucional.

    Ni las actuales procuradurías locales ni la PGR le sirven ya a la sociedad, son anacrónicas y plagadas de corrupción. Es imprescindible garantizar profesionalismo en ciencias de investigación criminal, imparcialidad, celeridad y transparencia en el ejercicio de la procuración de justicia.

    Por ello diversas organizaciones de la sociedad civil y especialistas han insistido en suprimir este pase automático y en reformar el artículo 102-A para aumentar los requisitos que deben distinguir no sólo a quien aspire a ser titular de esta Fiscalía General sino también las características de la nueva institución en la que debe transformarse lo que hoy es la PGR.

    Urge transitar a un nuevo modelo de justicia penal que garantice los derechos de las víctimas y castigue a criminales. La Fiscalía que debe reemplazar a la actual Procuraduría General de la República debe detener el incremento de los delitos a partir de la modernización de la implementación de la justicia fundada en el respeto al debido proceso legal.

    Muchos son los ejemplos del desastre de la ineficiencia en la investigación de hechos que han marcado a la PGR como un ente ineficaz, parcial, corrupto e impune; uno de ellos quedó evidenciado en el Caso Iguala y la desaparición de 43 estudiantes, donde el sustento de la investigación se basa en confesiones, muchas de ellas obtenidas por tortura, además del señalamiento de colusión con quienes provocaron esta tragedia, así como saber el paradero y suerte de los estudiantes de manera veraz.

    La falta de independencia del Presidente ha convertido a la PGR en una oficina al lado del despacho presidencial para ser utilizada según el humor de quien sea su jefe y no para investigar la posible corrupción en la que se vean involucrados funcionarios federales, incluido el mismo Presidente.

    Quitar el pase automático para evitar que quien sea Procurador sea en automático Fiscal los próximos 9 años a partir de la aprobación de la ley de la Fiscalía General de la República es trascendental, evita simulación de independencia respecto de quien lo nombra.

    ¿Qué sigue? Diseñar la Ley de la Fiscalía General de la República desde una dinámica de parlamento abierto con las OSC y especialistas para que el tránsito de PGR a Fiscalía se dé en base a los fundamentos del sistema acusatorio y se reafirme su autonomía del gobierno.

    El Congreso que se instalará el 1 de septiembre debe trabajar independiente del próximo Presidente; nombrar al nuevo Fiscal como pretende AMLO es una simulación porque la terna que ha anunciado tiene estrecha relación con él. Es necesario exigir se logre una buena ley que termine con los pactos de corrupción y de impunidad y para concretarlo, la total autonomía del Presidente es crucial.

  • Discursos

    Si no se reconoce y se atiende el desplazamiento forzado interno, el problema desbordará a las autoridades

    Intervención en tribuna para referirse a favor del dictamen por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República un informe respecto de las acciones que llevan a cabo para contrarrestar el desplazamiento forzado de poblaciones en el territorio nacional.

     

    Con su venia Señor Presidente.

    Buenas tardes Señoras y Señores.

    Bueno estoy muy, sorprendentemente, feliz al ver este dictamen de la Primera Comisión porque quienes son Senadoras y Senadores recordarán el gran debate que dimos en la Ley General de Atención a Víctimas para reconocer el concepto de “desplazamiento forzoso interno” y ustedes, el PRI, estuvieron en contra del concepto de “desplazamiento forzoso”, salvo la Señora Senadora Diva Hadamira Gastélum que además presentó una iniciativa. Tú también, tengo que hacer excepciones Senador Casillas.

    Me parece que es muy pertinente este punto de acuerdo porque reconocer el desplazamiento forzoso interno en México es trascendental, es uno de los asuntos más preocupantes que tiene que motivarnos donde estemos, que tiene que ser una de las materias que tienen que abordar en la próxima legislatura.

    En primer lugar reconocer que este fenómeno si no se atiende va a ser como una bola de nieve, parecido a lo que hoy enfrentamos con la desaparición forzada; es reconocer que hay en México una situación forzosa de gente, de personas, de familias que se tienen que mover de manera forzada por situaciones particularmente en el caso de México motivados por la violencia.

    Es verdad que el desplazamiento también se da, también aquí en México, por la instalación de megaproyectos que, sin aplicar la obligada consulta a las comunidades como nos obliga el convenio 169 de la OIT, pues también tienen que ser literalmente desplazadas de manera forzada.

    Entonces, yo lo que quiero comentar es que felicito a la Comisión, a la Primera Comisión, por este punto de acuerdo que además en sus méritos es propuesto por la Senadora del PRI, la Senadora De la Torre y que muestra que el PRI ya está avanzando a reconocer este fenómeno.

    ¡Qué barbaridad! Cómo discutimos para que finalmente quedara el concepto “desplazamiento interno”, pero vetado que éste se etiquetara como “forzoso” cuando discutíamos la Ley de Atención a Víctimas y después las reformas a la propia Ley de Atención a Víctimas.

    Les felicito, qué bueno que se reconoce el fenómeno, ya un poco tarde; pero bueno, cuando menos queda en este punto de acuerdo.

    ¡Felicidades!

     

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  • Discursos

    El gobierno de Peña Nieto fue omiso en la erradicación de la violencia contra las mujeres

    Intervención en tribuna para referirse a favor del dictamen de la Segunda Comisión, que exhorta a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a fortalecer las acciones necesarias a fin de contribuir a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género y facilitar el acceso a la justicia de las mujeres.

     

    …integrantes de la Comisión Permanente.

    La CONAVIM, ¿qué es la CONAVIM? ¿Es lo que concebimos cuando legislamos, cuando dictaminamos la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia? No.

    La Ley tiene prácticamente dos sexenios y es una ley que no ha logrado garantizar el objeto de su creación que es la atención, la prevención, la sanción y, por supuesto, caminar hacia la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres de todas las edades y de todas las condiciones.

    Necesitamos, además, entender, que las atribuciones de todos los centros de justicia para las mujeres que están en las entidades federativas son instancias a nivel local, no tiene injerencia la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en lo que acontece en estos centros y los centros están dedicados para la atención, solamente para la atención.

    Pero uno de los aspectos fundamentales de la ley es la política pública para garantizar la prevención de la violencia, caminar hacia la restitución de los derechos de manera integral para que las mujeres de todas las condiciones estén libres de cualquier tipo o modalidad de violencia de género y que lo que hemos observado es que no hay una política de estado para prevenir estas violencias de género.

    Tan es así que cada año encontramos cifras en donde el feminicidio, por desgracias, sigue arriba, cada encontramos que las cifras de violencia en otros ámbitos también encuentran un crecimiento y no hay justicia; tan es así que no existe un política estructural que fondo que cambie la cultura, pero sobre todo, las estructuras sociales que determinan comportamientos machistas, denigrantes, discriminatorios, que llevan a mujeres de todas las edades, insisto, a sufrir violaciones a sus derechos humanos.

    Por lo que es bueno que este punto de acuerdo se apruebe, así aconteció en la Segunda Comisión de la Permanente, pero sí queremos dejar constancia al final del sexenio del Presidente Peña que no hubo una política de estado contra la violencia hacia las mujeres, que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconocida a nivel internacional porque, además, armoniza la Convención Belém Do Pará que reconoce que la violencia de género no solamente se padece en el ámbito privado sino también en el ámbito público, conlleva violaciones a los derechos humanos de las mujeres y, por lo tanto, determina, estadios de enorme discriminación y de desigualdad de las mujeres frente a los hombres, pues simplemente ha quedado una ley ahí, reconocida en el ámbito internacional, pero que no ha sido implementada de manera eficiente y efectiva por parte del Estado mexicano.

    Y hoy mismo, y con eso termino, las recomendaciones del Comité de la CEDAW que acaban de darse al Estado mexicano han insistido nuevamente a México que ha hecho insuficiente, ha determinado acciones de manera insuficiente frente a la violencia contra las mujeres.

    De tal manera, que es correcto el punto de acuerdo, pero debimos haber insistido, todos, de manera unánime, a que efectivamente la política pública fuera contundente en la aplicación ni más ni menos, no pedimos otra cosa, sino aplicar la ley en cada uno de sus preceptos para realmente castigar, pero sobre todo, trabajar hacia la erradicación de las distintas modalidades de violencia y los tipos de violencia que están planteados en la ley.

    Es cuanto. Gracias por su atención.

     

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  • Discursos

    El gobierno de Peña Nieto aún tiene tiempo de esclarecer el caso Ayotzinapa

    Intervención en tribuna d para presentar una iniciativa por la que se adicionan los artículos 10 Quintus y 10 Sextus de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que tiene por objeto crear la Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad.

     

    …un acontecimiento el pasado lunes, la Presidencia de la República señaló a través del Consejero Jurídico, que la Comisión para la Verdad, la Comisión para el caso Iguala que mandata la resolución del amparo 214/217 del Primer Tribunal Colegiado del Décimo noveno Circuito (inaudible) textual, no tiene sustento normativo para su existencia y operación.

    Si hacemos un balance de los terribles acontecimientos que van a marcar ya históricamente al sexenio del Presidente Peña Nieto, uno de los más lamentables, más terribles, inscrito con serias connotaciones de crímenes de lesa humanidad, si revisamos el Estatuto de Roma vamos a encontrar el concepto de desaparición forzada como uno de los elementos que distingue, que define, cuándo es un crimen de lesa humanidad.

    Las características de extermino por parte de agentes del Estado contra los estudiantes esa noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, y que llevó a tener el desastre terrible de no saber el paradero, la suerte de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y por eso es, y lo dijimos desde esta tribuna, relevante que el Poder Judicial a través del Primer Tribunal Colegiado de Matamoros inscribiera de manera puntual un amparo que ordenaba reponer la investigación para la justicia y la verdad del Caso Iguala.

    Es verdad que esta Comisión sui generis, novedosa, tomaba en consideración el desastres en la investigación; obviamente, entendemos la preocupación de la Procuraduría General de la República porque es el principal ente señalado por este Tribunal respecto del desaseo, de la  manipulación, del deterioro de todas las formas para resguardar la cadena de custodia, una investigación omisa, todo, todo dirigido a partir de sostener en confesiones, evidenciadas muchas de ellas en el caso que me ocupa, precisamente obtenidas por tortura y llevadas finalmente a este amparo que pone en entredicho la “verdad histórica” del entonces Procurador General de la República, Murillo Karam.

    La “verdad Histórica” que nos quiso vender, ya cerrar el caso porque, recordemos, decía los 43 ya aparecieron, resulta que fueron incinerados esa noche en el basurero de Cocula; bueno, quienes hemos leído este amparo y conocemos bien el proceso en cómo se ha dado, la investigación realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, porque aquí además publicamos los dos informes de este grupo de expertos, quienes conocemos las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quienes hemos seguido el proceso de acompañamiento a las organizaciones no gubernamentales que están asesorando y acompañando de manera jurídica a las familias, sabemos perfectamente que no tiene desperdicio ninguno de los párrafos de este amparo.

    Sin embargo, la Procuraduría General de la República recurrió a su vez a impugnar la decisión de este Primer Tribunal Colegiado y recurrió a la Suprema Corte y la Suprema Corte, como sabemos, a su vez, determinó que tenía que ser un asunto tratado en otro ámbito del Poder Judicial, desde el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial, con sede en Reynosa, Tamaulipas, y que efectivamente publicó un acuerdo mediante el cual considera fundado el incidente de imposibilidad jurídica promovido por la Procuraduría General de la República, oh, ya no hay manera de que se reencauce como determinó al anterior tribunal para reabrir el caso y saber la verdad de lo que aconteció.

    No puede haber justicia si no se sabe la verdad, no puede haber reparación integral del daño si no se sabe la verdad, no puede haber determinación de mantener la memoria y, sobre todo, la restitución de derechos de las víctimas indirectas, de los familiares, de las víctimas que esa noche perdieron la vida o que fueron heridas (inaudible) saber el paradero y la suerte de los 43 estudiantes que hoy están desaparecidos de manera forzosa.

    ¿Qué nos queda? Lo que nos queda es entonces recurrir a lo que señala el propio tribunal dándole la razón a la PGR, vayámonos a la ley, y lo que hoy estoy expresando desde esta tribuna es justamente modificaciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para que no haya pretextos, y si realmente hay voluntad política por parte del gobierno que todavía va a continuar hasta noviembre, pues, entonces, actuar en consecuencia y resolver la Litis que llevó a no atender la configuración de esta Comisión de la Verdad sobre el Caso Iguala.

    De tal manera, que hoy estoy presentando a nombre del Grupo Parlamentario del PRD las adiciones a dos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que por obviedad de tiempo, y les agradezco a todas y todos ustedes su atención, le solicito al señor presidente de la Mesa Directiva inscriba de manera textual en el Diario de los Debates.

    Termino, este asunto por desgracia al no querer ser atendido en el ámbito nacional, va a seguir el camino del ámbito internacional, y seguramente será uno de los temas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y francamente me parece una gran desatino y va a ser recordado este gobierno sobre todo por ese terrible caso en el que no sabemos qué ha pasado con estos estudiantes que, insisto, tiene toda la connotación de crímenes de lesa humanidad.

    Es cuanto.

     

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