• Boletines

    Peña Nieto sin pretextos para no conformar la Comisión para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala

    La senadora Angélica de la Peña propuso modificar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, adicionando los artículos 10 quintus y 10 sextus, con el objeto de establecer la comisión de investigación para la verdad y la justicia sobre los hechos del Caso Iguala.

    En su inciaitiva, la legisladora del PRD recordó que el pasado lunes la presidencia de la República señaló a través del consejero jurídico, Misha Leonel Granados Fernández, que la Comisión de la Verdad para el caso Iguala que mandata la resolución del amparo 2014/2017 del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito “no tiene sustento normativo para su existencia y operación”.

    Dicha declaración se da en el marco de una resolución del pasado sábado 18 de agosto del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial, a cargo del Magistrado Sabino Pérez García y con sede en Reynosa, Tamaulipas, que publicó un acuerdo mediante el cual considera “fundado el incidente de imposibilidad jurídica promovido por la Procuraduría General de la República” en contra de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del mismo Circuito judicial, que había ordenado la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad, como mecanismo extraordinario para investigar el paradero de los estudiantes normalistas desaparecidos desde 2014.

    “Tanto la resolución del Juez del Tercer Tribunal Unitario como las declaraciones del Consejero Jurídico son totalmente irresponsables y demuestran la negativa absoluta del compromiso que hizo este Gobierno con las víctimas de buscar a todas y todos los desaparecidos”, acotó la también Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.

    Por el contrario, continuó, como lo señalan los abogados de las víctimas, se utiliza toda la fuerza del Estado, “no a la búsqueda de los desaparecidos, sino al combate de una sentencia innovadora de un tribunal que asumió a cabalidad su rol de contrapeso democrático” y que se ajusta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

    “Lo que estamos presenciando es una evasión del Ejecutivo Federal de asumir sus responsabilidades y someter a los tribunales del Poder Judicial de la Federación a una presión política ya que no es cierto, como argumenta el Ejecutivo que la ejecutoria invada facultades competenciales del Ejecutivo Federal”, expuso de la Peña Gómez.

    Finalmente, la senadora Angélica de la Peña Gómez apuntó que es evidente la falta de voluntad política por parte de las autoridades federales de que la verdad del caso Iguala se conozca, traicionando con ello el compromiso del Gobierno Federal de buscar a todas las personas desaparecidas, “consideramos que el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas no debe regatearse, por el contrario el Estado debería estar preocupado por cumplir sus compromisos y las observaciones que en el ámbito internacional tiene por graves violaciones a los derechos humanos”.

    La iniciativa fue turnada a las comisiones Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

     

     

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    Para consulta la iniciativa íntegra: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82559

     

  • Iniciativas

    Iniciativa por la que se adicionan los artículos 10 Quintus y 10 Sextus de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que tiene por objeto crear la Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad.

    SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO.
    PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
    H. COMISIÓN PERMANENTE.

    PRESENTE:

     

    La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 10 QUINTUS Y 10 SEXTUS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PARA ESTABLECER LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA VERDAD Y LA JUSTICIA SOBRE LOS HECHOS DEL CASO IGUALA), al tenor de la siguiente:

     

    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

     

    El pasado lunes la presidencia de la República señaló a través del consejero jurídico, Misha Leonel Granados Fernández, que la Comisión de la Verdad para el caso Iguala que mandata la resolución del amparo 2014/2017 del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito “no tiene sustento normativo para su existencia y operación”.

     

    Dicha declaración se da en el marco de una resolución del pasado sábado 18 de agosto del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial, a cargo del Magistrado Sabino Pérez García y con sede en Reynosa, Tamaulipas, que publicó un acuerdo mediante el cual considera “fundado el incidente de imposibilidad jurídica promovido por la Procuraduría General de la República” en contra de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del mismo Circuito judicial, que había ordenado la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad, como mecanismo extraordinario para investigar el paradero de los estudiantes normalistas desaparecidos desde 2014.

     

    Tanto la resolución del Juez del Tercer Tribunal Unitario como las declaraciones del Consejero Jurídico son totalmente irresponsables y demuestran la negativa absoluta del compromiso que hizo este Gobierno con las víctimas de buscar a todas y todos los desaparecidos.

     

    Por el contrario, y como lo señalan los abogados de las víctimas se utiliza toda la fuerza del Estado, “no a la búsqueda de los desaparecidos, sino al combate de una sentencia innovadora de un tribunal que asumió a cabalidad su rol de contrapeso democrático” y que se ajusta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

     

    Lo que estamos presenciando es una evasión del Ejecutivo Federal de asumir sus responsabilidades y someter a los tribunales del Poder Judicial de la Federación a una presión política ya que no es cierto, como argumenta el Ejecutivo que la ejecutoria invada facultades competenciales del Ejecutivo Federal.

     

    Recordemos que la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito ordenó reponer la investigación sobre el Caso Iguala, ya que la indagatoria realizada por la Procuraduría General de la República no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial, por tanto ordenaron la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, misma que debe seguir el modelo para la Investigación Legal de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias, conocido como Protocolo de Minnesota. Dicha comisión se debe integrar por representantes de los familiares, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público de la Federación, y también podrán pedir la intervención de peritos y especialistas nacionales y extranjeros, además estarán excluidos de participar en la comisión los peritos o especialistas que presten sus servicios al aparato de gobierno, a menos que los padres de los 43 o la CNDH lo soliciten, quienes además determinarán las líneas de investigación y pruebas a practicarse.

     

    La sentencia también establece que la Comisión de Investigación de la Verdad tendrá libre e inmediato acceso a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar que estimen pertinente, en especial, donde haya motivos para creer que están, estuvieron o se puedan encontrar los estudiantes desaparecidos, o vestigios que aporten información sobre su paradero; incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar o castrense.

     

    Además en la propia sentencia le solicita al Congreso de la Unión que considere un presupuesto para que la Comisión de la Verdad pueda operar y recomienda al Estado entregar una indemnización parcial a los familiares de los estudiantes desaparecidos para hacerle frente a los gastos que han tenido que realizar como parte de la búsqueda que iniciaron tras la desaparición y los procesos jurídicos que han tenido que enfrentar ante la incapacidad del Estado para ofrecer respuesta a la demanda de justicia. Además, la resolución establece de manera clara y precisa que el Estado no quedaría liberado de su deber de seguir enfocando todos los esfuerzos institucionales hasta encontrar a los estudiantes desaparecidos, lograr el total esclarecimiento de los hechos, el procesamiento y sanción de todos los responsables, y desde luego, la integral reparación de los daños a todas las víctimas.

     

    Es evidente la falta de voluntad política por parte de las autoridades federales de que la verdad del caso Iguala no se conozca, traicionando con ello el compromiso del Gobierno Federal de buscar a todas las personas desaparecidas.

     

    Por tanto, la iniciativa que ponemos a la consideración de esta Soberanía propone que la Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad que mandató crear la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito se encuentre prevista en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, ello con la finalidad de evitar argumentos como el de la imposibilidad de su creación o peor aún, aquél que sostiene que invade facultades competenciales del Ejecutivo federal.

     

    Consideramos que el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas no debe regatearse, por el contrario el Estado debería estar preocupado por cumplir sus compromisos y las observaciones que en el ámbito internacional tiene por graves violaciones a los derechos humanos.

     

    En mérito de los expuesto se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente:

     

    INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 10 QUINTUS Y 10 SEXTUS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

     

    ARTÍCULO ÚNICO. Se adicionan los artículos 10 quintus y 10 sextus a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para quedar como sigue:

     

     

    Artículo 10 quintus. La Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia es un órgano con autonomía técnica y operativa para investigar, conocer el paradero, la verdad, perseguir y consignar los hechos que la ley considera como delitos de los hechos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del año dos mil catorce en Iguala Guerrero, y que llevaron a la desaparición de cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa.

     

    La Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para el desarrollo de sus funciones se auxiliará de la unidad administrativa en materia de Servicios Periciales, la cual, en su caso, deberá dar trámite y desahogo al peritaje solicitado en el término que al efecto establezca el Ministerio Público y que resulte acorde con la complejidad del peritaje a realizar, sin perjuicio de poder acudir a peritajes internacionales.

     

    La Comisión Nacional de Búsqueda coadyuvará en la búsqueda y localización de los cuarenta y tres estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, en coordinación con la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para garantizar en favor de las víctimas, familiares y ofendidos del delito los derechos reconocidos por el orden jurídico nacional e internacional de los derechos humanos, en los términos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

     

    En términos de la fracción II del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, las víctimas o los ofendidos tienen derecho a participar activamente en la investigación, a ofrecer pruebas, a que estas sean recibidas y desahogadas, a recibir asesoría jurídica, ser informados del desarrollo del proceso penal, recibir atención médica y psicológica, medidas para su seguridad y auxilio; así como para la reparación del daño

     

    El titular de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, al igual que su personal de confianza, agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial y peritos miembros del Servicio Profesional de Carrera o de designación especial estarán sujetos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como al régimen especial de la materia previsto en esta ley. Su actuación será fiscalizada por la Auditoría Superior de la Federación, la Visitaduría General y el Órgano Interno de Control, conforme a sus respectivas competencias.

     

    El titular de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia elaborará su anteproyecto de presupuesto para enviarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Procuraduría General de la República, para que se integre en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente que envíe para su aprobación a la Cámara de Diputados, la cual identificará el monto aprobado para el respectivo ejercicio fiscal.

     

    Artículo 10 sextus. la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia contará con las siguientes atribuciones:

     

    1. Ejercer las atribuciones que la Constitución, las leyes, los Reglamentos y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación en lo relativo a los hechos que la ley considera como delitos;

     

    1. Auxiliarse con la Comisión Nacional de Búsqueda y demás autoridades que establece la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para su efectiva coordinación.

     

    III. Nombrar, previo acuerdo con el Procurador General de la República, a los titulares de las unidades administrativas y direcciones generales de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, en cuyo caso, el nombramiento y su remoción serán exclusivos del titular;

     

    1. Contar con los agentes del Ministerio Público de la Federación y policías de investigación, miembros del servicio profesional de carrera, que le estarán adscritos y resulten necesarios para la atención de los casos que correspondan a la Comisión, sobre los que ejercerá mando directo en términos de lo dispuesto por esta ley y su reglamento.

     

    Para los efectos de lo dispuesto en esta fracción presentará solicitud debidamente sustentada y justificada ante el Consejo de Profesionalización, que resolverá lo conducente procurando que se guarde un equilibrio y proporcionalidad en la asignación del personal ministerial considerando los requerimientos operacionales de las diversas unidades administrativas y órganos desconcentrados de la institución y la disponibilidad presupuestaria;

     

    1. Proponer al Procurador General de la República el nombramiento de los agentes del Ministerio Público por designación especial que reúnan amplia experiencia profesional en la que se investiga;

     

    1. Coordinar y supervisar la actuación de la policía de investigación en los términos de lo dispuesto en el artículo 21 Constitucional;

     

    1. Diseñar e implementar estrategias y líneas de acción e investigación;

     

    VII. Implementar planes y programas destinados a detectar la comisión de los hechos. Dichos planes y programas deberán ser aprobados por el Procurador General de la República en acuerdo con los familiares de las víctimas;

     

    VIII. Emitir los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas administrativas necesarias que rijan la actuación de la Comisión de la Verdad en el ámbito de su competencia.

     

    1. Fortalecer e implementar, en el ámbito de sus atribuciones mecanismos de cooperación y colaboración con autoridades de los tres órdenes de gobierno para la investigación;

     

    1. Requerir a las instancias de gobierno la información que resulte útil o necesaria para sus investigaciones, la que por ningún motivo le podrá ser negada, incluso anteponiendo el secreto bancario, fiduciario o cualquiera otro de similar naturaleza;

     

    1. Conducir la investigación para la obtención de datos o medios de prueba vinculados a hechos que se investigan;

     

    XII. Dirigir, coordinar y realizar la investigación de los hechos que presuntamente constituyan delitos del fuero federal en materia de su competencia y del orden común, en los que el ministerio público ejerza la facultad de atracción, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

     

    XIII. Promover la extinción de dominio de los bienes de los imputados o sentenciados, así como de aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueños, o dueños beneficiarios o beneficiario controlador, cuando estos bienes estén vinculados con hechos que la Comisión de la Verdad considera como delitos materia de la investigación;

     

    XIV. Decidir responsablemente sobre el destino de los recursos que le sean asignados, a fin de cubrir todas las necesidades que surjan en el desempeño de sus facultades; y

     

    XVI. Las demás que en su caso le confieran otras disposiciones legales aplicables.

     

     

     

     

     

     

     

     

    TRANSITORIOS.

     

    PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

     

    SEGUNDO. A la entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo Federal contará con 20 días para designar al titular de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia.

     

    TERCERO. El Gobierno Federal deberá hacer las previsiones presupuestales necesarias para la operación del presente Decreto y establecer una partida presupuestal específica en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente ejercicio fiscal a su entrada en vigor.

     

     

    Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 25 días del mes de julio de 2018.

     

     

     

     

     

     

     

    SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ.

  • Boletines

    AMLO dará continuidad a la política exterior de Peña Nieto

    Respecto al contenido de la carta que Andrés Manuel López Obrador dirigió al Presidente norteamericano, Donald Trump, la senadora Angélica De la Peña consideró que proporciona un vistazo de lo que será su política exterior y evidentemente dará continuidad a la de la actual administración, lo cual es preocupante y lamentable.
    La legisladora del PRD dijo que López Obrador demuestra una vez más que no comprende el mundo del siglo XXI, que su visión es aislacionista e implementa una diplomacia epistolar digna del siglo XIX, “comprendo que pretenda imitar la dignidad del juarismo frente a las potencias del mundo, pero es una pretensión que raya en el absurdo”, añadió.
    Señaló que ni el candidato ganador de las pasadas elecciones ni quien se ha anunciado será el próximo Canciller tienen idea de lo que es una política exterior de Estado, ni de lo que implica la diplomacia, y mucho menos la relevancia del papel de México en el contexto regional, continental o mundial.
    “Al igual que Peña Nieto, pretenden apaciguar al líder del país más poderoso del mundo ofreciéndole reducir la migración ilegal, el narcotráfico y garantizando las mejores condiciones para el comercio”, criticó de la Peña Gómez.
    Además, continuó la perredista, Andrés Manuel repite el mismo error de invitar a Donald Trump a visitar nuestro país como parte de su campaña, ahora de reelección, y en su misiva equipara sus triunfos electorales sobre establishments caducos, “esta declaración contradice su política de no intervención en asuntos de otras naciones, pues favorece a Trump y coloca al Partido Demócrata en el estatus de mafia del poder”, advirtió.
    Lo anterior molestará seguramente a los demócratas en el Congreso e influirá y se reflejaá en su votación en temas tan importantes como el TLC, el DACA y una posible reforma migratoria.
    La senadora lamentó que López Obrador no haya mencionado la negativa a pagar el muro fronterizo, ni la exigencia de respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas que se encuentran en situación migratoria irregular en Estados Unidos.
    “Andrés Manuel ha dejado pasar la oportunidad de concretar contrapesos al poderío norteamericano, mediante el fortalecimiento de los lazos con Latinoamérica, Europa y Asia. Priorizó a Trump con tal de que éste le diera trato de gobernante aún cuando ni siquiera ha recibido la constancia de mayoría, ahora comprendemos la condescendiente visita de Pompeo y su comitiva”, sentenció.
    Finalmente, la senadora Angélica de la Peña confió en que prevalezca el sentido común en la próxima legislatura en el Senado de la República y ejerza las facultades que la Constitución le otorga en la materia y corrija el rumbo, porque una política exterior improvisada, anacrónica e indigna, aislará aún más a México.

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  • Opinion

    El INE en los tiempos de López Obrador

    La fiesta democrática entró al momento de la resaca. Quienes estaban festejando vuelven a la realidad y ésta no será halagüeña si no se comprende que así como hay mucho por hacer, tampoco se parte de cero.

    Un avance trascendental fue la transformación de los órganos electorales en organismos autónomos, antes de su reforma de 1994 estaban bajo el control férreo del gobierno. El Instituto Nacional Electoral como organismo autónomo, ha permitido que los procesos electorales se realicen en paz, organizados de manera imparcial y profesional.

    Este consejo general del INE tuvo a su cargo la organización electoral más grande de la historia; sin dilación reconoció el triunfo de López Obrador y él mismo calificó al Instituto como imparcial.

    Pero cuando resolvió sancionar a su partido con una multa de 197 millones por el resultado de una investigación que evidencia un entramado financiero tramposo de su fideicomiso para supuestamente ayudar a damnificados de los sismos de septiembre pasado, Lopez Obrador enfurecido lo descalificó.

    El resultado de la investigación, encomendada al Consejero Ciro Murayama, ha sido uno de los retos más complejos del INE porque el investigado es el partido de quién será Presidente de México.

    Se evidenció que la cuenta bancaria de este fideicomiso es manejada por dirigentes de Morena, que ingresaron recursos en efectivo de procedencia desconocida, otros de prerrogativas de funcionarios públicos, así como aportaciones de personas y de empresas; la investigación descubrió un manejo opaco, paralelo e ilegal; un partido político no puede realizar eventos o dedicarse a construir cosas que, aún suponiendo buena intención, en una contienda daría como resultado otorgar beneficios a cambio del voto de quienes se beneficie.

    Nadie con elemental sentido común podría pensar que quienes recibieron apoyos de dirigentes de Morena, no agradecerían con su voto al partido y al candidato que los benefició. Por eso lo prohibe la ley.

    Si hubiera sido genuina la intención de ayuda a las y los damnificados, Morena debió haber hecho lo que hicieron otros partidos: regresar al INE parte de sus prerrogativas para ser utilizadas desde la Secretaría de Hacienda para apoyar a las y los damnificados de los sismos. No seamos ingenuos, claro que este fideicomiso derivó en una falta de equidad en la contienda. El INE ha dado vista a la Fiscalía en la Atención de Delitos Electorales, la Comisión Nacional Bancaria, el SAT y la FEPADE, esperemos resoluciones imparciales.

    La reacción de Andrés Manuel contra el INE, al que tilda de vil vengador, evidencia cómo reaccionará cuando algo no sea a su modo y deseo. Por eso no simpatiza con la autonomía de la Fiscalía General de la República. Buscará personas alineadas a su proyecto cuando sea el caso con los ministros de la SCJN, comisionados del INAI, presidencia de la CNDH, el mismo INE, y todos los cambios que se emprendan durante su gobierno.

    Los contrapesos ciudadanos y políticos serán indispensables porque no se deben repetir casos como Los Amigos de Fox, la Estela de Luz, el Pemexgate, la Casa Blanca, Estafa Maestra, etcétera.

    Un país democrático requiere Instituciones realmente independientes de los gobernantes y de los partidos para que se castigue la corrupción, el desvío de recursos, el despilfarro. Por eso debemos defender la autonomía del INE.

  • Boletines

    El matrimonio infantil forzado sigue siendo una realidad en México

    La senadora Angélica de la Peña Gómez urgió a los gobiernos de las treinta y dos entidades federativas a asegurar que el efectivo cumplimiento e implementación del artículo 45 de la Ley General de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes, para garantizar que la edad mínima para contraer matrimonio sea establecida a partir de 18 años e implementen los programas integrales de sensibilización sobre las consecuencias negativas del matrimonio infantil en niñas, niños y adolescentes.
    La legisladora de PRD recordó que todos los estados del país han establecido los 18 años como edad mínima para casarse, sin embargo, aún hay cinco Códigos Civiles estatales permiten que las personas puedan casarse antes de los 18 años por determinación de un juez o una autoridad administrativa: Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro y Sonora.
    En México, al menos 1 de cada 5 mujeres entra en unión conyugal antes de cumplir los 18 años, según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID).
    La tendencia de las uniones tempranas ha variado poco en las nuevas generaciones: Hay 8 millones de mujeres entre 15 y 54 años que se unieron conyugalmente antes de los 18 años. En las mujeres de 50 a 54 años, el 25.3% se unieron antes de los 18 años, en el grupo de 20 a 24 años el 21.4%: una pequeña diferencia en 30 años. (ENADID, 2014).
    Además, en el grupo de 20 a 24 años, el 15.4% ya son madres y el 3.7% de las mujeres se unieron antes de cumplir los 15 años. (ENADID 2014). Las jóvenes hablantes de lengua indígena presentan proporciones muy elevadas de matrimonio infantil, superiores al 40% en Chiapas, Guerrero y Veracruz. (ENADID, 2014).
    El matrimonio de niñas tiene sus raíces en la discriminación de género y tiene múltiples consecuencias: la deserción escolar, el embarazo prematuro, la mortalidad materna, la transmisión intergeneracional de la pobreza y en general la limitación a las oportunidades de vida.
    El matrimonio forzado infantil es un factor de riesgo que vulnera los derechos de las niñas y las adolescentes, que las enfrenta a la posibilidad de ser víctimas de violencia y cursar embarazos no deseados.
    De ahí la importancia que los gobiernos de las treinta y dos entidades federativas armonicen su legislación, particularmente en los Códigos Civiles respecto de la edad mínima para contraer matrimonio. En este contexto, se hace necesaria la revisión del marco jurídico que regula la edad mínima al matrimonio en cada una de las entidades federativas, acompañada de una serie de programas integrales en este tema.
    Por todo lo anterior, la senadora Angélica De la Peña Gómez llevará este tema a la Comisión Permanente en su próxima sesión.

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