Opinion

Paridad, un asunto de justicia

El 10 de febrero pasado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia electoral. Destaco la reforma al artículo 41, que obliga a los partidos políticos a inscribir en sus documentos básicos reglas para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales.

Sin duda, es éste un avance en el reconocimiento y ejercicio de los derechos políticos de las mujeres; es un paso más allá de las cuotas y acciones afirmativas porque se inscribe en la igualdad sustantiva y abona a la no discriminación de las mujeres en los espacios de decisión y de poder. Es un asunto de justicia, insisto.

La igualdad formal refiere al reconocimiento de la igualdad como principio para integrar como sujetos de derechos a quienes históricamente eran excluidos por su raza, por su condición de esclavos o perseguidos por su credo religioso o forma de pensar. La igualdad sustantiva tiene que ver con la inclusión de manera sustancial de la otra parte de la humanidad que ha sufrido desventajas y discriminación por su condición de género: las mujeres.

La igualdad sustantiva debe ser efectiva para que al ser concebida desde una perspectiva de género, también se constituyan los mecanismos que la hagan plausible. Por eso la Constitución ha sido reformada, para integrar a las mujeres en los espacios de los congresos a partir de que los partidos políticos, coaligados o no, registran candidaturas de fórmulas iguales de propietarias y suplentes, a mujeres y hombres.

El PRD, a partir de mi propuesta concreta, ha inscrito en la iniciativa de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley de Asociaciones Políticas las reglas de paridad. Se establece que los partidos políticos y coaliciones para promover y garantizar la igualdad de oportunidades en la vida política del país observarán el principio de paridad entre mujeres y hombres a través de postulaciones a cargos de elección popular para el Senado, la Cámara de Diputados, los congresos estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Para integrar esta fórmula paritaria en las listas proporcionales no hay mayor ciencia, las mismas se integrarán con mujeres y hombres de manera alternada; si los lugares nones son ocupados por hombres, consecuentemente las mujeres lo harán en los pares, y viceversa.

La dificultad estriba en las candidaturas de mayoría relativa. En mi propuesta, retomada por mi partido, propongo una fórmula que permite a todos los partidos políticos tomar decisiones partiendo de su propia realidad; se establece que las direcciones estatutarias deberán decidir métodos que certifiquen, en primer lugar, que en los distritos considerados ganadores también se aplique la paridad. Sea el método democrático que adopten, al final debe registrar 50% mujeres y 50% hombres.

Para evitar que se tergiverse este principio constitucional dejando en los peores distritos a las mujeres, el Instituto Nacional Eelectoral impondrá sanciones. Ya tenemos una historia de trampas con el asunto de las coloquialmente llamadas juanitas. La presencia de más mujeres en los congresos es bueno para la sociedad, basta revisar el Senado para constatarlo.

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